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“Tenemos que ser conscientes de que no tenemos tregua.” La frase de Carlos Villegas sintetiza la percepción que el nuevo gobierno de Bolivia tiene de las expectativas de la población de revertir la situación de pobreza en la que se encuentra más del 60 por ciento de los bolivianos. Villegas podría ser el futuro ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo Morales. Cargo que será clave para Argentina teniendo en cuenta la matriz energética que ha definido el gobierno de Kirchner, en la cual el gas boliviano juega un papel relevante. En diálogo exclusivo con Cash, Villegas adelantó que desde ese ministerio se propone impulsar una política energética autónoma a partir de la nacionalización de los hidrocarburos; modificar la matriz energética al interior del país que favorezca el acceso de sus ciudadanos al gas natural; revisar el precio del gas que le vende a la Argentina; acordar modelos de integración con los países del Cono Sur y renegociar los contratos de riesgo compartido con las empresas petroleras transnacionales que genere mayores beneficios para el Estado. “Si (las empresas) no aceptan, serán expropiadas y seguramente se irán del país”, sentenció quien también fue el responsable de elaborar el programa económico del MAS.

¿Qué opina del proyecto del anillo energético?

–Nació por la crisis energética que vive el Cono Sur. Un acuerdo entre Chile, Argentina y Perú, con algunas relativas esperanzas de que las reservas de Camisea (en Perú) fueran a servir para el consumo interno del Perú, para la exportación y para el anillo energético. Tiene un respaldo de todos los presidentes, incluso participa el Banco Interamericano de Desarrollo, pero en muy poco tiempo se desplomará el anillo energético. En primer lugar, porque las reservas de gas de Camisea no son suficientes. En segundo lugar, ya existe un anillo energético y lo que faltaba eran muy pocos kilómetros de conexión de Camisea a Chile. Y en tercer lugar, fracasa porque no está Bolivia.

¿Y cree que Bolivia debería integrar el anillo energético?

–El anillo energético, tal cual está diseñado, no motiva ni beneficia a Bolivia. Porque tiene por objetivo fundamental el de nivelar los precios y eso tiene un efecto adverso para los países productores. Se benefician los países consumidores en detrimento de los productores. Nosotros no apostamos al anillo energético, queremos tener una conversación de otra naturaleza con los países para que se beneficien los productores y consumidores. Eso no significa que no tengamos una actitud amplia de negociar con los diferentes gobiernos.

¿Habrá alguna reconsideración del precio del gas que Bolivia vende a la Argentina y Brasil?

–Este es un tema extremadamente sensible, más si se trata de países vecinos y quisiera ser muy cuidadoso al respecto. No quiero decir que el precio va a aumentar, disminuir o mantenerse. El precio del gas que se vende a la Argentina y Brasil está más o menos en dos dólares el millón de metros cúbicos. Ese precio debe ser comparado con el de California –punto de referencia mundial– donde se vende el mismo millón de metros cúbicos entre 12 y 15 dólares.

¿Cómo será el proceso de nacionalización de los hidrocarburos anunciado por el gobierno de Evo Morales?

–En el marco de un proceso de elevado conflicto social y un referéndum que promovió una nueva ley de hidrocarburos, el presidente Rodríguez tenía un plazo de 180 días para suscribir nuevos contratos y cancelar los contratos de riesgo compartido. Pasaron los 180 días y el gobierno no logró un acuerdo con las empresas. Actualmente los contratos señalan que las empresas extranjeras son propietarias de los hidrocarburos y es urgente el cambio de esos contratos. Este es un marco fundamental para la estrategia que tiene el MAS, ahora respaldado por la legalidad y legitimidad de las elecciones. Con firmeza, pero con alta vocación de negociación, el MAS va a plantear a las empresas ingresar a un proceso inmediato de cambio, cancelar definitivamente los contratos de riesgo compartido y que se aplique la ley que fue aprobada en julio.

Varias organizaciones sociales y sindicales reclaman la inmediata nacionalización de los hidrocarburos. ¿Qué influencia tendrá esa postura en la decisión del gobierno?

–Eso lo sabemos, pero hay que relativizar. Tenemos un apoyo significativo de algunas organizaciones sociales que seguramente van a dar plazos. Pero creo que tenemos que ser cautos, tener decisiones muy claras, para mostrar resultados. Estamos trabajando para lograrlo, tenemos sólo tres semanas hasta la asunción del gobierno (22 de enero), pero el programa que hemos diseñado antes de la campaña nos ha permitido tener bastante solidez en la explicación a la población. Tenemos que ser conscientes de que no tenemos tregua.

¿Qué modificaciones va a tener la ley de hidrocarburos?

–La ley señala que el Estado boliviano es propietario de los hidrocarburos y establece un pago de regalías del 18 por ciento y un impuesto directo del 32. Lo que vamos a hacer, teniendo mayoría parlamentaria, es aplicar el 50 por ciento de regalías y que eso quede clarísimo para el presente y el futuro. Además, la nacionalización nos permitirá tener una política energética autónoma.

¿Cuál cree que será la reacción de las empresas?

