El sistema de salud está jaqueado por varios frentes. La alta proporción de empleos en negro y los magros salarios ponen al borde del desfinanciamiento a las obras sociales. La recaudación global alcanza a cubrir apenas el 70 por ciento del Programa Médico Obligatorio, menú de prestaciones impuestas por el Estado. Los beneficiarios menos pudientes de ese régimen, al que pertenecen 11,5 millones de personas, terminan acudiendo a pauperizados y sobredemandados hospitales públicos, mientras que los de mayor poder adquisitivo emigran hacia las empresas de medicina prepagas. Estas últimas sospechadas desde el Gobierno de actuar en connivencia con los laboratorios para impulsar la compra de medicamentos más caros. Superposición de coberturas, desfasaje entre ingresos y egresos de las entidades, desvío de fondos asignados a la alta complejidad para subsidios discrecionales y gran dispersión en el precio de los fármacos son algunos de los males que aquejan a este renglón de la Seguridad Social, cuya fiscalización Néstor Kirchner encomendó al médico Rubén Torres. En diálogo con Cash, el superintendente de Servicios de Salud de la Nación desmenuzó las razones de esos problemas y los intentos de corregirlos.

¿El alto desempleo sigue siendo un condicionante para la fortaleza del sistema?

–Sin duda. Pero vale la pena derrumbar otro mito, como que las obras sociales disponen de mucho dinero. Por el contrario, éste es un seguro que no cumple las pautas básicas de los seguros, en los que se fijan las primas en función del riesgo. Las obras sociales tienen ingresos fijos y gastos variables: sigue aumentando el costo de las prestaciones médicas, mientras el ingreso está atado al salario. Hoy en la Argentina tenemos un 50 por ciento de empleados formales que son los que están en ese sistema. De ellos, más de un tercio tienen salarios que los ubican por debajo de la línea de pobreza. Desde el punto de vista económico es delirante pensar en mantener un sistema con costos crecientes e ingresos constantes o en baja.

Frente a ese panorama parece utópico pensar en extender la cobertura a los desocupados.

–Ese universo de población debería ser contemplado en un sistema del futuro. De lo que estoy seguro es de que hoy no se puede financiar con fórmulas como las que se utilizaron hasta ahora. Le doy un ejemplo: se permitió ingresar al sistema a los monotributistas, lo que claramente desfinancia el sistema.

¿Por qué?

–Los empleados formales hacen un aporte proporcional a su salario y el monotributista, aunque tenga un ingreso muy superior, paga 24 pesos y tiene derecho a los mismos servicios. Y hay algo más grave aún, que se expresa en la integración del Fondo Solidario para alta complejidad, al que va el diez por ciento de la contribución. Dos trabajadores independientes que ganan 500 y 5000 pesos aportan 24 pesos mensuales, de los cuales 2,4 por ciento nutren el Fondo. Otro trabajador que también gana 500 pesos pero está en relación de dependencia aporta 45 pesos, de los cuales 4,5 van al Fondo. Es el caso de la solidaridad a la inversa, donde el que menos gana subsidia una práctica a veces muy costosa al que más gana. La incorporación de los monotributistas generó este esquema perverso.

¿Cuál es la manera de atacar el problema?

–Quizá reemplazando el aporte sobre el sueldo, que equivale al 9 por ciento de las remuneraciones brutas, por un impuesto general, como un tributo sobre las ventas.

¿Y qué pasa con las obras sociales? Porque existe la sospecha de que el deterioro de las prestaciones es consecuencia del desmanejo administrativo.

–La ley prevé que sólo pueden invertir el 8 por ciento de sus recursos en gastos administrativos, mientras que el 80 por ciento debe ser destinado al pago de prestaciones. Y hay mucho control sobre la administración de estos recursos. Trimestralmente presentan la cuenta de aplicación con la rendición de gastos, además de su balance anual. Le recuerdo que el dinero es recaudado por la AFIP, lo que da certeza acerca de lo que ingresa. También instrumentamos una sindicatura a cargo de un grupo rotativo de profesionales, que incluso tienen acceso a todos los contratos con las prestadoras.

¿Quiere decir que no hacen falta ajustes en los controles sobre las obras sociales?

