A cuatro meses de la implementación del traspaso del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupado (Pjjhd) hacia el Seguro de Capacitación y Empleo (SCE) y el Plan Familias (PF), cerca del 10 por ciento adhirió al primero y casi un 50 por ciento al segundo en los municipios donde se habilitó. El objetivo es que de los 1,3 millón de Jefes, el Seguro absorba personas con condiciones de empleabilidad y el Familias, a los pobres estructurales. Un estudio del Ceil Piette del Conicet solicitado por las secretarias de Empleo (Ministerio de Trabajo) y de Políticas Sociales y Desarrollo Humano (Desarrollo Social), calcula que no todos están en condiciones de hacer el traspaso: poco más de 750 mil podrían adherir al PF, unos 400 mil son potenciales beneficiarios del SCE –calculado en base a criterios flexibles de edad y nivel educativo–, y más de 250 mil quedarían fuera de ambos programas por no reunir los requisitos estipulados.

Desde la perspectiva de Trabajo, el Plan Jefes tuvo un impacto positivo sobre los beneficiarios. La evaluación de ese programa hecha este año muestra que, entre los beneficiarios, la pobreza bajó del 95 al 74 por ciento y la indigencia del 61 al 32 por ciento en cuatro años y el 41 por ciento se incorporó a un trabajo registrado, aunque el 34 por ciento lo mantiene entre dos y cuatro meses y el 44 por ciento gana menos de 350 pesos. Los más jóvenes, sobre todo los varones, tuvieron más suerte para insertarse laboralmente, más aún si contaban con experiencia laboral previa.

Cash reunió a Julio Neffa, director del Ceil Piette, y a Emilia Roca, directora general de Estudio y Formulación de Políticas de Empleo (Ministerio de Trabajo) para que analicen los efectos del Plan Jefes en los beneficiarios, la viabilidad de ingresar a los nuevos programas y recuperar desde allí las capacidades laborales para integrarse al mercado.

¿Qué impacto tuvo el Plan Jefes en los beneficiarios?

Emilia Roca: –El ministerio hizo dos evaluaciones. En la segunda hicimos hincapié en la experiencia anterior de los beneficiarios, cuán activos eran en la búsqueda de empleo y las características de esa búsqueda. Entre los jóvenes había un 70 por ciento de búsqueda de empleo y entre las mujeres, un 50. Los mayores es donde más restricciones hay. Esos resultados van en sentido contrario de lo que se formó en la opinión pública y en los medios, de que esta gente lo único que sabe es recibir los 150 pesos.

Julio Neffa: –Una posibilidad de contraprestación era en actividades educativas y la cifra no llega al 10 por ciento, lo cual fue un derroche de recursos. Si el sistema educativo hubiera contribuido a la alfabetización y formación profesional, más de un millón y medio de personas podrían haber actualizado sus conocimientos.

E.R.: –Más que derroche, escasez de recursos.

J.N.: –Pero sí de recursos humanos. Fue una falta de previsión total. Ahora hay que resolverlo de alguna manera.

¿Cómo caracteriza a los beneficiarios en base a su capacidad de inserción en el mercado de trabajo?

J.N.: –Los que siguen hoy en el Plan son realmente vulnerables y merecen una atención especial por parte de las autoridades.

¿Cuáles son las proyecciones de incorporación a los nuevos programas?

J.N: –Va a depender de la voluntad política del sector público. Con el correr del tiempo va a haber un porcentaje de beneficiarios en el Seguro de Capacitación y Empleo, aunque no tan elevado como uno quisiera por las restricciones que presenta. Otro grupo va a ir al Plan Familias, donde habrá un porcentaje importante de mujeres. Pero aun cuando voluntariamente la gente quiera pasar a estos programas, va a quedar un grupo importante de beneficiarios que no van a incorporarse a ninguno, lo cual va a implicar una necesidad muy fuerte de formular políticas donde los dos ministerios (Trabajo y Desarrollo Social) actúen conjuntamente.

¿Qué pasará con los que no reúnen los requisitos de empleabilidad para acceder al Seguro?

J.N.: –Nadie es inempleable. La inempleabilidad no es algo natural, es la consecuencia de la deserción del sistema escolar, de no tener apoyo. No hay que pensar que los que irán al Plan Familias son inempleables.

E.R.: –Claro.

J.N.: –Será un proceso largo, no es fácil que la gente renuncie a la seguridad de los 150 pesos.

