El actual Programa de Uso Racional de la Energía (PURE) impulsado por el Gobierno apunta a generar un ahorro en el consumo de electricidad y gas natural en los usuarios residenciales y comerciales. El PURE consiste en un sistema de premios y castigos que apunta a la demanda de energía pero no a la oferta. Estos aspectos fueron abordados por el vicepresidente de la Fundación Bariloche, Daniel Bouille, en diálogo con Cash.
¿Cuál es el origen del uso racional de la energía?
–Toma fuerza a partir de la crisis petrolera en los ‘70. Se trataba de mejorar la eficiencia en el uso de la energía sin disminuir el bienestar y contribuir a mejorar el uso de los recursos energéticos.
¿Cuáles son los beneficios de este tipo de políticas?
–Son múltiples. Se reducen los costos de producción, aumenta la disponibilidad futura del recurso, hay un menor impacto sobre el medio ambiente y un ahorro para los usuarios finales. Sin embargo, existen barreras económicas, institucionales, culturales, sociales y financieras. Una lámpara de bajo consumo, por ejemplo, consume cinco veces menos que una lámpara incandescente, pero tiene un precio varias veces mayor.
¿Cuáles son las características del Programa de Uso Racional de la Energía?
–Es una acción de alcance relativamente limitado. Una respuesta coyuntural a un problema de carácter estructural. Utiliza el mecanismo de precios con premios y castigos en los sectores residencial y comercial para los consumos de electricidad y gas natural.
¿Cómo evalúa esta iniciativa?
–La magnitud del ahorro energético dependerá de la reacción de los consumidores de acuerdo al impacto de los premios y castigos en su canasta de consumo y en su nivel ingreso. Apela al sacrificio, a pesar de que no es ese el criterio que subyace detrás del uso racional de energía. Si bien se lo califica como un programa de largo plazo, no es tal, sino una medida que busca disminuir el consumo de corto plazo en ciertos sectores para no cortar el abastecimiento a los sectores productivos. El PURE no reconoce plenamente la verdadera magnitud del problema. Se parece a un golpe de efecto y es difícil evaluar cuál será el impacto real.
¿Es suficiente restringirlo a consumidores finales y comercios?
–Hay sectores muy relevantes con efectos en el largo plazo. El potencial de uso eficiente de la energía en los sectores industrial, alumbrado público o los edificios públicos es muy significativo. También existen acciones vinculadas a cambios de horarios en las actividades u otras medidas que podrían tener efectos muy positivos. El potencial de ahorro en edificios públicos, incluyendo hospitales y escuelas es alto, como lo revela un informe de la Secretaría de Energía de marzo de 2004.
¿Que aspectos de la reforma en el sector durante los ‘90 contribuyeron a la crisis actual?
–Esta crisis reconoce una causa inmediata y otra mediata. Generalmente se menciona la falta de inversión por parte de las empresas, yo diría que esa es la causa inmediata. Pero la causa de fondo radica en la política energética implementada durante la administración Menem. La transferencia del derecho de propiedad sobre los recursos energéticos –gas natural y petróleo– y de la infraestructura básica del sector, el abandono de la consigna del autoabastecimiento, es decir, se otorgó a las empresas la libre disponibilidad de los recursos y dejar la diversificación de la matriz energética en manos de las oportunidades del mercado, es donde deberían buscarse las causas de la crisis actual.
¿Cómo se puede revertir esta situación?
–No es sencillo. Pero hay acciones del Gobierno y un plan de obras propuesto que van en esa dirección. La renegociación de los contratos de concesión se debe resolver lo más rápido posible. Debería haber una política de precios más acorde con los costos reales del gas natural enboca de pozo y es necesario garantizar las inversiones necesarias para afrontar el crecimiento en el consumo de energía.