Ningún banco estuvo tan estrechamente asociado a la historia del endeudamiento argentino de las últimas tres décadas como el Citibank. Y hasta ahora ningún banco había lanzado un ataque tan dañino al canje como el que acaba de ensayar la entidad minorista número uno de Estados Unidos. En un informe fechado el martes pasado –1º de febrero– el Citigroup advierte a sus clientes que “la transacción conlleva significativos riesgos legales”, “antes y después del cierre de la operación”. Según el documento, en las próximas semanas un juez –a instancia de uno de los miles de acreedores que no ingresarán al canje– “podría embargar los nuevos bonos como propiedad del Estado argentino”, o prohibir que se retiren de circulación los bonos en default, impidiendo el cierre de la operación. “El principal riesgo posterior al canje es que a pedido de un inversor que no entró (al canje) pueda interceptarse el flujo de pagos de los nuevos bonos”, alerta. Con un asesoramiento así, difícilmente los clientes del Citi se vean tentados de participar de la operación.

La última jugada de Roberto Lavagna –al enviar el miércoles un proyecto de ley al Congreso que prohíbe al Ejecutivo mejorar la oferta a los acreedores– apuntó a contrarrestar estos embates de los acreedores, que amenazan con una marea de juicios como los que menciona el Citibank con tal de conseguir mayores pagos. Las presiones de los financistas se multiplicaron en los últimos días, en especial porque las cifras preliminares del canje no se condicen con el exagerado entusiasmo que existía en algunos despachos de la Casa Rosada antes del lanzamiento.

Al día siguiente del anuncio de Lavagna, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, mantuvo junto con todo su equipo, una conferencia telefónica con ejecutivos de los principales bancos de inversión –entidades que administran los ahorros de los hombres más ricos del planeta– con sede en Nueva York. El clímax del diálogo llegó cuando uno de los financistas preguntó al secretario si el ministro con esa ley no se estaba burlando de los “mercados”, lo cual desató la ira de Nielsen. Superado el momento, el interrogatorio giró alrededor del mismo tema, dejando en evidencia que en el exterior nadie cree que una ley en la Argentina signifique la última palabra. “¿El Gobierno podría esquivar la ley con un decreto de necesidad y urgencia para mejorar dentro de unas semanas la propuesta?”, preguntó otro banquero. El funcionario, ofuscado, se limitó a responder que esa ley sólo podría modificarse con otra ley. En esa conversación, además, el segundo de Lavagna admitió que otro de los artículos clave de la ley –el que habla de sacar de circulación los bonos en default– no es más que un golpe mediático sin aplicación práctica en los principales mercados financieros (ver aparte).

“Parrilla del Tango”, titula Goldman Sachs, otro de los grandes bancos de inversión norteamericanos, su último informe sobre la Argentina. Al margen de la ironía, el reporte dice: “creemos que el Gobierno puede costear una mejora en la propuesta si fuera necesario”.

Los números de las tres primeras semanas del trueque están en línea con las moderadas expectativas que hubo desde un principio en el equipo económico. Las apuestas sobre cuál será la adhesión final son variadas. Paradójicamente, el Citi es de los más optimistas. Afirma que la operación cerrará con una participación superior al 70 por ciento. Para el banco norteamericano se alcanzará ese nivel de aceptación pese a los rechazos y críticas que llovieron desde Europa, porque “en nuestra opinión el mercado está sobreestimando el tamaño de las tenencias de bonos en manos de inversores minoristas europeos”.

Otro elemento que favorece la suscripción es la oleada de venta de bonos de minoristas –resignados– a los bancos, que hacen un interesante negocio porque compran en cantidad “papeles viejos” a 30 centavos que canjearán por “papeles nuevos” cuyo valor oscilaría entre 32 y 35centavos. Nótese que informes como el del Citibank apuntalan una tendencia que los tiburones saben aprovechar.

Este traspaso de carteras es visto con buenos ojos en Economía, porque se supone que los bancos no compran para litigar posteriormente contra el Estado argentino sino para realizar ganancias de corto plazo. Pero demoraría el intercambio de títulos, porque los bancos no tienen incentivos para entrar temprano al canje. Y mientras aguardan “novedades” de último momento, presionan por concesiones.

Volviendo a las apuestas sobre el resultado final, un alto funcionario del equipo económico dijo a Página/12 que la adhesión “rondará entre 55 y 58 por ciento”. “El problema es que uno ve que no se mueve mucho afuera”, se sinceró.

Dicho sea de paso, un renombrado economista que se vanagloria de manipular la bola de cristal le dijo a este diario que “el número será 62 por ciento, anótelo y cuando todo termine me llama”, alardeó.

Fuera cual fuese el desenlace, hay coincidencia en que el porcentaje que permanecerá al margen de la operación será demasiado elevado como para no esperar una embestida final de un universo indefinido de acreedores combativos, además de fondos buitre.

“El número de los que quedaron afuera es probable que sea grande y no hay precedentes entre las últimas reestructuraciones de que un número tan grande pueda resolver sus reclamos con el Gobierno”, dispara el Citigroup. “Si, como es probable, un gran número de acreedores en default no acepta el canje, prevemos largas y duras negociaciones con el FMI”, vaticina Goldman Sachs.

En canjes precedentes, como el de Ecuador, un porcentaje menor (entre 5 y un 8 por ciento) de los acreedores no aceptó la propuesta y fue a juicio. Pero estaba claro que el país había salido del default. Lo mismo en Rusia.

“Lo que tenemos que discutir ahora es cómo cerrar las puertas para los que no entraron al canje, que será un grupo mucho más grande que en cualquier operación anterior”, explicó la fuente de Economía. Según el funcionario, en las reestructuraciones previas siempre hubo un período de prórroga en la operación de 2 semanas, para aprovechar el ritmo de ingresos de los últimos días.

Igualmente, el problema central será cómo imponer ante el mundo la idea de que la Argentina abandonó el estado de default. “Si el FMI dijera que con un 60 por ciento de aceptación la Argentina salió del default, la cuestión estaría resuelta”, especula el colaborador de Lavagna. Y reconoce que lograr una declaración semejante no sería tarea sencilla. Los burócratas del organismo siempre hablaron de un 80 por ciento, y si el resultado estuviera lejos de ese umbral se supone que el lobby de los países del G-7 para modificar la propuesta sería difícil de resistir.