Por Cledis Candelaresi

El gran foco de fiebre aftosa en la región es Bolivia. Pero la debilidad del Estado en ese país no permitió hasta ahora ninguna acción sistemática para combatir esa enfermedad. Por iniciativa argentina, un equipo de Voluntarios de Cascos Blancos intenta controlar el problema en la frontera argentino-paraguaya, donde el tráfico ilegal de ganado enfermo desbarató la estrategia de control local. El responsable que tiene a su cargo un proyecto en esa materia con relevancia económica y moderado costo (40 mil dólares hasta el momento) es el embajador Gabriel Fuks, funcionario a quien el canciller Rafael Bielsa confió la responsabilidad de reactivar las cuentas radicadas en la ONU, ociosas en los últimos años.
¿Por qué?
–No hay una razón precisa. Pero durante el gobierno de Carlos Menem las tres cuentas en Naciones Unidas para causas humanitarias, de promoción de desarrollo y fortalecimiento institucional, a las que la Argentina aporta, llegaron a tener mucho dinero. Entre 8 y 10 millones de dólares la de Cascos Blancos, por ejemplo.
¿De quién fue la iniciativa de encarar el combate contra la aftosa en la región?
–La idea fue buscar iniciativas de impacto regional y, en lo posible, también económico. Presentamos la idea de un grupo de fiscalización de las tareas que se hacen para erradicar la enfermedad en la frontera argentino-paraguaya ante el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), que integran los ministros del área del Mercosur, Chile y Bolivia. En realidad, la idea original era vacunar en Bolivia, donde está lo peor del problema.
¿Qué pasó con Bolivia?
–La idea surgió en el medio de la crisis institucional de ese país que, además, tiene tres problemas básicos. Uno es que el Estado no regula el tráfico de ganado sino que quienes diseñan la hoja de ruta son los productores: uno puede acordar algo con el Estado, pero si los productores no quieren, el acuerdo no es válido. Segundo, ése no es un país productor-exportador. Tercero, su crisis política hace que lo que uno acuerde con un sector sea mal visto por el otro y pierda sustento.
¿Entonces?
–Bolivia aceptó el documento que prevé la vacunación regional. Pero luego estalló la crisis institucional, el ministro que firmó renunció y todo quedó en nada.
¿Cuál es el presupuesto del proyecto?
–Unos 40 mil dólares que se asignarán a un equipo de ocho personas argentinas y paraguayas que supervisan la ejecución de los programas de lucha en cada país.
¿Qué pasaría si el equipo de Cascos Blancos detecta un foco y el país en cuestión no quiere hacer público el hecho, algo que ya ocurrió aquí durante la gestión de (ex secretario de Agricultura, Antonio) Berhongaray?
–El Comité Veterinario Permanente, a través del CAS, fiscalizará la situación en forma permanente. A los dos países les interesa entrar en las cuotas de importación que se están abriendo en Europa. Paraguay también exporta y su situación está más regularizada de lo que muchos piensan.
¿El problema es más grave en Paraguay que en la Argentina?
–Lo que dicen los expertos es que la situación en Paraguay está mucho más controlada que hace un par de años. El problema es Bolivia, que es una caja cerrada de la que no se sabe qué hay en su interior.
¿Cuál es la situación de Brasil?
–Tiene problemas en la frontera con Bolivia. Por eso le donó una cantidad importante de vacunas para controlar la enfermedad en la franja fronteriza, donde están los productores más ricos y con posibilidades de exportar.
¿Cuál es el impacto económico de la iniciativa de Cascos Blancos? –Si el control es bueno habremos avanzado mucho en la declaración de zona libre de aftosa. Los europeos, que están haciendo inspecciones exhaustivas en la zona, ven con muy buenos ojos que dos países que se estaban denunciando permanentemente ahora trabajen juntos.