En septiembre de 2004, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 25.924 para impulsar las inversiones en bienes de capital. Esa norma brinda como incentivos la devolución anticipada del IVA correspondiente a los bienes u obras de infraestructura incluidos en el proyecto de inversión y/o la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. El mes pasado se ha publicado en el Boletín Oficial el listado de las empresas a las que se les aprobaron los proyectos presentados durante el año pasado (ver cuadro). Esos beneficios tienen por objetivo, según los promotores de ese régimen, estimular el desarrollo de nuevas inversiones que permitan el incremento de la productividad y el crecimiento del empleo.

La ley establece un cupo fiscal anual de 1200 millones de pesos. Ya se han presentado proyectos que superan los 8100 millones, según informó la Secretaría de Industria. La presencia del Estado orientando inversiones ha ganado consenso en los últimos años. En cambio, no resulta tan claro si los beneficios otorgados redundan en beneficios para toda la sociedad.

Si se analizan los proyectos aprobados hasta la fecha, se verifica que la creación de empleos directa es bastante pobre. Consultado por Cash, Enrique Martínez, titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, sostuvo que “esa iniciativa apunta a fortalecer la inversión en los sectores dinámicos, por ejemplo, insumos de uso generalizado (acero, aluminio, petroquímica) o filiales de empresas multinacionales”. Agregó que “ese tipo de producción es típica de industrias capital intensivas y, por lo tanto, eso explica la baja generación del empleo que viene asociada a esas inversiones”.

Martínez afirmó que “otro dato a tener en cuenta es que en la actual configuración de la estructura económica argentina, las multinacionales tienen un fuerte peso en esas industrias. Es una cuestión no menor dado que, esas empresas suelen dejar toda su área de investigación y desarrollo y buena parte de sus proveedores de insumos fuera del país. Esto significa que la cadena de valor no se implanta en el país sino solo en algunos segmentos”. Martínez concluye, entonces, que “los estímulos fiscales genéricos no son los instrumentos adecuados para inducir un desarrollo con alta capacidad de ocupación”. Para lograr dicho objetivo, en opinión del titular del INTI, se debería tomar sectores específicos (construcción a cargo de pyme, aprovechamiento integral de la forestación hasta los bienes de uso final, industria de indumentaria, de calzado, de electrónica, de entretenimiento) que tengan alta capacidad de absorción de mano de obra.

¿Las inversiones se hubieran producido igual en el caso de que no hubieran existido esos beneficios? La economista y diputada nacional por el Frente para la Victoria Mercedes Marcó del Pont responde que “esta ley se sancionó en un momento en que algunos sectores planteaban la existencia de cuellos de botella en la capacidad instalada de algunas áreas estratégicas. Si ahora consultamos el listado de las empresas que aprovecharon este régimen, probablemente podamos llegar a la conclusión de que las firmas igual hubieran realizado las inversiones si no contaban con los beneficios fiscales”. Como se puede observar en el cuadro, los mayores cupos fiscales fueron otorgados a Cargill o YPF.

Si bien la ley dispone un cupo fiscal de 200 millones de pesos para las pymes, por el momento son escasas las presentaciones aprobadas. Marcó del Pont manifestó que “muchas veces se sancionan normas que en teoría son buenas pero en la práctica muchas veces por problemas de logística, de asesoramiento, hasta de llenado de formularios, se tornan de difícil cumplimiento para las pymes”. Brindar señales seductoras a las inversiones extranjeras tuvieron su réquiem con la caída de la convertibilidad. Ahora, las ventajas fiscales que se brindan a las empresas radicadas en el país todavía no se traducen en mejoras en materia de empleo.