Por Ernesto Schargrodsky *

El 9 de octubre pasado, entre las propuestas de diez economistas para reducir o eliminar la pobreza en el país, Cash publicó mi recomendación de promover el acceso a la vivienda propia y de regularizar la situación dominial de los pobres sobre las tierras que ocupan sin poseer los correspondientes títulos de propiedad. En el siguiente número de Cash, Enrique Martínez se sorprende de que “ninguna de [las diez propuestas], ni siquiera la más sofisticada [el acceso a la propiedad de la tierra], le asigna ningún papel directo a los pobres, en el intento para dejar de ser tales”. Y luego agrega: “Se propone darle seguridad [al pobre] en la posesión del suelo que habita. Y el pobre, ¿qué debe hacer? Nada. Esperar y recibir el efecto de la decisión”.

Seguramente la opinión de Enrique Martínez sería diferente si leyera el trabajo de investigación (disponible en Internet) que realicé con Sebastián Galiani sobre los asentamientos de San Francisco Solano, en el que se basa mi propuesta. De dicha investigación se desprende que la obtención del título de propiedad es sólo una precondición para que los pobres tengan la oportunidad de planificar y poner en práctica ellos mismos acciones que permiten mejorar las condiciones de vida y las oportunidades presentes y futuras tanto suyas como de sus hijos.

En el año 1981, unas 1800 familias ocuparon terrenos baldíos en San Francisco Solano, provincia de Buenos Aires. Con el advenimiento de la democracia, el Congreso de la Provincia aprobó una ley de expropiación por la cual se indemnizaba a los propietarios originales y se transferían las tierras a los ocupantes. La aplicación de esta ley fue, lamentablemente, incompleta. Algunos dueños de estos terrenos aceptaron la indemnización ofrecida y sus terrenos fueron transferidos a los ocupantes con las correspondientes escrituras, mientras que otros decidieron ir a juicio y esas tierras todavía no fueron transferidas. Esta aplicación incompleta de la ley nos permitió comparar las condiciones de vida de los ocupantes que recibieron los títulos de propiedad con las de aquellos que siguen viviendo en esos terrenos, pero intitulados.

Las diferencias en las condiciones de vida de estos grupos son muy significativas. Las familias tituladas, como se verifica en el tamaño y calidad de sus casas, han encontrado en la obtención del título de propiedad un poderoso incentivo para esforzarse en la construcción de sus viviendas. Entre otras cosas, esto les ha posibilitado acumular un razonable ahorro en forma de ladrillos del que podrán disponer cuando sea necesario. Esto, a su vez, les permite depender menos de sus familiares extendidos y de sus hijos para subsistir en la vejez o en la adversidad.

Esta menor dependencia ha promovido una planificación familiar que prioriza el bienestar futuro de los hijos, dándoles la posibilidad de romper el círculo de la pobreza. Las familias con título de propiedad tienen menos hijos, con lo cual los recursos humanos y materiales disponibles para cada niño son mayores. De hecho, en estos hogares se registra claramente mejor salud infantil, menos embarazos adolescentes y menor deserción y repitencia escolar.

Si bien el acceso a la propiedad de la tierra no les permite a los pobres salir inmediatamente de la pobreza, sí les permite legarles a sus chicos un lugar garantizado para vivir, los libera en parte de la pesada carga de sostener a sus padres en la vejez, y les ofrece mejor salud y educación que les facilitarán sus posibilidades futuras en el mercado de trabajo.

Nuestro estudio muestra con datos concretos que ninguno de estos cambios fue fruto de una política asistencialista, sin que los pobres hayan hecho “nada”, como señala Martínez. El acceso a la propiedad de la tierra no habría procurado de por sí ninguna de estas significativas mejoras en las condiciones de vida de los pobres sin su esfuerzo activo y sostenido.

* Economista de la Universidad Torcuato Di Tella.