Del universo de los Contratos de Transferencia Tecnológica (CTT) registrados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) se estima que entre los años 1992 y 1999 la importación de tecnología no incorporada –asistencia técnica y licencias– creció un 2000 por ciento, mientras que el PBI aumentó un 27 por ciento en el mismo período. En tanto, en los dos últimos años de la década menemista, el monto destinado a la compra de conocimiento técnico se incrementó en un 240 por ciento, mientras la evolución del PBI fue del 4 por ciento.
Los datos surgen de un estudio hecho por la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) sobre la base de 3285 contratos registrados por un total de 9325,5 millones de dólares, entre 1992 y 2003. El monto usado para este tipo de contratos pasó de poco más de 70 millones de dólares en 1992 a casi 1500 millones siete años después. A raíz de la crisis económica, ese valor cayó en 2001, se fue a pique durante el primer año posterior a la devaluación y apenas repuntó el año pasado, llegando a 390 millones de dólares.
Los economistas sostienen que el nivel de las importaciones depende de la evolución del producto de un país. Y aunque en el sector tecnológico el impacto del ciclo económico sobre las importaciones no es inmediato –hay un rezago entre que se decide una inversión, se adopta una nueva tecnología y se empieza a pagar por la misma– los especialistas consultados por Cash coincidieron en afirmar que un crecimiento del 2000 por ciento escapa a cualquier análisis relacionado con el progreso económico. Según el documento de la SECyT, también “llama la atención” que mientras los pagos por transferencia tecnológica crecieron entre el ‘96 y el 2000 a una tasa de casi el 26% anual, el PBI prácticamente no mostró cambios.
El ingeniero Hugo Rodríguez, asesor de la SECyT y autor del trabajo, opinó ante Cash que “una de las causas de esta abrupta evolución puede ser el creciente grado de extranjerización de algunos sectores”. A partir de la transferencia de las empresas locales al capital extranjero, una práctica común fue la transferencia de asistencia técnica y know-how desde las casas matrices hacia las filiales. De esta forma, es dable pensar que “se utilizó este tipo de contratos como forma de girar utilidades”, dedujo Rodríguez. También para el especialista del CENIT, Andrés López, es posible que este crecimiento de los CTT se explique por la extranjerización de la economía, pero aclaró que es necesario contar con información más desagregada para constatar si efectivamente los contratos fueron hechos por empresas extranjeras.
Por otra parte, la evolución del monto de estos contratos no necesariamente se corresponde con un aumento de la cantidad. Con lo que -según López— el incremento puede resultar de “una inflación en el precio de los contratos para reducir impuestos o hacer figurar como pago de transferencia tecnológica ciertos flujos de fondos que son otra cosa”. Esta interpretación se vuelve más plausible si se tiene en cuenta que el registro de un CTT en el INPI (órgano de aplicación creado por la ley de patentes) cuenta con el beneficio de una desgravación impositiva del 40% en el caso de los pagos por Asistencia Técnica (AT) y de un 20% en el pago de licencias (patentes, know-how y marcas). Se trata –admitieron fuentes del INPI– de un incentivo para que las empresas registren este tipo de contratos, una medida que no es obligatoria para las partes.
El trabajo de la SECyT estima que este incentivo impositivo diferencial promovió estrategias empresarias para disimular ganancias. Concretamente, en 1996 las licencias más que duplicaban los pagos por Asistencia Técnica. La importancia relativa de dichos objetos se invirtió a tal punto que en el año 2001 los pagos por licencias eran sólo el 80 por ciento de los pagos por AT.
Fuera del mero registro, la ley de Transferencia Tecnológica vigente no otorga competencia al Estado para aprobar o desaprobar las prestacionesentre las partes. Mucho menos a evaluar el nivel de ingresos y egresos de las empresas en concepto de conocimiento técnico, para verificar si el pago de la transacción está sobrevaluado o se adecua a una operación de esas características.
La falta de intervención estatal fue cuestionada por Rodríguez, quien advirtió que la facilidad para registrar este tipo de contratos vuelve “obvia la intención empresaria” de disminuir la carga impositiva, ya que con esta “maniobra” las firmas se ahorran el 7 por ciento del monto total del contrato. La contrapartida de esta reducción fue superior a los 120 millones de dólares en el 2000. “Dicho costo, expresado como un porcentaje del gasto público en investigación y desarrollo, pasó del 5,5 por ciento en 1996 al 14,2 por ciento en 2000”, calcula el documento.