La decisión del gobierno indio de paralizar la privatización de las empresas públicas provocó dudas sobre el proceso de reformas y evidenció la vulnerabilidad del primer ministro, Manmohan Singh, frente a sus aliados de izquierda. Tras reunirse con la presidenta del Partido del Congreso, Sonia Gandhi, Singh cedió a las presiones de la izquierda y suspendió todos los planes de privatización hasta que sean revisados, desde la reforma de los aeropuertos hasta la paulatina desinversión en las empresas públicas.

Los 20 mil trabajadores de la eléctrica india Neyveli Lignite Corporation (NLC) de Tamil Nadu (sur de la India), que provocaron la crisis con tres días de huelga, volvieron al trabajo tras ganar su pulseada con el Ejecutivo central. El partido Dravida Munnettra Kazhagam (DMK), socio de la coalición gobernante y al frente del estado de Tamil Nadu, había amenazado con abandonar el gobierno por la decisión de vender el 10 por ciento del capital de la eléctrica, con el que se esperaba recaudar 500 millones de dólares.

Varias asociaciones empresariales indias, como la Confederación de la Industria India y la Asociación de Cámaras de Comercio, expresaron su decepción por la medida tomada por el gobierno, mientras el partido opositor BJP la consideraba una nueva muestra de debilidad del primer ministro. El presidente de la Federación de las Cámaras de Comercio e Industria de la India, Saroj Kumar Poddar, indicó que puede “enviar señales erróneas” y destacó la importancia del proceso privatizador para la liberalización económica del gigante asiático.

Nadie duda sobre la apuesta liberalizadora del primer ministro, arquitecto de las reformas económicas que a comienzos de los ‘90 abrieron la India al exterior tras décadas de regulaciones proteccionistas que estancaron su producción industrial, el comercio y la actividad financiera. En una reciente entrevista con EFE, Manmohan Singh dijo que “el proceso de reformas está siendo fortalecido, ampliado y profundizado en todos los niveles para estimular el crecimiento y generar oportunidades de inversión”. Tras asegurar que los últimos 15 años han sido un período de una “gran transformación” de la India, Singh afirmó que “el gobierno es consciente de la necesidad de completar la agenda de reformas con respecto al marco regulatorio en sectores como infraestructuras, petróleo, puertos, aeropuertos, electricidad y carreteras”.

Sin embargo, tras dos años en el gobierno, son cada vez más evidentes las tensiones entre el deseo reformista de Manmohan Singh con las posiciones de sus aliados de izquierda en el gobierno y sus socios comunistas en el Parlamento. A esas tensiones parece sumarse últimamente la mujer más poderosa de la India, Sonia Gandhi, presidenta de la coalición gobernante, quien ganó las elecciones del 2004 y renunció en favor de Manmohan Singh para evitar las críticas por su origen italiano. Aunque públicamente Gandhi no ha hecho comentarios en contra de su primer ministro, son conocidas sus posiciones más a la izquierda, como guardiana de la ortodoxia del Partido del Congreso, la fuerza que ha dominado la historia de la India independiente.

Según publican los medios indios, la decisión de dejar en suspenso el proceso privatizador fue aconsejada por la presidenta del Partido del Congreso, con quien consultaron tanto Singh como el jefe de gobierno de Tamil Nadu, M. Karunani- dhi, del DMK. Mientras, analistas indios señalan que la paralización del proceso privatizador puede poner en peligro a la propia economía india, lastrada por un fuerte déficit fiscal y necesitada de fuertes recursos para sus atrasadas infraestructuras. Saroj Kumar Poddar se mostró confiado en que el gobierno dará marcha atrás a su decisión en el momento preciso, “debido al interés general de la economía y el atractivo de la India para los inversores globales”. R. Seshasayee, presidente de la Confederación India de Industria, señaló que, “como son precisas grandes cantidades de inversión pública en áreas como educación, sanidad e infraestructuras, el gobierno podría afrontar importantes restricciones sin la desinversión”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.