El ministro Lavagna ha planteado algunas medidas para combatir la inflación. Constitución de un fondo anticíclico basado en congelar el gasto público en los niveles presupuestados. Eliminar los reintegros a los exportadores de alimentos, lo que en la práctica supone un aumento de las retenciones. Bajar la doble indemnización frente a los despidos. Promover una nueva ley sobre ART que no implique la litigiosidad. Incorporar cláusulas de competitividad frente a la concentración de los mercados.

De las cinco propuestas hay dos que realmente valen la pena, mientras que las otras tres configuran un claro intento de congraciarse con el empresariado más concentrado. Vamos por partes.

Congelar el gasto público en los niveles actuales supone mutilar la política fiscal, impidiendo que cumpla algún papel en la tarea de mejorar la distribución de los ingresos. Máxime, cuando los niveles de gasto en relación con el PBI que exhibe nuestro país son inferiores a los existentes en los países “serios” e incluso están por debajo de países vecinos como Chile o Brasil. Además, el efecto antiinflacionario es decididamente inexistente, ya que no hay causa fiscal para la inflación en un contexto de superávit (el Estado saca más recursos de los que pone) y el sector público no es demandante de alimentos o petróleo, que son los productos que más influencia han tenido en las tendencias inflacionarias del último año. En el fondo, este planteo usa de excusa el combate a la inflación para ampliar el superávit que tiene por objeto aumentar los pagos de deuda en el marco del desendeudamiento.

Más allá de que la eliminación de reintegros debe hacerse cuidadosamente, contemplando situaciones regionales y evitando favorecer exportaciones de menor valor agregado, el objetivo de que mayores retenciones establezcan una clara diferencia entre el precio internacional de los alimentos y el precio interno que los argentinos pagamos es absolutamente lógico y razonable. No sólo desde el punto de vista de la lucha contra la inflación sino fundamentalmente como estrategia de desarrollo. Si nuestro país tiene ventajas en alimentos, es lógico que nos sirvan para que los trabajadores argentinos gasten menos en dichos productos y puedan consumir más industria. Estaríamos ampliando así la demanda para un proyecto de reindustrialización. Lo que no se entiende, en este contexto, es que no se aplique el mismo criterio para el petróleo y sus derivados. Es obvio que las bajas retenciones que pesan sobre estos productos influyeron seriamente en el impacto que los derivados del petróleo tuvieron sobre los precios mayoristas. Se aplica aquí también el mismo criterio que en los alimentos. La ventaja de disponer de energía barata no debe servir para incrementar las rentas de las empresas privadas del sector sino para financiar (vía menores costos) el desarrollo del país.

Reducir la doble indemnización carece de efecto alguno en la materia. Está claro que la vigencia de esta cláusula laboral no ha impedido la generación de empleo en los últimos años, y está claro también que una tasa de desocupación del 14 por ciento no supone haber salido de la situación de emergencia ocupacional.

Las definiciones sobre una nueva ley de ART resultan otra concesión innecesaria que lleva implícito el reconocimiento de que se mantendrá el criterio de que la salud de los trabajadores es un negocio, y que la resolución del problema inflacionario requiere de la rebaja de los costos laborales. Planteo absurdo, si los hay, que se transforma en preocupante cuando se inscribe en una retórica ministerial de defensa de los beneficios empresarios fundada en señalar la irresponsabilidad implícita en los reclamos salariales. Reclamos que, por lo general, suponen procesos de recuperación de poder adquisitivo perdido o bien incrementos claramente por debajo de la evolución de la productividad de las principales empresas del país. Estos planteos del ministro, sumados a la decisión de congelar el gasto público, constituyen una clara definición de que la presente distribución de los ingresos ha llegado para quedarse y que “anclar los ingresos de la población” es la fórmula más importante para contener el alza de precios.

La idea de establecer cláusulas automáticas que otorguen competencia en los mercados más concentrados es por cierto un planteo atendible que, lamentablemente, no fue desarrollado por el ministro. Es una verdadera pena que aquella cuestión que más tiene que ver con la inflación en la Argentina carezca prácticamente de desarrollo en la estrategia antiinflacionaria oficial.

* Economista y diputado nacional.