–No me gusta hablar del pasado. Pero le digo que los controles de ahora son muy seguros y no creo que haya otro órgano de control que disponga de tanta información como esta Superintendencia. Hasta hace tres años no se sabía cuánto gastaba una obra social en medicamentos, por ejemplo. Ahora ese gasto está normado y existen controles en tiempo real.

¿Usted quiere decir que no hay razón para presumir que el dinero que ingresa a las obras sociales se va en corrupción?

–Le garantizo que eso no es así.

¿Entonces es un mito que algún sector sindical usa el dinero de las obras sociales para enriquecerse ilícitamente?

–Es un mito. Si se analiza la historia de la seguridad social en la Argentina, esa idea se relativiza. En primer lugar, porque no se trata de dinero público sino privado. El Estado sólo debe controlar cómo se gasta. Y las pocas veces que intervino, resultó más perjudicial que los administradores de las obras sociales. Le doy un ejemplo. En 1995 se tomó 240 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución –una décima de los aportes de los trabajadores, usado para costear prácticas de alta complejidad– y se los transfirió a la Anses para el pago de jubilaciones. Una ilegalidad. Para colmo, ese dinero nunca se devolvió.

¿Esa no devolución ocasionó problemas puntuales al sistema?

–Se lo respondo en números. Durante todo el año pasado se pagaron 230 millones de pesos para prestaciones de alta complejidad. Así que prácticamente se les robó a las obras sociales un año en este tipo de coberturas. Es posible que haya habido manejos espurios del dinero de las obras sociales en algún momento, algo que a mí no me consta. Pero ese Fondo Solidario estaba destinado a varias funciones como el sostenimiento de la Superintendencia, mantenimiento de programas especiales, el pago de las prestaciones de alta complejidad como trasplantes, tratamientos contra el sida y demás. Finalmente, la ley también permitía subsidios de apoyo financiero a las obras sociales.

¿Hoy ya no existe ese subsidio?

–No. Era un mecanismo absolutamente discrecional por el cual una obra social pedía un importe y eso habilitaba a que se le asignara dinero del Fondo sin tope de monto. La ley no regulaba las condiciones para otorgarlo. Por una resolución del 2002 eliminamos esa posibilidad, decisión que luego fue ratificada por decreto.

¿A partir de entonces alguna obra social quebró?

–Entre 1999 y el 2001 se destinó para subsidio financiero el 54 por ciento del Fondo y sólo el 46 para pagar prestaciones médicas. Esto significó que en esos tres años se destinaran 240 millones de pesos para asistir discrecionalmente a las entidades que lo reclamaban. Fíjese la paradoja. Ahora debe haber treinta y ocho obras sociales en convocatoria de acreedores, de las cuales treinta entraron en ese estado antes del 2001.

¿Por lo tanto ese subsidio no era imprescindible para la supervivencia de las obras sociales subvencionadas?

–En algunos casos muy particulares sería necesario disponer de esos fondos. Pero tendría que haber un mecanismo no discrecional.

Al margen de este renglón, ¿el Fondo Solidario le parece un mecanismo eficaz?

–Seguro que sí. Para cubrir prestaciones de alta complejidad hoy pagamos a las obras sociales el equivalente a 3 pesos por mes por beneficiario. Pero no hay que olvidar que la cobertura es para atender enfermedades que en nuestra jerga son “catastróficas” por el impacto que producen en una familia. Imagínese que un trasplante de corazón hoy cuesta 150 mil pesos, monto imposible de afrontar por la mayoría de las familias.

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DECRETO RESCATE DE PEQUEÑAS OBRAS SOCIALES

Regionalización del sistema

Apenas esté lista la reglamentación, se estrenará un sistema de rescate para las pequeñas obras sociales del interior, con una reducida planilla de aportantes locales y a veces nulo poder de negociación con los prestadores. La promesa oficial se presentará como “regionalización” y consiste en que el Estado, a través de la Superintendencia, garantice el pago de las prestaciones, cuyo precio esas entidades ya no negociarán en soledad.

¿Qué pasa con las obras sociales chicas, de muy pocos afiliados, que deben afrontar costos crecientes en las prestaciones?