E.R.: –La Argentina no había vivido una crisis como la de 2001/2002 que creó esta masa de gente muy vulnerable y excluida. No es fácil atender a 2 millones de personas. Para nosotros el empleo es la manera de romper la vulnerabilidad y estamos comprometidos con que los puestos generados sean de mayor calidad, protegidos, con salarios adecuados y seguridad social. Hasta ahora esto es una utopía porque el mercado de trabajo vivió 30 años de deterioro.

Sin embargo, el sector que más absorbe a los beneficiarios –construcción– tiene un alto grado de empleo precario.

E.R.: –La construcción está haciendo una transformación importante en término de la calidad de empleo. Y hay un esfuerzo del Ministerio de Trabajo desde la inspección y el control de las condiciones laborales, pero también los empresarios deben hacer un esfuerzo. Su compromiso social debe ser generar empleos de calidad. Tenemos un mercado perverso por el comportamiento empresario. La otra cuestión es que los beneficiarios que están cumpliendo tareas en los municipios puedan incorporarse a un trabajo formal en la actividad pública.

J.N.: –El problema es que los requisitos para ser empleado municipal están por encima de las calificaciones de los beneficiarios, aunque estén en condiciones de asumir el puesto. Las personas, que ya están haciendo un trabajo, no pueden acceder por una exigencia de sobrecalificación.

El decreto habla de “beneficiarios con posibilidades de empleo”, ¿cuál es la concepción de empleabilidad que se maneja?

J.N.: –La visión tradicional ponía el acento en la oferta y se culpaba al que no accedía al empleo. Hoy, la demanda de trabajo tiene un papel muy importante. La empleabilidad depende también de la política macroeconómica. Si genera un cambio desde ese punto de vista, el Seguro tendría que dar buen resultado, aunque es necesario un aporte mayor de recursos del Ministerio de Trabajo porque actualmente no está en condiciones de ocuparse de 400 mil desocupados. Los sindicatos deberían cumplir un papel más importante. Y la primera responsabilidad social de los empresarios debería ser crear empleo, más que cuidar las plazas o poner bebederos.

Viendo el ritmo que presenta el traspaso al Seguro de Capacitación, ¿qué hará para que ese programa logre absorber los 400 mil beneficiarios que calcula el Gobierno?

E.R.: –No partimos de un número estricto, tratamos de hacer una clasificación en términos de las características de las personas para establecer quiénes están más cerca de encontrar empleo y a quienes hay que dar asistencia adicional o por más tiempo. Además, el traspaso es voluntario y la gente sabe qué programa le conviene porque no es tonta, maximizó el Plan Jefes combinando trabajo precario con la asignación. No hay que subestimar ni ser tan paternalista.

¿Cómo se recuperan los hábitos de trabajo que perdieron los desocupados?

J.N.: –Aunque se hable en contra de las políticas focalizadas, la clase obrera desocupada es muy heterogénea y una política de tipo general no sirve. Las mujeres con muchos hijos y baja formación profesional son discriminadas por el mercado de trabajo. A ese sector no se le puede dar la misma atención que a una joven que sale de una escuela secundaria.

E.R.: –Más que políticas focalizadas, tienen que ser políticas diferenciadas.

J.N.: –Lo que cuenta es la heterogeneidad.

E.R.: –La focalización en los noventa fue atender a los más pobres entre los pobres, a los otros el mercado los volvía a absorber.

¿Qué posibilidad existe de que los beneficiarios del Familias ingresen al mercado de trabajo?

E.R.: –Recibimos quejas de que las mujeres con hijos van a un reservorio.

J.N.: –La pregunta es cuál es el destino final de los beneficiarios que irían al Familias. Nuestro estudio recomienda tomar políticas para que esos beneficiarios no queden alejados de acceder al mercado.

¿Qué políticas habría que impulsar ante esos casos?

J.N.: –Las políticas de empleo de los noventa eran pasivas. El Seguro de Capacitación tiene la posibilidad de pensar en políticas activas de empleo. Esa gente no está distribuida geográficamente de manera equitativa, está concentrada en determinados lugares.

E.R.: –El ministerio (de Trabajo) tiene una gran representatividad territorial con 35 oficinas de empleo, una por provincia y varias en el Gran Buenos Aires. Tenemos una deuda en el desarrollo de oficinas de empleo. Se está trabajando en un proyecto de fortalecimiento para habilitar 103 este año y así tener un buen perfil de demanda de las empresas y ajustar estos perfiles a la oferta.