Por Roberto Corne

El siniestro laboral de Río Turbio, donde un grupo de trabajadores mineros quedó atrapado luego de un incendio provocado aparentemente por las juntas de una cinta de transportación, quizá sea el mas grave del país. Pero se agrega a la serie de siniestros laborales que vienen manifestándose con el aumento de la actividad económica y la falta de “redes de seguridad laboral” debidamente instrumentadas y controladas.
El “siniestro laboral” es el eslabón final de una cadena de comportamientos sociales que posibilitaron las condiciones objetivas para que determinados trabajadores realicen sus tareas en condiciones deplorables y deficientes, con altos grados de probabilidad de dañar su salud psico-física, en el mejor de los casos, y de perder la vida en el peor. En el caso de Río Turbio la situación se agrava porque los trabajadores mineros son los de mayor intensidad de daño debido a las tareas que realizan.
El sistema de Riesgos del Trabajo creado por la ley 24.557 tiene serias falencias para cumplir su cometido: desde la imposibilidad del reclamo legal al empleador por su responsabilidad civil, hasta creer que se puede “supervisar” a los propios “clientes”, en este caso “las empresas”. En realidad, la capacidad de supervisión y fiscalización de las condiciones de trabajo es responsabilidad del Estado, donde hoy muchos se rasgan las vestiduras por el tema.
Está comprobado que los países que vuelcan a la inspección del trabajo la mayor cantidad y calidad de recursos son los de menor tasa de accidentes. Según los datos difundidos en la conferencia sobre “Los Modelos Español y Europeo de Prevención de Riesgos del Trabajo”, a cargo de Fernando Rodrigo Cencillo, director del Instituto Sindical del Trabajo de España, la relación entre inspectores y accidentes es contundente.
El país con mejores resultados es Finlandia, con una tasa de accidentes de 88 trabajadores cada 100 mil y con 1 inspector cada 5000 trabajadores. En Alemania la tasa de accidentes es de 89 trabajadores cada 100 mil, pero con 1 inspector cada 22.489 trabajadores. En España, la tasa de accidentes es de 115 trabajadores cada 100 mil, con 1 inspector cada 20.000 trabajadores. En la Argentina hay 514 inspectores del trabajo en todo el país con una relación dentro de parámetros comparativos “normales”: 1 inspector cada 20.059 trabajadores. Sin embargo, la tasa de accidentes es de 125 cada 100.000 trabajadores, esto significa 37 puntos por encima de Finlandia y 10 puntos por encima de España. Este indicador demuestra que la “calidad” de la inspección del trabajo no es la mejor.
Es necesario aclarar cuáles son los parámetros más aceptados para que un servicio de inspección sea confiable:
1) Calidad de la inspección realizada, lo cual está ligado con la distribución de los recursos humanos y su estabilidad.
2) Conciencia “preventiva”.
3) Condenas y multas aplicadas en sede administrativa.
4) Baja tasa de condenas anuladas por la Justicia.
En Alemania, Finlandia y España, los inspectores de trabajo son “funcionarios públicos” con estabilidad y salarios acordes, que en algunos casos adquieren “status judicial”, implicando para su remoción complejos procesos “sumarios”. Esto posibilita que las acciones de los inspectores del trabajo sean de acuerdo a derecho y no estén condicionadas por el control partidario de la ocasional conducción política del área, o por la “influencia” de poderosos grupos empresarios.
En la Argentina la distribución y organización de los recursos humanos en los servicios de inspección no parecen ser óptimas. Existen jurisdicciones importantes como Ciudad de Buenos Aires y GBA, con gran cantidad de inspectores contratados bajo formas precarias. El total de población ocupada en Capital Federal y GBA supera los 4,6 millones de personas. Teniendo en cuenta que en el área sólo hay 110 inspectores operativosabocados exclusivamente a la fiscalización, la tasa de cobertura de la inspección sería de 1 inspector cada 42.217 trabajadores ocupados.
Desagregado por jurisdicción, se observa que la Ciudad de Buenos Aires posee 30 inspectores abocados a la fiscalización, y teniendo en cuenta que tiene una Población Ocupada que trabaja de 1.908.353 trabajadores la relación resulta ser de 1 inspector cada 63.611 trabajadores. Para los trabajadores asegurados la tasa de accidentes es de 23 x 1000, mientras que en el GBA la tasa siniestral sube a 53 x 1000.
Toda esta situación, entre otras, hace que los servicios de inspección del trabajo en la Argentina se conviertan en una “ficción”. Se termina “asesorando” veladamente a las empresas sobre condiciones de trabajo a modo de “subsidio encubierto”, con una falsa prevención que impacta en los índices de siniestralidad y en el empeoramiento de las condiciones de trabajo. Es necesario que las tareas de prevención y control sean asumidas seriamente por los organismos de fiscalización para que la reactivación no se traduzca en cada vez más trabajadores en riesgo. Si en Río Turbio hubiese existido alguna inspección del trabajo sistemática, este accidente se podría haber evitado, o por lo menos atenuado sus consecuencias.