“El decreto de nacionalización desató un proceso revolucionario”, manifestó el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Andrés Soliz Rada, en diálogo exclusivo con Cash. Desde la decisión de nacionalizar los hidrocarburos anunciada el Día Internacional del Trabajador, el gobierno de Evo Morales enfrentó reclamos de diferentes sectores locales, presiones de empresas petroleras poderosas –apoyadas por los gobiernos de sus países de origen–, amenazas de perder mercados para la venta de gas y reacciones de presidentes de la región. En esta entrevista, Soliz Rada aseguró que el gobierno boliviano sigue firme en su política energética, que apunta no sólo a nacionalizar los recursos hidrocarburíferos sino a industrializar el sector, cambiar la matriz energética y aumentar los ingresos del Estado que serán destinados a convertir al país en un “torrente energético”.

Precio del gas

¿Cómo evalúa las negociaciones sobre el precio del gas que Bolivia le vende a Brasil y la Argentina?

–Son negociaciones complicadas que no se pueden hacer sobre el vacío sino sobre referentes concretos. Chile anunció su deseo de comprar gas de Indonesia y dijo que está dispuesto a pagar entre 7 y 9 dólares por millón de BTU. Si ése es el precio que está proponiendo Chile, a lo mejor cuando la Argentina le venda gas a Chile también pueda hacer referencia a ese incremento en el precio. Otro referente es Brasil. Cuando dijo que podía recibir gas a 1 dólar desde Venezuela, el gobierno venezolano dijo: “No, si pongo el gas venezolano en Brasil, el costo sin ninguna utilidad sería de 5 dólares”. Acá hay un tema adicional: en Brasil se compara la energía importada desde Bolivia con la energía producida en el propio país. Y Brasil está pagando por el gas boliviano un precio inferior en dos dólares al producido allí. Por cada dólar que Bolivia logre aumentar en el precio del gas exportado a Brasil consigue alrededor de 300 millones de dólares anuales más de ingresos para el Estado.

¿Cuáles son los referentes que Brasil pone en la mesa de negociación?

–Ellos dicen que tratarían de sustituir el gas boliviano y buscar alternativas más baratas. Esperamos llegar a los mejores acuerdos. Se ha dicho que la nacionalización puede generar que Bolivia pierda mercados para vender gas.

¿Cómo evalúan esa posibilidad?

–Cuando viajamos al Paraguay, unos días antes de la nacionalización, se presentó un proyecto. Desde una de las poblaciones bolivianas más cercanas al Paraguay, Villamontes, podría salir un gasoducto que atraviese Paraguay y llegue a la frontera con Brasil. Y allí está Puerto Casado, frontera con el Mato Grosso. Los paraguayos plantean que Bolivia tenga una instalación grande de diesel sintético en Puerto Casado para uso y consumo del Mato Grosso sur, que es la región más dinámica de la economía brasileña. Están pensando en una planta de 50 mil barriles de diesel ecológico por día, además de otros emprendimientos. Lo que permitiría que YPFB –con el 51 por ciento de acciones como mínimo– pueda asociarse con empresas que construyan un gasoducto de 20 millones de metros cúbicos. Con este proyecto, si Brasil no quiere comprar más gas, lo habríamos reemplazado por el mercado paraguayo.

¿Están pensando, entonces, en la eventualidad de perder mercados?

–Estos proyectos no surgen porque se pierdan mercados. En realidad, los interesados se tienen que apurar para que Bolivia elija cuál es el mejor. Incluso no menciono algunos proyectos que mucho no me gustan y que, en una situación de mucha presión, se podrían considerar.

¿Cuáles?

–Como los reiterados llamados del mercado mexicano para comprar gas de Bolivia. Incluso está el Puerto de Rosario, que ofreció llevarlo más cerca del Pacífico como parte de los ofrecimientos que hizo la Argentina. Chile está interesado en comprar termoelectricidad para su minería y para el convenio minero argentino-chileno. Nosotros podemos vender termoelectricidad, pero no gas natural mientras no se resuelva la cuestión marítima. Tenemos opciones.

¿Por qué no le gustan esas opciones?

–Porque quiero que el gas quede en la región. No me gusta que el gas boliviano salga de nuestra Sudamérica.

Decreto

¿Cree que 180 días serán suficientes para concretar los pasos contemplados en el decreto de nacionalización?

–Debemos disponer de un máximo de 90 días para hacer las auditorías, que van a ser orientadoras. Cuando las empresas dicen que invierten fabulosas sumas de dinero en la exploración y explotación de campos, ¿nos están diciendo la verdad? ¿Las utilidades son las que realmente perciben? ¿En qué medida las petroleras que trabajan en la Argentina, Brasil, Bolivia, hacen figurar compras de sus casas matrices? ¿Acaso obtienen créditos con altos intereses que después son cargados a los costos de operación? Son preguntas de una enorme importancia para el futuro de las empresas en Bolivia.

¿Implementarán algún mecanismo para recuperar las reservas una vez hecha la fiscalización?

