Martín Schorr *

Después de haber licuado más de la mitad de las importantes deudas de las privatizadas con el sistema financiero local, el Gobierno de Duhalde ha iniciado el proceso de renegociación con esas empresas con la finalidad de “adecuar” los respectivos contratos al nuevo escenario macroeconómico que se abrió con la abrupta y sumamente regresiva salida de la convertibilidad.
En ese marco, se perfilan claramente dos estrategias. La de las empresas, que, a favor de su ostensible poder de lobby y bajo la amenaza de abandonar el país, de declararse en default, de reducir sus inversiones y/o de despedir personal en forma masiva, reclaman un conjunto de medidas tendientes a preservar sus exorbitantes tasas de ganancias y el nulo riesgo empresario en el que se han venido desempeñando. Y la del Gobierno, cuyo ímpetu inicial, plasmado en la Ley Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, parece haberse reducido a lograr el menor incremento tarifario posible. La citada ley no sólo impulsó la desdolarización y la desindexación de las tarifas de los servicios públicos, sino que también estableció que dos de los principales criterios que el Poder Ejecutivo debería llevar a la mesa de negociación con las privatizadas se relacionan con “el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución del ingreso”. Y la protección de “los derechos de los usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.
Una somera revisión de algunos de los planteos que las privatizadas han llevado a la mesa de negociación permite inferir las más que probables líneas directrices que guiarán las renegociaciones y, en ese contexto, la forma en que las mismas se van a resolver. A cambio de trasladar parcialmente a los precios finales los impactos de la fenomenal depreciación de la moneda local, las empresas reclaman:
n La suspensión y/o la reducción de los compromisos de inversión y de expansión y universalización de los servicios.
n La disminución en los índices de calidad exigidos contractualmente.
n La condonación de los incumplimientos contractuales en los que incurrieron, y de las consiguientes multas, desde que tomaron a su cargo la prestación de los servicios.
n La prórroga de los plazos de concesión.
n La garantía estatal de un seguro de cambio para las deudas empresarias con el exterior.
n La traslación automática a las tarifas de los incrementos en los costos derivados de la maxidevaluación y/o la implementación de un tipo de cambio preferencial para las importaciones de bienes de capital y/o de insumos.
n La indexación de las tarifas en función de la evolución de los precios internos.
n La disminución de la carga tributaria que grava su operatoria en el país.
n La instrumentación de nuevas formas de subsidio estatal a la creciente cartera de morosos de las empresas.
¿Cederá el Gobierno también a estos reclamos de las privatizadas, tal como lo hizo con la innecesaria licuación de sus pasivos con el sistema financiero local, preservando, en consecuencia, sus beneficios extraordinarios? ¿O apuntará, por primera vez después de una larga década neoconservadora, a desarticular tales privilegios y, por esa vía, a garantizar la “seguridad jurídica” y a favorecer los intereses de los usuarios y consumidores? Esto último, a partir de, por ejemplo, el reconocimiento de que:
n gran parte de las ganancias extraordinarias internalizadas por las privatizadas durante los ‘90 estuvo vinculada con una apropiación ilegal de recursos (el haber trasladado a las tarifas finales las variaciones en los precios de los Estados Unidos);
n una proporción no despreciable del abultado endeudamiento externo de las empresas, en muchos casos, con firmas vinculadas, no se canalizó hacia la inversión sino que se destinó al mercado financiero local aprovechando las diferencias existentes en las tasas de interés vigentes a nivel internacional y en el plano local;
n una parte importante de las compras en el exterior de insumos y/o maquinarias y equipos de las privatizadas se vinculó con transacciones con empresas relacionadas societariamente;
n bajo el amparo oficial, las firmas incurrieron en importantes incumplimientos en cuanto a la transferencia a las tarifas de buena parte de las reducciones impositivas, “sacrificio fiscal” que terminó por engrosar sus muy elevadas tasas de rentabilidad;
n el no cumplimiento de las metas de expansión y universalización de los servicios perjudicó fundamentalmente a los hogares y a las regiones del país de menores ingresos.
Está en manos del Gobierno de Duhalde colocar todos estos elementos en la mesa de negociación.

* Area de Economía y Tecnología de la Flacso.