En su carrera de economista especializado en relaciones internacionales, Axel van Trotsenburg siempre estuvo intelectualmente ligado a la penuria de los países más pobres. Incluso antes de incorporarse al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, en 1988. Uno de las primeras labores de este austríaco-holandés, ejecutada desde las oficinas de la OCDE en París, fue la publicación de un trabajo sobre la deuda de las naciones en desarrollo. Pero recién entre 1996 y el 2001 se involucró de modo directo con ese problema, al liderar la Unidad Países Pobres Fuertemente Endeudados (Highly Indebted Poor Countries), que condonó parcialmente la deuda externa de 24 naciones, Bolivia entre ellas. Con esos antecedentes, llegó a Buenos Aires para asumir la dirección subregional del Banco Mundial para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en el 2002, durante uno de los momentos más difíciles de la crisis local. Instalado en la panorámica oficina de la Torre Bouchard encaró entre otras tareas la de divorciar la imagen del Banco Mundial de los cuestionados programas de ajuste que, según la actual cartera crediticia, ahora representan la porción minoritaria de sus préstamos: el grueso de los dólares del organismo ahora va a proyectos de inversión y al combate de la pobreza, asegura. En diálogo exclusivo con Cash, el funcionario bancomundialista también pasó revista a otros aspectos menos simpáticos de su gestión.
El Gobierno se propuso reducir la pobreza al 20 por ciento en el 2015. ¿Cree que es un objetivo factible y en qué condiciones?
–Se puede bajar sensiblemente la pobreza en un corto período. Cuando se mira la hiperinflación argentina de fin de los ‘80, se ve que alcanzó el 40 por ciento. Pero luego se redujo a niveles del 25 por ciento. Ahora hay que definir políticas apropiadas para reducir no sólo la pobreza sino la indigencia, que también avanzó.
¿De qué manera?
–Es necesario que crezca la economía pero que la riqueza esté mejor distribuida. Cuanto peor es la distribución del ingreso, más crecimiento se necesita. Ya se vio en el pasado que es posible crecer sin mejorar la distribución del ingreso y, por lo tanto, sin mejorar la situación de los pobres. La Argentina creció con fuerza hasta 1997 pero con un empeoramiento significativo de ingresos, si se toma el coeficiente de Gini. En comparación, en Chile hubo una reducción importante de la pobreza desde el 40 al 18 por ciento. El coeficiente de Gini en ese país tampoco mejoró pero sí hubo algún alivio para los pobres y los indigentes. Para eso ayudó Chile Solidario, un programa de asistencia social bastante eficaz.
¿El Plan Jefas y Jefes le parece un paliativo apropiado?
–Nosotros apoyamos mucho al Gobierno en la iniciativa de reconvertir ese plan. El de Jefas y Jefes tuvo su justificación para calmar una situación de emergencia en el país. Fue importantísimo para enfrentar una situación explosiva como la que se vivía en el 2002. Además, consiguió el éxito de llegar a la población genuinamente pobre. Pero no es un programa de largo plazo y por eso ahora se encaró la búsqueda de una alternativa. Pero un programa con 1 millón 600 mil beneficiarios no puede cambiarse repentinamente. No hay fórmulas mágicas. Además, es necesario tratar de un modo diferente a cada grupo: una cosa son los jóvenes desocupados, que necesitan capacitación, y otra los desempleados de 45 a 50 años. El gobierno argentino intenta hacer esta distinción porque sabe que no es posible una única subvención.
¿El clientelismo político a la hora de identificar beneficiarios no es un obstáculo para que el plan sea exitoso?
–En todos los programas de emergencia hay abusos. En todos los países del mundo, incluidos los industrializados, hay beneficiarios que en realidad no califican. El objetivo es fortalecer el control. Y hay que reconocerque en esto el gobierno argentino tuvo éxito. Hubo una reducción de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes no sólo por el crecimiento económico, que permitió a la gente incorporarse al mercado laboral, sino también por el fortalecimiento del control en su asignación.
Pero se trata sólo de paliativos coyunturales, no de soluciones de fondo al problema de la pobreza.
–Para eso hay que atacar cuestiones de fondo. La baja calidad de la educación en la Argentina es un factor de empobrecimiento. Según mediciones de la OCDE, el país tiene un muy bajo desempeño en esta área. Algo similar ocurre con la salud: hay graves problemas de cobertura y de mortalidad infantil. Los índices de Transparencia Internacional demuestran que la corrupción deteriora la calidad de las instituciones. El sistema judicial no es confiable y hay trabas burocráticas que dificultan la inversión privada. La Argentina siempre hace un diagnóstico perfecto de sus problemas, porque hay un buen nivel académico y los análisis son profundos. Pero le faltan mecanismos apropiados para resolver sus conflictos.
El Banco Mundial advirtió sobre el gran déficit de infraestructura de la Argentina y sugirió quintuplicar el nivel de inversión actual para mantener un crecimiento de sólo el 3 por ciento.
–Cuando un país atraviesa una recesión tan profunda como la que enfrentó la Argentina, la inversión baja muchísimo y eso se nota sobre la infraestructura. Y para crecer es imprescindible mejorar la inversión en infraestructura. Por eso decidimos apoyar distintos programas oficiales. Uno es el Crema, para mejoramiento de rutas nacionales, por 400 millones de dólares, ya aprobado por nuestro directorio. El 7 de diciembre presentaremos otro proyecto para la infraestructura de la provincia de Buenos Aires, por 350 millones de dólares. Es importante aclarar que el Banco tiene un política de fuerte cambio hacia la inversión. Antes, los préstamos para programas de ajuste representaban el 80 por ciento de nuestra cartera. En el año 2002 y 2003, el 75 por ciento han sido préstamos para inversión.
Pero si la Argentina extendiera el default a los organismos multilaterales y, por lo tanto al Banco, estos desembolsos se paralizarían automáticamente, aunque estén destinados a obras vitales.
–Si el país entra en default, los desembolsos se frenan. Nosotros en los últimos dos años otorgamos a la Argentina el programa de ayuda más grande del Banco y pensamos continuar con un fuerte apoyo al país. La Argentina está cumpliendo con sus obligaciones hacia el Banco y hoy está completamente al día. En ningún momento abrimos una discusión sobre una posible cesación de pagos.
¿Esto va por un carril totalmente independiente a lo que la Argentina discuta con sus acreedores privados?
–La Argentina está tratando de reestructurar su deuda con acreedores
privados y lo único que hacemos nosotros es observar.