–Ya hay un decreto listo, que estamos reglamentando, y que prevé la regionalización del sistema con la idea de transparentarlo. Para eso tomamos como punto de partida el dato de que los afiliados de las obras sociales nacionales que están radicados en el interior están mucho más disconformes que los ubicados en Capital. Esto ocurre porque hay una transgresión a la ley de Obras Sociales que obliga a que, de la recaudación total, el 70 por ciento se quede en la zona donde se originó. Esto significa que si en Salta se recaudan 100 pesos, 70 deben quedar en Salta y el resto se redistribuye. Esto no se cumple.

¿Qué más?

–La segunda causa es un problema de números. El 80 por ciento de los afiliados a la seguridad social está ubicado en cinco provincias. El 20 restante está disperso geográficamente y distribuido en 280 obras sociales. Por eso algunas van a negociar con el respaldo de sólo diez afiliados. A esto se sumó el fenómeno de la intermediación, que sirve para contratar a los prestadores pero que añade costos que se detraen del presupuesto global para afrontar las prestaciones. Habría que agregar un elemento adicional: las corporaciones de los médicos y los sanatorios son muy fuertes en el interior e imponen precios altos.

¿Y cómo van a cambiar esto?

–Como superintendente lo único que podía hacer hasta ahora era tomar denuncias y multar si no consideraba creíbles las explicaciones que ofrecían los administradores. La regionalización me autorizará a ir a la provincia y decirle a la obra social que contrate con cualquier prestador al que yo le garantizo el pago.

¿El Estado va a subsidiar a la obra social en problemas?

–No. La Superintendencia se lo descuenta de la propia cuenta de la obra social, a la que tiene acceso directo. De lo que recauda la AFIP, nosotros podemos detraer automáticamente ese importe.

¿No es posible, simplemente, que una filial cuestionada no brinde las prestaciones por falta de recursos?

–Si la obra social no brinda prestaciones puede ser porque no tiene recursos, pero eso es algo poco probable en este momento. Y, en tal caso, si no es un problema muy coyuntural, tiene que quebrar. Pero también puede ser, simplemente, que esté administrándolos mal.

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POLEMICA POR EL PRECIO DE MEDICAMENTOS

Prepagas y laboratorios

El Gobierno dispuso ampliar al 70 por ciento la cobertura en el precio de los medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas como la hipertensión, mal que aqueja al 35 por ciento de los aportantes al sistema de seguridad social. La nómina de fármacos con mayor descuento involucra otros tantos problemas muy frecuentes, como el asma, la diabetes o el sida pero, paradójicamente, es una prerrogativa que poco conocen los enfermos beneficiarios. La orden oficial de hacer un mayor descuento, fundada en la intención de mejorar el poder de compra del salario, no fue aceptada con la misma disposición por obras sociales y empresas de medicina prepagas, en principio más reacias.

Resulta extraño que las obras sociales y prepagas no hayan resistido la suba del 40 al 70 por ciento en la cobertura de medicamentos para enfermedades prolongadas.

–Primero le aclaro que con esa disposición quisimos corregir una situación de inequidad. La medida tiene un efecto redistributivo en favor de los asalariados, que muchas veces tienen que interrumpir tratamientos por falta de recursos. La realidad es que la misma droga base para atender un problema tan frecuente como la hipertensión, por ejemplo, tiene una dispersión de precio que va desde los 5 a los 40 pesos.

¿La cobertura del 70 por ciento funciona en cualquier caso?

–Sí, pero sobre la base de un precio de referencia que fija la Superintendencia y que es el promedio de los precios del mercado. Con ese parámetro, el afiliado puede, incluso, no tener que pagar nada si elige algunas de las opciones más baratas.

Entonces, las entidades no tendrían motivo de queja.

–Las prepagas se quejaron por el cambio de reglas, pero no es cierto que impacte en su economía, en particular si se sabe que cubren apenas el 2 por ciento del gasto total de medicamentos que se hace en el país. El problema es que orientan a sus socios a consumir los medicamentos más caros porque tienen acuerdos con los laboratorios. Eso las obliga, a su vez, a desembolsar más por la cobertura en remedios.