George W. Bush lo ha llamado “un gran ejemplo” del que Estados Unidos puede “sacar varias lecciones” y muchos países lo han copiado desde su creación hace 25 años, pero la verdad es que el sistema privatizado de jubilaciones impuesto bajo la dictadura de Augusto Pinochet por José Piñera, su entonces ministro de Trabajo y hermano del actual candidato presidencial derechista Sebastián Piñera (quien, irónicamente, lo ha criticado), está en crisis. Es un poco como todo el milagro económico chileno: grandes cifras macroeconómicas (esta vez a favor de los fondos de pensión, que reciben contribuciones automáticamente deducidas de los salarios de los trabajadores) pero preciosamente poco para los ciudadanos comunes.

Fue, también, un punto de debate importante en la campaña para las elecciones que se celebran hoy (aunque de coincidencia en el diagnóstico de fondo: esto no funciona más). Y, para muchos empleados que empezaron a trabajar cuando primero se instaló el sistema, resultó un fraude, en la medida en que van encontrando que no han podido aportar lo suficiente para tener una jubilación que pudiera llamarse tal. De acuerdo a Andrés Velasco, principal asesor económico de la candidata socialista Michelle Bachelet, “hay dos problemas grandes, cobertura y costos. Demasiada gente está fuera del sistema, y muchos de aquellos que están adentro han descubierto que ahorrar a través de los fondos de pensión resulta bastante caro”. Patricio Navia, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York y en la Universidad Diego Portales de Santiago, sostiene que “la mayoría de la gente percibe el costo de las pensiones y las pensiones mismas como injustos”. (Quizá esto sea fuente de la admiración de Bush.)

A esa mayoría no le faltan razones. Los fondos de pensión chilenos, que se han reducido de 20 a seis por la baja de la competencia, registraron ganancias del 50 por ciento durante un período reciente de cinco años. Un estudio dirigido por el Banco Mundial dice que los fondos de pensión retienen entre un cuarto y un tercio de las contribuciones de los trabajadores en concepto de comisiones, seguros y gastos administrativos. En este momento, el gobierno paga alrededor del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (más de lo que gasta en salud o educación) en jubilaciones para los pobres, pagos para un plan separado de pensiones militares y costos administrativos. Pero el eje del problema parece ser que muchos jóvenes, que deberían adherir al sistema de manera muy temprana para lograr los máximos beneficios posibles, optan por permanecer afuera, o por pagar muy poco. Algunos no pueden aportar más que el pago mínimo obligatorio, que es del 10 por ciento de sus salarios; otros son cuentapropistas y aun otros trabajadores independientes bajo contrato no aportan nada.

Es un caso de mercado laboral tan flexibilizado, y a menudo de salarios tan bajos, que la serpiente se muerde la cola, y muchos chilenos no percibirán jubilaciones en absoluto. A eso apunta Andras Utholl, economista y director de la División de Desarrollo Social de la Cepal en Santiago, al afirmar que “la base de todo es que este sistema no funciona con este mercado laboral. Sólo un pequeño porcentaje de trabajadores podrá financiarse jubilaciones en serio. ¿Qué pasa entonces con el resto de ellos?”.

Bachelet, la casi segura ganadora de las elecciones, tiene sobre la mesa propuestas para aumentar y expandir la jubilación mínima y permitir que los aportantes individuales converjan en grupos más grandes de modo de poder negociar mejor con los fondos de pensión; Piñera, una jubilación garantizada para amas de casa; incentivos financieros para los pobres, como fondos gubernamentales para reunir el dinero que les hace falta para aportar, y más competencia entre los fondos para forzarlos a bajar sus tarifas. Pero ambos paquetes de medidas parecen meras colecciones de emparches para un sistema más grande que está corroído por la desigualdad social. Eso será más difícil de arreglar.