Por Alejandro Bercovich

“No confíe en ningún economista, y menos en mí”, advierte el inglés Alan Freeman, uno de los principales referentes vivos de la economía marxista. Muestra a Cash las revistas argentinas de negocios que lleva en su portafolio y ahí nomás se larga a preguntar sobre el movimiento piquetero. Autor de numerosos ensayos críticos sobre deuda externa, desarrollo desigual y dinámica de las crisis, Freeman mantiene intacta la causticidad que hace unos años lo llevó a escribir un paper preguntándose por qué si sus colegas de disciplina son tan ricos, no son en cambio nada inteligentes. Hasta mediados de los ‘80 trabajó codo a codo con el teórico y dirigente trotskista Ernest Mandel, y hoy asesora al reelecto alcalde londinense Ken Livingtone (“El rojo”). Además, acaba de formar el Comité de Justicia Económica para Argentina, que viene a promocionar en el país invitado por la revista Realidad Económica.
¿Cuál es el objetivo de ese Comité?
–La idea central es que el FMI deje de presionar a la Argentina para que el país acepte las posiciones de los acreedores. Impulsamos una solución justa del problema de la deuda. Para eso hace falta una investigación transparente y clara que verifique el origen de cada porción de la deuda. Y que saque a la luz las circunstancias en las que fue tomada. Originalmente éramos un grupo de gente interesada en cómo la deuda distorsiona los circuitos monetarios mundiales. Porque por un lado la deuda pesa sobre la sociedad que tiene que pagarla, pero por otro distorsiona la actividad del país, al privar a los circuitos productivos del capital que necesitan para crecer y dedicarlo a la especulación.
¿Respaldan la posición del gobierno de Kirchner?
–No necesariamente. Lo que pedimos es una investigación que reconozca la corresponsabilidad de los acreedores, de los bancos, de las instituciones financieras internacionales. Y quizá de los que aceptaron en un principio los créditos, tanto gobiernos anteriores como empresas privadas particulares. El FMI no tiene derecho a imponer su posición porque es una parte en la negociación, y dista de ser objetivo. Está demasiado metido como para hacer de juez. Al contrario, las soluciones que vendía al pueblo argentino como neutrales no funcionaron. Y recién ahora lo está empezando a reconocer. Hay un gran debate en el propio FMI respecto de su tarea en la Argentina.
¿Y qué le parece la propuesta oficial argentina para volver a pagar?
–Es interesante y sus principios son buenos porque marcan que la responsabilidad primaria de un gobierno es hacer crecer al país y respetar los derechos humanos de su pueblo. Pero nuestra posición es que no queremos, precisamente, tomar posición al respecto. Nuestro rol no es aconsejar al Gobierno sobre lo que tiene que hacer, sino proteger su derecho de hacer lo que crean necesario hacer para garantizar esos derechos.
¿Pero alcanza con esa enunciación de principios? ¿Da lo mismo crecer de cualquier manera?
–Crecer es, por lo menos, lo primero. Como dice la declaración de Copacabana (firmada hace tres meses por Kirchner y Lula), hace falta dejar de lado (en el cómputo del superávit primario) los fondos necesarios para la inversión en infraestructura y el gasto social para proteger a la gente. Esos son principios muy buenos. Hay que invertir en producción de bienes y servicios que se puedan vender en el exterior. Esto es lo más importante.
¿Encuentra realistas los supuestos macroeconómicos implícitos en la propuesta argentina?
–La paradoja es que no se ve por qué la Argentina tiene una deuda. A priori no es obvio, porque es un país que exporta, que normalmente tiene superávit comercial. Entonces: ¿por qué no puede generar su propio capital? Es claro que desde el origen la deuda fue producida por el sectorfinanciero, en especial. De todos modos, el superávit fiscal primario del 3 por ciento del PBI es mucho más de lo que cualquier país occidental puede aceptar. En la propia Gran Bretaña está muy difundida la idea de que el déficit debe ser cero en todo un ciclo, o sea que incluye un superávit en la fase de crecimiento y un déficit en la recesión. Y si es inaceptable un superávit permanente para un país rico, no veo cómo un país pobre puede aceptarlo.
