Por Isaac “Yuyo” Rudnik *

El pago total de lo adeudado al FMI, anunciado por el presidente Kirchner el pasado 15 de diciembre, es la culminación de una etapa signada por conflictos y diferencias con dicho organismo, que se iniciaron desde que asumió este gobierno. Las primeras declaraciones del director general Rodrigo de Rato apoyando la medida –obviamente era difícil oponerse a recibir un pago al contado de semejante magnitud– no alcanzan a ocultar el profundo desagrado del establishment financiero internacional y de sus principales voceros locales.

Más allá de los matices, todas las manifestaciones expresan la preocupación por el margen de independencia ganado por el Gobierno argentino comparado con los condicionamientos que históricamente debieron aceptar las administraciones anteriores, ante cada refinanciación de los montos adeudados con ese organismo financiero. Algunos directamente aludieron a una inmediata “izquierdización de la política económica”; otros prefirieron advertir sobre los peligros de futuros desbordes en el gasto público. Para estos últimos la respuesta llegó en menos 24 horas, cuando el Presidente en un acto con el gremio de la construcción anunció la puesta en marcha de un nuevo plan de 11 mil viviendas en todo el país, e insistió en la continuidad de la inversión pública como protagonista de la dinamización de la economía.

Algunos dicen, equivocadamente, que con los republicanos en el gobierno de EE.UU. impulsaron el cambio de objetivos para el FMI, buscando que éste pase a exigir los pagos que se le adeudan por encima de su papel de monitoreo. Esto es una grave confusión, pues en realidad lo que impulsan los republicanos es un endurecimiento de las condiciones para las sucesivas refinanciaciones. Sus críticas a la conducción del FMI por el manejo de las crisis son porque los acusan de “blandos”, cuestionando lo que ellos llamaban las políticas “rescatistas” que se sostuvieron durante el gobierno de Clinton, y que apuntaban a darles una cierta “gradualidad” a los ajustes. Bush impulsa un tratamiento más drástico ante cada situación, y, en el caso de la Argentina, el G-7 declaró explícitamente, más de una vez a lo largo de todas las pulseadas con este gobierno, que era condición indispensable el acuerdo con el FMI, reafirmando contundentemente su rol de monitoreo.

Conviene detenerse en el análisis de algunos mitos que reproducen sin fundamentos serios algunos medios de prensa de izquierda y derecha, llamativamente en forma coincidente.

El primero es el del superávit fiscal y para qué se usa. La experiencia de los “golpes de mercado” como recurso de los grupos financieros para apretar a los gobiernos para que aceleren los cambios que ellos reclamaban, es bastante profusa en nuestro país. Alfonsín, el propio Menem en sus primeros meses, y De la Rúa son ejemplos de cómo resolvieron rápidamente los monopolios algunas controversias menores en ese período, no sólo para cambiar decisiones económicas sino para voltear a los mismos gobiernos, si evaluaban que no les eran útiles. La voluntad de este gobierno de marchar a contrapelo de las recomendaciones “razonables” del FMI no podía asentarse sólo sobre la base del consenso político que fue ganando sino que requería de un respaldo financiero indispensable que le permitiera desalentar cualquier maniobra desestabilizadora. Maniobras con las que no dejaron de amagar en ningún momento, y que van desde los permanentes intentos para cambiar la relación peso-dólar buscando apreciar el peso y achicar el saldo exportador, hasta los aumentos de precios impulsando artificialmente el crecimiento inflacionario, pasando por una inmediata minicorrida al dólar después del anuncio de pago al FMI, que obligó al Banco Central a intervenir en el mercado. Hay que decirlo con toda claridad: en este contexto adverso no hay política económica soberana sin un importante superávit fiscal que el Gobierno pueda manejar con las manos libres.Y aquí viene el segundo mito: se dice que este gobierno le ha reconocido al FMI su carácter de acreedor privilegiado, y es el que más le ha pagado en toda la historia de nuestra relación con él. Lo dijimos y lo reiteramos, repetir como loro lo de “acreedor privilegiado” obviando el marco de conflicto que enfrenta el Gobierno, por negarse a implementar los aumentos de tarifas, por no privatizar la banca pública que va jugando un papel cada más fuerte para el crecimiento económico, por no acceder a reavivar las negociaciones para el ALCA, por oponernos a la profundización de la apertura económica en el marco de la OMC, es por lo menos una lectura parcial, por no decir malintencionada. No creemos que el FMI haya buscado saldar totalmente la deuda y quedar fuera de la discusión de nuestra política económica. Quizá, como dicen algunos, necesitaba “bajar el nivel de exposición”, pero detrás de este argumento lo principal era el endurecimiento de las condiciones para renovar financiamiento. Y hay varios que deben estar lamentándose por haber perdido este paraguas protector, entre ellos las privatizadas que pugnan por aumentar sus tarifas y los fondos buitre que se quedaron fuera del canje de bonos.

