La Cámara de Diputados está discutiendo en comisión un proyecto de ley para la promoción del hidrógeno. Esta iniciativa, como la Ley de Biocombustibles que recientemente se votó en la Cámara, es reflejo del lugar central que la estrategia energética nacional ha tomado en la agenda política. ¿Pero exactamente qué es el hidrógeno? ¿Cuál es el rol que podría tener en el panorama energético nacional? ¿Qué lecciones podemos aprender de experiencias en otros países?

El hidrógeno no es en sí mismo una fuente de energía; es, como la electricidad, un portador de energía. Internacionalmente, el principal interés en el hidrógeno es como combustible para vehículos. Para propulsar un vehículo, la energía contenida en el hidrógeno puede ser convertida en energía térmica en el cilindro de un motor de combustión interna, o en electricidad a través de una célula de combustible. En el largo plazo, el deseo tanto de las compañías de autos como de gobiernos y grupos medioambientales es de llegar a la comercialización de vehículos a célula de combustible (VCC).

Para la industria, los VCC tienen el potencial de competir exitosamente con los vehículos estándares a gasolina, dado que ofrecen al consumidor beneficios adicionales. Los costos de producción y mantenimiento de los VCC podrían a su vez ser menores, al permitir la reducción del número de partes móviles y el rediseño del chasis. Los beneficios sociales de la adopción del hidrógeno son múltiples e incluyen menores emisiones de contaminantes (de hecho, los VCC no emiten ninguno), un menor impacto en el calentamiento global (la total emisión de gases efecto invernadero depende de la forma en que el hidrógeno es producido), y una mayor independencia energética (el hidrógeno puede ser producido a partir de fuentes de energía locales, como energías eólica o solar, biomasa, y gas natural).

Aun cuando el hidrógeno pareciera la mejor opción en tiempos en que la cotización del barril de petróleo ha mostrado una sostenida tendencia alcista y ha superado repetidamente los 70 dólares, todavía quedan cuestiones por resolver. En primer lugar, una transición al hidrógeno involucraría una fundamental reestructuración de los dos sectores industriales más poderosos: la industria automotriz y la petrolera, con todas las consecuencias institucionales, económicas, y políticas que ello implicaría.

Durante los últimos cuatro años, el Instituto de Estudio de Transportes de la Universidad de California en Davis ha estado estudiando las diferentes facetas de una hipotética transición al hidrógeno. Los estudios muestran que los principales desafíos son el de mejorar la vida útil y reducir el costo de las células de combustible (una compañía líder proyecta costos competitivos alrededor del 2015), incrementar la capacidad de almacenamiento de hidrógeno a bordo (la mayoría de los prototipos actuales lo almacenan en forma gaseosa en tanques muy seguros de alta presión, pero esperan desarrollar sistemas de almacenamiento sólido para los modelos comerciales), y crear un sistema de distribución de hidrógeno al consumidor. En este último punto, la participación del Gobierno es fundamental.

El hidrógeno podría tener un rol importante en una estrategia energética nacional a largo plazo, entre otros motivos porque permitiría una mayor diversificación de la matriz energética y porque nos podría independizar de combustibles fósiles del exterior. Sin embargo, la definición de este rol debe ser acordada con inteligencia y cierta cautela. Abundan los ejemplos de proyectos (incluso en nuestro país) que han intentado vender más de lo que el hidrógeno puede ofrecer. Aun cuando muchos ambicionamos que, en el largo plazo, el hidrógeno sea producido a partir de fuentes de energía renovable, los costos involucrados aún no son siempre competitivos. Esto es particularmente cierto cuando, una vez producido, el hidrógeno debe ser transportado por grandes distancias hasta los centros de consumo. Por eso, hoy por hoy, un gran desafío reside en encontrar mercados viables para el uso de hidrógeno. En esta tarea, los gobiernos pueden colaborar estableciendo mecanismos de estímulo, como incentivos fiscales, fondos para investigación y desarrollo, y canales de transferencia tecnológica. En el país ya hay gente llevando a cabo trabajos interesantes, como Miguel Laborde y su equipo en la Universidad de Buenos Aires. Sería importante promover este tipo de actividades dentro de una política de investigación y desarrollo coherente en el marco de una estrategia energética nacional.

* Universidad de California en Davis.