Algunos analistas advierten sobre el ajuste fiscal sin precedentes que operó vía devaluación.
–Es claro que si se deja de lado la deuda, la Argentina tiene los recursos para crecer. Ahora que no están pagando hay un gran superávit, así que puede evitar su relación de esclavo financiero con las instituciones y los acreedores. Para una economía no puede ser eficiente una tasa de desempleo como la actual. Y entregar subsidios (planes Jefas y Jefes de Hogar) a la gente simplemente para existir y no para producir es válido como actitud moral, pero desde el punto de vista de la racionalidad económica hace falta un aumento de la producción y de la inversión. Si los circuitos mundiales y los propios inversores argentinos no están dispuestos a proporcionar ese capital, el Estado tendrá que jugar ese rol en la inversión, impulsando sobre todo a los sectores de alta tecnología.
¿Eso no implicaría una ruptura política más fuerte?
–Yo preferiría no dar tantas recomendaciones porque la Argentina tiene el derecho de llegar a su propia solución. Lo importante es que la Argentina crezca. Ese principio que enunció Kirchner es justo. Ya no estamos en la Edad Media en la que a un deudor se lo encerraba de por vida junto a sus hijos y sus nietos. Y en esto lo importante es reconocer que el FMI no tiene la solución. Ellos no son expertos. Son representantes de intereses privados específicos. Y esas fracciones que han representado siempre, sobre todo los sectores financieros estadounidenses, no tienen una relación con la producción argentina, sino con el sector especulativo. Esto conduce a todo lo que la sociedad rechaza, como la corrupción, el fraude, el clientelismo. No es válida la idea general de que la liberalización de los movimientos del capital llevará a una economía sana.
¿El Fondo representa sólo a Wall Street o también a otros centros de poder?
–Bueno, aquí por ejemplo casi todas las empresas privatizadas aparecen en manos de grupos europeos, mientras que en general el capital estadounidense tiene las inversiones en el sector financiero y también en la producción agrícola. A los financistas norteamericanos les da dolor no haber podido obtener el manejo de los servicios públicos. La eliminación de la Ley de Subversión Económica, la reforma de la Ley de Quiebras y otras medidas pedidas por el FMI benefician claramente a esos grupos.
Y en caso de que se pudiera cambiar esa situación, ¿el Fondo tiene algún rol positivo que cumplir?
–Esto es interesante. En Gran Bretaña hay mucho interés de sectores oficiales, parlamentarios y organizaciones no gubernamentales con lo que está sucediendo en la Argentina. Se la ve como un caso testigo en todo lo que tiene que ver con la deuda, sobre el rol que tienen que jugar instituciones como el Banco Mundial y el FMI. Por eso uno de mis objetivos de esta visita es investigar la situación e informar a la gente en Gran Bretaña. El rol multilateral de dirigir casi toda la política de un país me parece excesivo e incorrecto. Las privatizaciones forzadas, los planes de ajuste social, todo eso termina en catástrofe. Probablemente lo mejor es que el FMI se limite a la coordinación de lo estrictamente financiero, sin incluir la deuda.
Otro tema en común entre Inglaterra y la Argentina es el fracaso de las privatizaciones. Ustedes están empezando a discutir algunas de las privatizaciones de la época de Margaret Thatcher. ¿Cree que hay margen político para dar marcha atrás?