Y lo último es aquello del “mejor pagador”. Entre 1976 y el 2000, según datos del Banco Mundial, y del BCRA, tomados del libro La deuda o la vida, de Eric Toussaint, en la parte de su análisis sobre la Argentina, se pagaron 212.280 millones de dólares, lo que arroja un promedio de 8500 millones al año. En los últimos cuatro años se pagaron 19 mil millones, lo que arroja un promedio bastante menor. Aun contabilizando ahora los 9800 que se cancelarán antes de fin de año estamos por debajo del promedio del último cuarto del siglo pasado. No es para alegrarse porque son cifras enormes, y lo son aun más con relación a las tremendas necesidades que padecen las mayorías populares y a la ilegitimidad e ilegalidad de la propia deuda que estamos pagando.

Pero al igual que cuando analizamos los índices de indigencia y pobreza que padecen millones de argentinos, sabemos que es una injusticia que no nos merecemos, pero no dejamos de resaltar que durante este gobierno esos índices se redujeron al igual que los de la desocupación. Este es el camino que estamos recorriendo en medio de inmensas dificultades. Y si alguien en el mundo o en América latina tiene resultados mejores para mostrar en el camino de resolver las tremendas secuelas que nos dejaron décadas de neoliberalismo, en un tiempo tan corto como el que nosotros llevamos con el gobierno del presidente Kirchner, que venga y nos lo muestre. Estamos dispuestos a intercambiar experiencias y a aprender caminos mejores.

* Responsable de los Equipos Técnicos del Movimiento Barrios de Pie.

Por Instituto Movilizador de Fondo Cooperativos *

El Gobierno tomó la decisión de cancelar por adelantado la totalidad de la deuda con el FMI utilizando el 35 por ciento de las reservas del Banco Central. El objetivo anunciado es ganar “grados de libertad para la decisión nacional”, según expresó el Primer Mandatario en su discurso del jueves 15 de diciembre. La deuda que se pagará ha sido contraída en distintas oportunidades, como una forma de sustentar el sistema de la convertibilidad. El propio presidente Kirchner reconoció que “la deuda que cancelamos con el Fondo Monetario Internacional, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener el régimen de convertibilidad, condenado al fracaso, ha resultado por lejos la más condicionante...”. Cabe recordar el préstamo del FMI realizado en el año 2001 bajo la denominación de “Blindaje”, cercano a los 10 mil millones de dólares. El mismo posibilitó la salida de capitales privados especulativos de nuestro país por más de 13 mil millones de dólares, éxodo que impactó negativamente en la estabilidad del sistema financiero y la economía en general.

Esta actitud de prestar al filo del desenlace de fuertes crisis financieras, como sucedió en Rusia y la Argentina, tiene una definición teórica precisa, conocida como “riesgo moral”, puesto que beneficia a los acreedores especulativos privados, quienes perciben altas tasas por el riesgo de devaluación y con la llegada de capitales del FMI pueden huir obteniendo ganancias espectaculares en dólares, generando una fuerte crisis financiera y de pagos.

Frente a este comportamiento nefasto del Fondo, el IMFC considera la corresponsabilidad de los organismos financieros internacionales en la crisis argentina, cuestión que también ha sido reconocida por el presidente Kirchner y el ex ministro Lavagna. Sin embargo, la solución planteada desde el Gobierno es diametralmente opuesta a la que proponemos. Mientras el Instituto Movilizador estableció en su “Propuesta para refundar la Nación” que el FMI no podía ser considerado un acreedor privilegiado y debía hacerse cargo de parte de los costos de la crisis mediante la aplicación de una quita al capital adeudado, el Poder Ejecutivo decide beneficiarlo pagando la totalidad de una deuda que sirvió para profundizar la peor crisis económica y social de la historia argentina.

