A juzgar por las voces de la dirigencia del campo, la situación por la que atraviesa el sector agropecuario no podría ser peor. El descontento justificaría el lockout que, por acción u omisión, cuenta con el apoyo del grueso de los dirigentes de las cuatro entidades madre. Desde la salida del régimen de convertibilidad, las retenciones primero y las restricciones a las exportaciones de carne después exaltaron los ánimos de un sector acostumbrado al “toma todo” en la tómbola del reparto. En esa disputa, los técnicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) afirmaron a mediados de la semana pasada, en el lanzamiento de la muestra anual de la entidad, que la situación económica por la que atraviesa el sector es peor que la vivida durante el régimen de convertibilidad. ¿Es realmente así? ¿Las explotaciones agropecuarias son menos rentables ahora que durante los ’90? ¿Las ganancias extraordinarias que beneficiaron al campo tras la devaluación dejaron de existir?

Es difícil pensar que la economía como ciencia pueda dar una respuesta objetiva a estos interrogantes, al fin y al cabo se trata de una ciencia social y, en el capítulo impositivo, de una relación de fuerzas. El contexto de las preguntas, la disputa campo-gobierno, tampoco resulta neutro, lo que enturbia aún más esa pretensión. Sin embargo, los números puros resisten menos las interpretaciones contradictorias. La renta agropecuaria no es un arcano, puede definirse y cuantificarse y, en consecuencia, compararse entre períodos.

Para el economista Guillermo Flichman, docente de la Escuela de Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la UBA, la renta agraria es la diferencia entre el precio de producción en la economía local, que incluye tanto los costos como la ganancia media del capital, y el mismo precio en la economía mundial. La concepción es ricardiana en esencia porque la renta surge de las diferencias de fertilidad del suelo o, dicho de otra manera, los mismos factores productivos aplicados a producir en suelos distintos producen cantidades diferentes de producto.

Sin embargo, esa definición presupone que costos y ganancias son los mismos en todos los países, lo cual no se verifica en la realidad. En un trabajo publicado recientemente en Realidad Económica, Javier Rodríguez, docente de economía agropecuaria de la UBA, y Nicolás Arceo, investigador de Flacso, suman a este concepto de renta las “ganancias extraordinarias”, aquellas que se originan en los costos de los factores, como por ejemplo la mano de obra más barata o una mayor ganancia media.

En una investigación sobre La renta en las tierras pampeanas Jorge Ingaramo, director de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, presenta una definición similar: la renta es la diferencia entre los ingresos y los costos de producción, incluyendo en los costos un “beneficio normal” igual al obtenido en otras áreas de la economía.

Definida la “renta” el paso siguiente es evaluar su magnitud, tanto durante los ’90 como después de la devaluación. Para Rodríguez y Arceo, la renta apropiada por el sector agropecuario tras la devaluación se multiplicó por más de 5 medida en pesos, con lo que el promedio de renta por hectárea pasó de 72 pesos durante la convertibilidad a 370 en la post convertibilidad (hasta el año 2004). El cálculo contiene también un resultado en principio paradójico: la menor apropiación de renta durante los ’90 estuvo asociada a una mayor transferencia de valor agregado desde el campo hacia el resto de la sociedad. Y ello cuando no existían retenciones y a nadie se le ocurría relacionar valores de exportación con consumo interno. Según los investigadores, la paradoja reside en que “cuando más generalizadamente la sociedad observa que la economía depende en gran medida de la evolución de su sector agrario es cuando los productores agropecuarios realizan menores transferencias de renta al resto de la economía”.

En tanto, la investigación de la Bolsa de Cereales, que se basa en la rentabilidad de los cuatro cultivos principales, muestra que el resultado obtenido entre las campañas 1991/92 y 2000/01 fue un ingreso total promedio anual de 5284,3 millones de dólares, de los cuales 1003,2 millones –promedio anual– fueron renta. Para las tres campañas post convertibilidad, de la 2001/02 a la 2003/04, los ingresos totales promedio anuales fueron de 7850,7 millones de dólares, de los que fueron renta 3029 millones por año. Dicho de otra manera, entre la convertibilidad y la post convertibilidad la renta agrícola en dólares se triplicó. El dato paradójico en este estudio es que la renta no disminuyó año a año luego de la devaluación, sino que fue aumentando, pasando de 2500 a 3305 millones, siempre de dólares.

A su vez, dentro de la convertibilidad se distinguen dos subperíodos; entre 1991/92 y 1997/98, en el que la renta por hectárea sembrada fue de 78,7 dólares, y entre 1998/99 y 2000/2001, con una renta de sólo 2,7 dólares por hectárea. Finalmente, en los tres años post convertibilidad la renta por hectárea alcanzó los 125,4 dólares promedio. En tendencias y porcentajes, esto significa que la renta cayó el 77 por ciento entre puntas durante la convertibilidad y creció el 121,6 por ciento en los tres años posteriores “reflejando claramente el aumento de precios internacionales y la coyuntura favorable que el tipo de cambio muy alto representó”, afirma Ingaramo.