–La experiencia que tenemos en Gran Bretaña es que las privatizaciones han deteriorado mucho los servicios, sobre todo en el transporte. Hay una contradicción que no ha sido percibida por los neoliberales, quizá por la manera ideológica en la que perseguían la privatización, entre el negocio y la necesidad de proveer ciertos servicios a la población. El Estado se puede lavar las manos mientras un servicio está privatizado, pero permanece su deber de mantenerlo. Implícitamente el gobierno asume los riesgos de los empresarios. Es similar al caso de los fondos de pensiones argentinos (AFJP). El problema es que los empresarios saben esto, saben que si entran en quiebra el Gobierno deberá rescatarlos, y por eso no siguen la disciplina del mercado. Las regulaciones no han logrado balancear bien esto. Lo necesario es evitar un debate de ideologías. Ni la nacionalización ni la privatización son soluciones para todo.
¿Conoce los casos de empresas recuperadas por sus trabajadores?
–Muy poco. Quiero conocer más. Voy a encontrarme aquí con representantes de estos movimientos para conocerlos mejor. Sé que hay gente que quiere la recuperación de las empresas quebradas, pero no conozco la situación en la que están, sus reivindicaciones, sus posibilidades. Estoy aquí para hablar pero también para escuchar. Yo invertiría la pregunta y les diría a los lectores de Página/12 que expresen sus ideas en nuestro Comité, y nosotros estaremos a su disposición para distribuirlas entre los británicos.

La economía mundial
Globalización y desigualdad

¿Existe la posibilidad de una nueva crisis en los centros económicos mundiales, como la que sacudió a Estados Unidos desde antes de los atentados a las Torres?
–Hay un creciente conflicto de intereses entre los países del Norte y el resto. Si comparamos el PBI per cápita de los países llamados desarrollados y los demás, vemos que en los años ‘80 la relación era 8 a 1 y ahora es 23 a 1, o sea que se ha triplicado la desigualdad en dos décadas de globalización. Esta brecha se da entre una región que habitan casi 4 mil millones de personas (sin contar China) y otra que abarca a sólo 800 millones. Y también hay cada vez más luchas entre los países adelantados. Todo el mundo acepta que Estados Unidos está ahora probablemente en una posición mejor que el resto, pero no toman en cuenta que ha disminuido su crecimiento respecto de los demás. Esa puja se manifiesta también en la negativa de Francia y Alemania a la invasión de Irak.
¿Qué alternativas plantea ese panorama para América latina?
–Lo que me sorprendió en una reciente investigación que hice es que en América latina no hay divergencia sino cada vez mayor convergencia. El nivel general de PBI per cápita es similar, y por eso creo que una política regional unitaria puede enfrentar a los países ricos divididos. Creo que se debe tomar como ejemplo la integración europea, con un banco regional, una política social común, fondos de inversión comunes y otros instrumentos.
Para la economía mundial, ¿cambia algo si Kerry le gana a Bush?
–Creo que no. Para mí la política de Bush no es la de un individuo o un grupo de individuos, sino que responde a la lógica de la posición de Estados Unidos en el mundo. Con un déficit anual de 500 mil millones de dólares, tres veces la deuda argentina, no pueden mantener sus intereses internacionales sin intervención directa sobre otros gobiernos del mundo. La solución para el pueblo norteamericano es escapar a la dominación de su propio sector bancario-financiero, y dedicar sus fondos a la producción doméstica. Pero el gobierno está en manos de Wall Street. Y lamentablemente hacen falta derrotas económicas y militares para Estados Unidos para que cambie eso.
¿Sigue vigente hoy entre los intelectuales críticos el debate entre reforma y revolución?
–Uff... (Sonríe.) Para mí un revolucionario es alguien que hace reformas sin parar. Un revolucionario no es alguien que diga que no quiere hacer reformas, sino alguien que considera que las necesidades del pueblo son más importantes que cualquier trámite político. Y que actúa en consecuencia, cueste lo que cueste. Entonces no hay ninguna contradicción. El problema de la política actual es encontrar gente que quiera hacer reformas, consistentes y sin parar. No alguien que diga que no quiere hacerlas.