La cancelación total ha sido presentada como un vuelco en las relaciones con el FMI y el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, los hechos demuestran que la decisión es parte de una política ya anunciada en varias oportunidades, conocida como “desendeudamiento”, en virtud de la cual desde el 2002 se han realizado pagos a los organismos financieros internacionales (FMI, BID y Banco Mundial) por cerca de 15 mil millones de dólares. Debe aclararse que la deuda con el FMI, cuya cancelación se realiza a costa de un fuerte sacrificio, es una parte muy menor de la deuda total del Gobierno, al punto tal que, después del pago, la Argentina continuará siendo uno de los países más endeudados, con un monto superior a los 100 mil millones de dólares.

Acerca de los condicionamientos del FMI, es oportuno recordar que hace dos años finalizó el último acuerdo con el organismo, y por lo tanto no había un convenio que diera lugar a imposiciones.

En cuanto a la orientación de la política económica, el presidente Kirchner ha expresado en su discurso del 15 de diciembre último que “sobre la base de la solvencia fiscal, la sustentabilidad externa, la flexibilidad cambiaria, una política monetaria prudente, predecible y transparente y una política financiera sólida y anticíclica, podemos dar este paso que contribuirá a su vez a reafirmar un ambiente económico previsible”. Es decir, políticas que resultan muy similares a las exigidas por el FMI, las cuales se aparenta evitar con el pago.

La deuda social es acuciante: luego de haber logrado el mayor crecimiento del PIB de los últimos cien años, la población en situación de pobreza e indigencia se mantiene en los mismos niveles de fines del 2001 (38,5 y13,6 por ciento, respectivamente). Ello se debe en gran medida a que la distribución de los ingresos no se ha modificado desde el punto más crítico de la crisis del 2002. Si bien se han creado puestos de trabajo, la mayoría de ellos es de mala calidad y han sido insuficientes para revertir la injusta distribución mencionada.

La cancelación de deudas responde a una política explícita del FMI, originada en la necesidad imperiosa de reducir su exposición crediticia, dado que el 80 por ciento de su deuda estaba concentrada en cinco países, entre los que se encuentran Turquía y también la Argentina y Brasil, países que han anunciado la total cancelación, sumándose así a Rusia, que ya ha concretado el “desendeudamiento”.

Esta política surge también de la solicitud de los países del Grupo de los Siete (G-7), en especial Estados Unidos, que no desean incrementar sus aportes al Fondo Monetario “con el esfuerzo de los carpinteros y plomeros estadounidenses”, como lo expresara un funcionario del Tesoro norteamericano. Asimismo, fue el propio FMI el que recomendó utilizar las reservas internacionales de nuestro país para pagar deuda. Queda claro, por lo tanto, que la política de desendeudamiento, más que una iniciativa propia de los países endeudados, surge como contrapartida de los intereses del FMI y sus socios más importantes, los países industrializados.

La independencia del país no se resuelve con pagarle al FMI, dado que el organismo internacional no es otra cosa que el representante de quienes detentan el verdadero poder político: los países industrializados y los grandes conglomerados empresarios que actúan en su territorio.

Una efectiva independencia parte de rechazar las presiones de estos países y los acuerdos de integración por ellos fomentados. Esta política de desendeudamiento desplaza la atención de gastos sociales imprescindibles. En efecto, con lo que se ha pagado hasta ahora se podría haber resuelto el 40 por ciento del déficit habitacional de nuestro país, o duplicado la cantidad de establecimientos de salud existentes. Los millones de dólares destinados al FMI equivalen a diez años del Plan Jefes y Jefas de Hogar.

Un verdadero cambio de rumbo puede lograrse mediante una política de distribución equitativa del ingreso y acciones de apoyo a la producción, que permitirán generar un crecimiento estable y armónico.

* Consejo de Administración del IMFC.