–Si las empresas rechazan la suscripción de nuevos contratos, el gobierno se apoyará en la normativa internacional, plasmada en los Contratos de Protección Recíproca de Inversiones, que señala que si el Estado nacional declara los hidrocarburos de “utilidad pública”, los puede nacionalizar pagando una indemnización. Y nosotros lo vamos a aplicar. Por otro lado, las petroleras tienen que tener una lectura política de que el gobierno de Evo Morales ha tenido un respaldo inédito en la historia de la democracia boliviana. Si no aceptan, serán expropiadas y seguramente se irán del país. Y no vamos a transigir en esta decisión. De lo contrario, frustraríamos las esperanzas del pueblo boliviano en materia de hidrocarburos.

¿Cómo evalúa que el mayor producto de exportación de Bolivia sea el gas cuando una gran parte de su población carece de ese recurso?

–Nacionalizar los hidrocarburos supone definir qué proporción del gas vendemos como materia prima, qué proporción destinamos a la industrialización y que proporción al mercado interno, justamente para subsanar el gran déficit que existe. Si no nacionalizamos, no logramos hacer un montón de cosas porque las empresas, desde 1993, tienen una total discrecionalidad en el manejo de la política energética.

¿Cómo intervendrá el Estado en el sector hidrocarburífero?

–El Estado será propietario en el subsuelo y en la superficie. Tendrá el control absoluto, que le permitirá comprobar el circuito de comercialización, definir precios, negociar con gobiernos los proyectos de exportación, decidir volúmenes caloríficos y tener una incidencia importante en la política de industrialización. Si no recuperamos la propiedad, la política energética seguirá en manos de las empresas extranjeras.

¿Cómo será ese proceso de industrialización?

–Hemos planificado realizar varios proyectos como las plantas de separación de gas, porque en este momento estamos vendiendo un gas rico a un precio muy bajo; una planta de fertilizantes; un polo químico en la frontera Bolivia-Brasil; la transformación de gas en diésel ecológico; la producción de cien mil barriles por día para la exportación; la instalación de plantas termoeléctricas para el consumo y la exportación de energía eléctrica. Además, cambiaremos la matriz energética al interior de la sociedad boliviana, para que se beneficie del uso del gas natural: se realizará la instalación domiciliaria de gas y el cambio de fuente energética del parque automotor.

¿Los proyectos de industrialización se darán a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos?

–Queremos potenciar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que sea una empresa estatal descentralizada y autónoma respecto del Poder Ejecutivo. También pretendemos que YPFB sea portadora de proyectos de industrialización conformando sociedades anónimas donde el Estado boliviano participe, en el mejor de los casos, con el 51 por ciento de las acciones y, en el peor, con el 50, de tal manera que las empresas extranjeras también participen en el proceso de industrialización.

¿Cuál sería el aporte del sector privado en esas sociedades?

–Somos conscientes de que en los proyectos de industrialización se requiere tecnología y capital de inversión y Bolivia no está en condiciones de enfrentar sola proyectos de esta envergadura.

¿Qué política se va a dar el gobierno en cuanto a las cooperativas mineras?

–Durante los últimos veinte años de neoliberalismo, la minería ha sido tratada de la misma forma que los hidrocarburos, pero con resultados muy sombríos. Siendo un país minero históricamente, seguimos explotando los yacimientos que fueron descubiertos en la colonia. No hubo un esfuerzo de exploración de nuevos yacimientos y, en ese marco, emergieron las cooperativas mineras, que tienen condiciones de producción tremendamente precarias, van en búsqueda de vetas antiguas con instrumentos de trabajo rudimentarios de inicio del siglo XX.

Y entonces...

–Queremos modernizar la minería. Vamos a ofrecer condiciones a los diferentes actores: cooperativas, mineras pequeñas y grandes, para que hagan cambios en la minería. Para eso, hay que cambiar toda la normativa jurídica existente como el Código de Minería y los contratos de riesgo compartido, que fueron diseñados para regalar a la empresa extranjera como ocurrió con los hidrocarburos. Pero iremos gradualmente, primero tenemos que solucionar el tema de los hidrocarburos que será un hueso duro de roer. No vamos a abrir más frentes.

¿Cómo negociarán con el gobierno de Chile, teniendo en cuenta las diferencias que hay entre ambos países por la salida al mar y los perjuicios que les trae eso a las exportaciones bolivianas?

–Evo dio una conferencia de prensa y respecto de Chile fue claro: toda relación con Chile se va a dar fundamentalmente alrededor de la recuperación del mar. Bolivia necesita mar, Chile necesita energía. Hay que negociar para que Bolivia pueda acceder al Océano Pacífico.

¿Cuánto cree que incidieron las luchas sociales en la llegada de Evo al gobierno y en la política hidrocarburífera que se lleve a cabo?

–Creo que fueron determinantes los conflictos que se dieron en el país en los últimos años para que Evo llegue al poder. No es casual que tenga un apoyo tan significativo. Para la población significa reorientar el curso que ha tomado la sociedad, el Estado y la economía boliviana. En ese sentido, la población apostó por Evo para que sea el portador del cambio. Ese es el reto principal, es la esperanza de la población.