Aunque el trabajo de la Bolsa de Cereales es contundente, la institución no parece contenta con sus resultados. Fuentes de la entidad consultadas por Cash sostuvieron que en las dos últimas campañas las cosas cambiaron y que la tendencia mostrada por la investigación de 2004 se habría revertido completamente, tanto por el aumento de los costos internos como por la baja de los precios internacionales. En consecuencia, la renta por hectárea se encontraría actualmente por debajo de los 65 dólares, un valor menor al promedio de las últimas quince campañas. La afirmación, sin embargo, no forma parte de un estudio sistemático.

Además de la mayor renta directa, existen también algunos indicadores indirectos que confirmarían los mayores ingresos del sector, por ejemplo la evolución del precio de la tierra en la zona productora núcleo, un indicador que, a su vez, puede ser fuente de ganancias (o pérdidas) patrimoniales. Al margen de las volatilidades de corto plazo producidas por factores especulativos, el valor de la tierra, al igual que el de un activo financiero o cualquier bien de capital, varía en función de la rentabilidad de períodos actuales y futuros de la producción descontados a una cierta tasa. Por lo tanto, si la renta agraria crece, es esperable que el precio de la tierra crezca. Y esto es lo que sucedió. Sobre las base de las cotizaciones inmobiliarias, Rodríguez y Arceo calcularon que entre 1991 y 2001 el precio promedio de la tierra en la zona productora núcleo fue de 3530 dólares por hectárea, mientras que entre 2002 y 2004, el promedio llegó a casi 4170 dólares, lo que implica una ganancia patrimonial de más del 18 por ciento en moneda dura.

En síntesis: desde la campaña 2001/02 el campo obtiene una renta total al menos tres veces más alta que durante los ’90, transfiere menos recursos al resto de la sociedad y consigue ganancias patrimoniales por la revalorización en dólares de sus activos.

CONVERTIBILIDAD Y EL MODELO DEL DOLAR ALTO

Cómo se redistribuye la renta

Por C.S.

Uno de los aspectos más ricos de la investigación de Rodríguez y Arceo no es solo la determinación de la magnitud de la renta del campo, sino cómo esta renta se “redistribuye” en el conjunto de la economía. La riqueza del análisis reside en las consecuencias macroeconómicas de esta redistribución y en la lógica que la sustenta.

Desde principios de los ’90 los mecanismos de redistribución de la renta agropecuaria fueron esencialmente dos: la sobrevaluación de la moneda durante la vigencia de la convertibilidad y la aplicación de retenciones a partir de 2002. Un punto clave es que la renta agropecuaria local basada en las condiciones estrictamente naturales de la región pampeana en relación con el resto del mundo no dejó de existir bajo el régimen de convertibilidad para reaparecer con la devaluación. No existió una disminución de la productividad física. Aunque en un contexto de concentración de la propiedad, las ventas al exterior de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario pasaron de 6000 millones de dólares a comienzos de la década pasada a 14.000 a fines de la convertibilidad.

La producción agrícola, en tanto, creció a una tasa acumulativa anual del 4,7 por ciento. Lo que sí ocurrió fue que la sobrevaluación determinó la transferencia de parte del excedente a otros sectores de la economía a través del abaratamiento relativo de los bienes transables, es decir, aquellos que, como los agropecuarios, pueden venderse en el exterior. A la vez, este menor precio de los productos alimentarios compensó parcialmente, en términos de poder de compra, la disminución de los salarios reales en un contexto de aumento del desempleo. Ello significa que “las extraordinarias tasas de beneficio obtenidas por las empresas privatizadas, los grandes grupos económicos y el sector financiero se sustentaron en buena medida en la apropiación de una porción significativa de la renta agraria”.

De acuerdo con el cálculo de Rodríguez y Arceo estas transferencias al resto de la sociedad alcanzaron el 37,9 por ciento hasta el año 1998 para reducirse luego al 29 por ciento por la caída de los precios internacionales. Si se hace una analogía con las retenciones actuales, estas transferencias equivalen a haber establecido durante toda la vigencia de la convertibilidad retenciones con una alícuota del 35,2 por ciento, una transferencia muy superior a la hoy existente y que vuelve paradójica la actitud de la dirigencia del agro entonces y ahora.

En términos macroeconómicos esto significa que el margen para ampliar la imposición sobre el agro –sobre su renta, no sobre su ganancia– es todavía significativo. Sucede que la existencia de renta determina lo que a principios de los ’70 fue definido por Marcelo Diamand como “estructura económica desequilibrada”, con un sector agropecuario más competitivo internacionalmente que la industria, pero como se explicó, no por su eficiencia intrínseca, sino por la existencia de una elevada “renta natural”.

Por ejemplo, si el Estado hubiese querido captar la totalidad de la renta agraria, en particular la pampeana, durante la campaña 2003/2004 las retenciones tendrían que haber sido del 52,2 por ciento. El problema es que si el tipo de cambio efectivo expresa la rentabilidad del agro, queda sobrevaluado en relación con la industria, que carece de la mencionada renta. Reducir la renta agropecuaria por la vía impositiva, entonces, resulta indispensable en términos de la eficiencia económica global, es decir, del desarrollo conjunto de un sector industrial competitivo.