El miércoles pasado, el Gobierno anunció el lanzamiento del canje de la deuda en un clima de euforia contenida. La mayoría de los analistas coincide en que la propuesta de reestructuración diseñada por el ministro Roberto Lavagna tiene grandes posibilidades de lograr un elevado porcentaje de adhesión. El desgaste sufrido por los bonistas, el superávit fiscal y las bajas tasas de intereses internacionales conforman un escenario ideal para los intereses argentinos desde una perspectiva financiera. Sin embargo, la reestructuración sigue siendo cuestionada por sectores que denuncian el carácter ilegítimo e ilícito de la deuda desde un punto de vista jurídico y político. Entre ellos se destacan Alejandro Olmos Gaona y Daniel Marcos, dos investigadores que presentaron una solicitud de amparo para frenar el canje hasta tanto no se resuelvan las causas penales que cuestionan el origen de la deuda. El pedido es patrocinado por el prestigioso abogado Salvador María Lozada, presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Cash entrevistó a Lozada y a Olmos (ver aparte) para conocer los detalles de una presentación que denuncia las irregularidades cometidas desde 1976 y reivindica el respeto del orden jurídico por sobre la conveniencia financiera de un acuerdo.
¿Por qué presentaron un amparo para frenar el canje de la deuda?
–Porque tenemos la convicción de que el camino elegido es errado. El Gobierno se olvida de los innumerables ilícitos que el juez Jorge Ballestero comprobó en materia de deuda externa desde la dictadura militar en adelante en la sentencia del caso Olmos. Hace cuatro años, Ballestero puso a disposición del Congreso un listado de todos los ilícitos cometidos en la constitución de la deuda. La mayoría legislativa ha ignorado absolutamente esa delicada situación como si la deuda hubiera sido contraída de un modo normal y regular.
¿Pedir la interrupción del canje en este momento no es ser funcional a los acreedores que presionan para lograr una quita menor?
–Nosotros sólo somos funcionales a la protección del patrimonio colectivo de los argentinos. Interrumpir el canje es ayudar a la Nación, a los contribuyentes y al Tesoro nacional porque la renegociación va a ser muy onerosa para el país.
¿Qué cree usted que se debería haber hecho y no se hizo?
–Promover que el Congreso asuma su rol exclusivo de gestor del arreglo de la deuda, como dice el artículo 75 de la Constitución. Todas las mayorías legislativas desde 1983 han escondido la cabeza como un avestruz para no hacerse cargo de esa inmensa responsabilidad.
¿El Congreso no puede delegar la negociación?
–Al hacerlo está violando la Constitución Nacional porque ésa no es una facultad susceptible de delegación.
Esa parece una cuestión de forma, porque dada la conformación del Congreso no se deberían esperar decisiones demasiado diferentes de las que tomó el Ejecutivo.
–Ahora no sabemos qué pasa dentro del despacho de Guillermo Nielsen o de Roberto Lavagna. Desconocemos qué instrucciones se le ha dado al estudio jurídico norteamericano que supuestamente atiende los intereses del pueblo argentino en instancias judiciales norteamericanas. Esa falta absoluta de transparencia se evitaría sustancialmente por el carácter público de las sesiones del Congreso.
¿No sería poco operativo encomendar la negociación de la deuda a un órgano legislativo?
–Cuando la propia generación constituyente estaba en el Congreso, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se dispuso a través de una ley de noviembre de 1863 que la deuda la debía manejar el Congreso a través de una comisión bicameral compuesta por un número reducido de legisladores. Así se logra la operatividad deseada sin perder transparencia.
¿Y qué deberían hacer los legisladores?
–Convocar a todos los que se consideran acreedores para que exhiban sus créditos y digan cuándo compraron los bonos, a qué precio compraron y a través de qué bancos. Eso es esencial para saber cuál es el daño que pueden sufrir y qué correspondería compensar. Así sabremos también qué bancos lucraron con la colocación de la deuda, los cuales deberían contribuir al momento de resarcir a los eventuales damnificados.
En el amparo, ustedes señalan que la deuda es ilegítima por haber sido gestada durante la dictadura militar, pero después fue legitimada por gobiernos democráticos y lo que hoy se está pagando es deuda emitida en democracia.
–La deuda es una sola, como fenómeno político económico empieza con Alfredo Martínez de Hoz y, por corrupción, abdicación, falta de coraje y complicidad de los gobiernos post-dictadura, se ha seguido pagando y renegociando. Nunca hubo una legitimación porque nunca el Congreso asumió la facultad de arreglar el tema de la deuda. Ha habido una prolongación de las responsabilidades que contrajo Martínez de Hoz. Han sido continuadores de la dictadura en contra de los intereses colectivos del pueblo argentino. Se manejaron con un criterio de contadores que asumen la deuda como un mero hecho, como una relación fáctica. Lo principal es saber si esa deuda debe o no debe ser pagada; la relación entre deudor y acreedor es algo esencialmente jurídico.
¿Hay antecedentes internacionales que justifiquen su posición?
–Está el caso de Costa Rica, que se resolvió en términos de deuda odiosa. Se llama el caso Tinoco porque Tinoco era un dictador de Costa Rica que tomó un préstamo del Royal Bank of Canada y se gastó la plata. El asunto fue llevado a la Corte Internacional de La Haya y ambas partes convinieron en que lo resolviera un árbitro. Eligieron al presidente de la Corte norteamericana, William Taft, quien determinó que la deuda era odiosa y no debía pagarse porque no tuvo al público como destino. Si el pueblo no es el destinatario de la deuda, hay deuda odiosa. En el caso de la Argentina, una parte sustancial de la deuda es deuda privada hecha pública por exigencia del FMI durante la propia dictadura militar. No fue una deuda que tuviera como destino el bien público.
¿La deuda contraída con los organismos multilaterales también es ilegítima?
–Sin duda, le estamos pagando a uno de los promotores de la desdicha colectiva de los argentinos. En el caso del Fondo se debería aplicar el principio del derecho romano que se llama Alterum non laedere y sostener que lo que ya se le ha pagado al Fondo excede con mucho lo que le corresponde después de descontar el daño hecho a los argentinos.
Una resolución como la que ustedes plantean parece poco viable.
–La Argentina tiene que explicar con mucha claridad todo el proceso de endeudamiento. Si se hubieran hecho las cosas con cuidado, la sentencia del caso Olmos debería haber sido invocada por el propio Poder Ejecutivo y no haberse ocultado sistemáticamente. Ahora ha pasado más tiempo del recomendable, pero hay quehacerlo igual. Lo importante es clarificar la deuda y liberar al pueblo argentino de esta carga tremenda que va a pesar sobre las generaciones futuras.
Son muchos los que consideran que la deuda es ilegítima, pero no son tantos los que creen que se puede iniciar una revisión de todo el proceso.
–Nosotros nos sentimos acompañados por los principios generales del derecho, por toda la buena doctrina y por sectores colectivos de la Argentina que no están en los medios de comunicación, pero que tienen una actitud muy clara en rechazo de la deuda. El deber ser nos indica que tenemos que empeñarnos hasta el último momento para impedir la continuidad de un proceso erróneo e ilegítimo.