–Hay países que tienen una enorme experiencia en el análisis de la declinación de los campos, pero también en saber si las inversiones y las utilidades son las que las empresas mencionan. Noruega tiene una empresa estatal, Statoil, que fiscaliza a las empresas transnacionales. Hemos pedido asistencia técnica de Noruega para las auditorías. Otra experiencia es Canadá. Imagínese la influencia de las petroleras norteamericanas en Canadá. Ellos se dieron modos para llevar adelante una buena auditoría. También estamos en contacto con ellos.

¿Esto negaría la versión de que Bolivia está siguiendo el modelo venezolano?

–Ese es un concepto cargado de intencionalidad. Se quiere presentar a Bolivia como una especie de extensión de la política venezolana. Hay una relación fraterna, de un gran respeto mutuo, de los gobiernos de Venezuela y Bolivia, no una dependencia como pretenden presentar ciertos medios de comunicación interesados en distorsionar la verdad.

¿Qué efecto tendrá en los ingresos fiscales que YPFB tenga el 51 por ciento del negocio energético o el cambio en la ecuación del 82/18 por ciento en las áreas San Alberto y Sábalo?

–El decreto permite mejorar los ingresos de 400 a 700 millones de dólares anuales. Pero el tema del 50/50 son cálculos provisionales. Los porcentajes definitivos serán pautados después de las auditorías. Con los cálculos que hicimos internamente sobre Sábalo y San Alberto vimos que si en lugar de 82/18 por ciento quedara el 90 por ciento para el Estado y el 10 por ciento para –concretamente– Petrobras, la empresa seguiría obteniendo una utilidad mayor o igual al promedio de la región.

¿Cómo se negociará en el futuro con las empresas, si se pretende impulsar un proceso de industrialización de los recursos hidrocarburíferos?

–Hay que ver caso por caso. Una de las empresas de mayor peso en Bolivia es Repsol y su subsidiaria, Andina. Esta negociación es precedida por una visita de la Cancillería española, que manifestó que respeta el derecho de Bolivia a nacionalizar sus hidrocarburos. Esta definición nos ayuda mucho. Y lo propio ocurrió en Puerto Iguazú cuando los presidentes Kirchner y Lula reconocieron la soberanía del Estado en la recuperación de sus recursos.

Con estos antecedentes, ¿como prevén que será la negociación con las petroleras?

–Cuando hablemos con Petrobras o con Repsol ya habrá una definición previa que facilitará la negociación.

Oposición

¿Cómo se posiciona el gobierno de Evo frente al planteo de la Central Obrera Boliviana (COB) de que este decreto es “una nacionalización a medias”?

–Con el correr de los días, la COB ha reconsiderado su posición inicial y pasó a una de apoyo.

¿Por qué?

–En primer lugar, la extraordinaria euforia del pueblo boliviano, que siente que el país ha recuperado no sólo el gas y el petróleo sino la dignidad nacional y la autoestima. En Bolivia se ha reabierto el proceso de una revolución nacional. Nosotros la concebimos como parte de las revoluciones nacionales de nuestra América latina, y en el Cono Sur de manera especial, que debería culminar con ese ansiado sueño de una patria grande, socialista y latinoamericana. Además, lo que se da en Bolivia es producto de movimientos sociales, no sólo de capas medias intelectuales sino de corrientes quechuas, aymaras y guaraníes que estuvieron en la resistencia en años pasados. La participación desde abajo con un presidente con fuerte raíz originaria y que también es mirada con un enorme cariño, simpatía y espíritu militante de las capas medias y mestizas hace que nosotros estemos hablando cada vez con más fuerza de la unidad de la nación oprimida por el imperio y la necesidad de mantener esta unidad para enfrentar los desafíos futuros.

¿Qué proponía la COB que no se pudo concretar?

–La expulsión de las empresas y el no pago de indemnizaciones. El gobierno tiene el deber de recoger esas aspiraciones, pero en un margen de realismo y madurez. No puede exponer al país a intervenciones peligrosas. ¿Cómo vamos a dejar de considerar que a 200 kilómetros de los grandes megacampos, en el Paraguay, se ha instalado una base militar norteamericana? No sería responsable y maduro por parte del gobierno no considerar este conjunto de factores. Debemos tomar decisiones lo más avanzadas posibles, en el marco del realismo y la madurez.

¿Y con respecto a la reacción de los empresarios nacionales, sobre todo los de Santa Cruz?

–La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia visitó al presidente Evo Morales y le dio su apoyo. En Santa Cruz se produjo una división de los sectores empresarios: el empresariado agrícola y el de los importadores. El empresariado nacional apoya la nacionalización.

¿Por qué la nacionalización se viabilizó vía decreto y no por ley del Congreso?

–La ley ya estaba dictada. Nosotros teníamos la nacionalización en el papel. El decreto ejecuta lo que dice la ley. Y en ello desata un proceso revolucionario, no es sólo decir “se acata la ley”: es establecer los mecanismos, ampliar la tributación, empezar a nombrar directores de las empresas que antes estaban dominados por las petroleras. Tenemos mayoría en las refinerías, en los ductos y en importantes emprendimientos. La ley sobre nacionalización era un instrumento pasivo que tiene con el decreto una presencia dinámica. Las Fuerzas Armadas también jugaron un papel importante.

