El Gobierno fijó como una prioridad la necesidad de que los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar se incorporen al empleo formal. Para ello se otorgaron incentivos a los empleadores. Sin embargo, la falta de formación de los desocupados ha venido operando como una barrera para la obtención de empleo. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo, el 80 por ciento de los beneficiarios no tiene el secundario completo. Para revertir la situación, se está impulsando un programa de formación para que los desocupados puedan terminar sus estudios y capacitarse profesionalmente. En diálogo con Cash, Daniel Hernández, director de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, contó los detalles de esa iniciativa.
¿Cuántos desocupados piensan incorporar a los programas de formación?
–Nuestra meta es incorporar cerca de 120 mil trabajadores este año y 400 mil en los próximos tres. La prioridad es ofrecer un sistema de formación que fortalezca la empleabilidad del trabajador, porque una de las restricciones centrales para la obtención de empleo es el nivel educativo. El 87 por ciento de los puestos formales generados en el último año se cubrieron con personas con estudios de nivel medio.
¿Hay distintas capacitaciones de acuerdo con las necesidades del trabajador?
–Dentro de los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes identificamos tres grupos. Un tercio son desempleados que trabajaron en el sector formal hasta hace pocos años. Para ellos se brinda una capacitación vinculada a la demanda específica que surja en los sectores que generan más empleo, como calzado, indumentaria y metalmecánica. Luego hay otro tercio de beneficiarios que no tiene experiencia en el mercado formal, por lo menos desde 1994. Tienen un nivel educativo más bajo y menos calificación específica. Su reinserción es más difícil. Por lo tanto, estamos tratando de ayudarlos a terminar sus estudios primarios y/o secundarios y a mejorar su calificación laboral. Luego hay un último tercio de beneficiarios que no eran activos buscadores de trabajo pero que se transformaron en activos para recibir el plan. La mayoría son mujeres con varios hijos. En ese caso, la mejor contraprestación es garantizar la educación y la salud de los hijos.
¿El estudio se contabiliza como una contraprestación?
–No sólo es una contraprestación válida, sino que es la primera contraprestación que se le tiene que ofrecer a un beneficiario. El estudio no es un beneficio individual de la persona sino del conjunto de la sociedad. Para difundir esta postura debemos contar con la colaboración de los municipios y de la gente que está atendiendo todos los días a los beneficiarios. Nosotros ofrecemos clases semipresenciales que apuntan a flexibilizar los ritmos de cursada y los puntos de entrada para que se pueda ingresar en cualquier momento del año.
¿Qué pueden hacer los desocupados que quieren completar sus estudios pero no están cobrando el subsidio?
–En general se los suele incorporar, pero también es posible que más adelante haya estrategias de apertura de los registros a partir de un nuevo seguro de desempleo orientado a promover la inserción laboral.
¿Con qué recursos económicos cuentan para impulsar los programas de formación?
–El Ministerio de Trabajo piensa destinar entre 9 y 10 millones de pesos durante el año. Parte de los recursos se utilizaron para editar 120 mil juegos de materiales y para reentrenar a los docentes que trabajan en el sistema educativo de adultos.
¿Cuántos de los trabajadores que se incorporen a los programas de formación creen que podrán reinsertarse en el mercado laboral?
–La cantidad de trabajadores que se incorporen depende más del crecimiento de la economía que de las políticas activas. Nosotros no estamos generando empleo sino las condiciones para que ese empleo se distribuya de manera más equitativa, porque si no va a seguir habiendo gente que se quede afuera aunque la tasa de desempleo descienda.