¿En qué sentido?

–Primero para que la nacionalización se lleve a cabo de manera ordenada con los fiscales del Ministerio Público que veían cómo los fiscales de YPFB ingresaron a lo que fue la vieja administración. Las Fuerzas Armadas se quedaron afuera. Indudablemente jugaron un papel disuasivo para que el proceso nacionalizador se llevara adelante de manera ordenada y tranquila. Pero también tienen un carácter simbólico de enorme importancia. Es la fuerza popular y el poder de las Fuerzas Armadas articulados en una sola voluntad nacionalizadora.

¿Qué impacto prevé que tendrá el decreto en la región?

–Lo de Bolivia es una especie de consecuencia de lo que se hizo anteriormente en otros países, como la experiencia de negociación de contrato hecha en Cuba, donde tienen aproximadamente 50/50 por ciento de tributación, y una vez amortizadas las inversiones la ecuación es 80/20 por ciento, con tendencia a subir la participación del Estado. La legislación venezolana tiene parecidos con Cuba, pero a través de la formación de sociedades mixtas. Esto nos da un abanico de posibilidades para que Bolivia analice una situación mejor.

¿Qué otro caso merece atención en la región?

–Quiero poner de relieve la lucha de Ecuador. Es inconcebible que Ecuador haya sido un importante productor de petróleo durante décadas y no haya una sola refinería en ese país. Toda la producción de crudo que tiene Ecuador es para la exportación. Y la obligaron durante los últimos decenios a importar gasolinas, diesel y GLP. O sea que, entre la exportación de crudo y la importación de refinados, tiene un saldo casi cero. La lucha por la nacionalización que se ha dado en Bolivia ha de influir en Ecuador como también en la Argentina, donde el grupo Moreno envió una carta al presidente Kirchner pidiéndole que se revise la legislación, y apoya la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia.

Integración

Si Bolivia se integra al proyecto del Gasoducto del Sur, ¿en qué condiciones lo haría?

–En Puerto Iguazú expresamos que Bolivia está interesada con tres condiciones. Primera, que todo el gasoducto y sus implicancias sean llevados a cabo por empresas estatales. Acá hay un problema para Brasil, porque Petrobras entregó el 60 por ciento al sector privado. Tiene acciones privilegiadas la empresa estatal, pero hay un peso de las transnacionales en Petrobras. Y para que este proceso de integración se lleve adelante necesitamos que Petrobras transparente su relación con las empresas extranjeras. Concebimos al Gasoducto del Sur como una alianza sólo de empresas estatales. La segunda es que una porción importante del gas boliviano sea industrializado dentro de Bolivia. Y una tercera es que el gas de Bolivia que tiene como destino, por ejemplo, los consumidores de Buenos Aires o las termoeléctricas de Brasil, allí donde el gas genere utilidades esperamos tener un porcentaje.

¿Qué cambios económicos produciría la incorporación de Bolivia y Venezuela en el Mercosur, con el aporte energético que podrían hacer?

–Toda esta problemática de los hidrocarburos se genera en lo que un escritor boliviano, René Zabaleta Mercado, llamaba la “querella por el excedente”. ¿Quién se lleva la utilidad y en qué porcentaje? Si estos procesos logran que el excedente de los beneficios se reinvierta en nuestros países, será beneficiosa la integración de nuestras empresas estatales. Habremos logrado la articulación de nuestras empresas para lograr que el excedente no se lo lleven las petroleras privadas. Ese es el fondo del problema.

El mapa vacío

¿Qué plazo se puso el gobierno para abastecer de gas a la población?

–La idea es que en las fronteras que tiene Bolivia con la Argentina y Brasil se generen grandes emprendimientos industriales para vender no sólo gas natural sino también gas con valor agregado. Podemos instalar plantas de urea del lado boliviano para que la Argentina nos compre no sólo gas natural sino también urea. En las fronteras argentina y brasileña podemos vender termoelectricidad. El diesel ecológico tiene enorme mercado. Las utilidades que generen estos emprendimientos nos tienen que servir para los gasoductos internos, de Tarija a Santa Cruz, a Mataral, al Salar del Iuni y a departamentos alejados retardados en su desarrollo por falta de energía. Oruro y El Alto de La Paz son “puertos secos”, que con gas tendrían una capacidad productiva y exportadora notable. Convertiríamos a los gasoductos en un “torrente energético”. Todos los países tratan de tener un balance energético.

¿Bolivia también?

–Bolivia no lo tiene desde 1996, cuando se liquidó la empresa petrolera estatal. Estamos trabajando para tener el balance energético actualizado y lograr un cambio radical de nuestra matriz energética: queremos dejar de consumir diesel, gasolina, GLP y reemplazarlos por gas natural. Y tener mayores volúmenes de exportación de esos productos. La idea es tener para el futuro un mapa lleno de gasoductos e industrias internas con un fuerte peso de la industria agrícola también.