Un estudio, realizado por el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (Intec) de la Universidad Nacional del Litoral, reveló que en los últimos 20 años se ha producido una disminución del 50 por ciento de los recursos ícticos del río Paraná. Un caso alarmante es la depredación del sábalo, pez que tiene una importancia económica indudable: ocupa el primer puesto en el ranking de exportaciones de recursos pesqueros de río. A su vez, es el segundo pescado más exportado por la Argentina detrás de la merluza. Además, el sábalo es la base de la cadena alimentaria de otros peces que tienen un mayor valor alimentario y económico, como es el caso del dorado, el surubí, el patí y el bagre.

Los especialistas explican que la causa principal que pone en riesgo la supervivencia del sábalo es la explotación intensiva que realizan las empresas acopiadoras y exportadoras de pescado. Existen 12 plantas frigoríficas que se encuentran instaladas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Los camiones frigoríficos diariamente llegan a las costas del río Paraná para llevarse hasta 30 mil sábalos por día. Según estadísticas oficiales, las exportaciones de pescados del Paraná argentino han registrado un crecimiento exponencial en los últimos años. Las cifras indican que las ventas al mercado mundial han trepado de 3000 toneladas en 1993 a casi 40.000 en el 2004.

El notorio aumento de las exportaciones se debió fundamentalmente al nuevo escenario luego de la caída de la convertibilidad. En la actualidad, el 80 por ciento del pescado extraído del río se destina a los mercados internacionales (los destinos principales son Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Nigeria). Además, el crecimiento de las exportaciones argentinas se vio potenciado por la decisión tomada por algunos países (Colombia, Brasil, entre los principales) que prohibieron la pesca de especies similares al sábalo. Estas naciones tomaron esas medidas aduciendo la necesidad de salvaguardar la sustentabilidad de sus recursos pesqueros.

En general, los actores del sector coinciden en señalar que la escasa presencia del Estado como regulador de la actividad incentivó la sobrepesca. A esta altura parece evidente que la imposición de una lógica puramente mercantil está poniendo en peligro la conservación de la riqueza pesquera. Lo alarmante de la situación ha generado algunas iniciativas, por parte de los poderes del Estado, que intentan revertir los actuales problemas.

En ese marco, mediante el dictado de la resolución 38, del 26 de enero de 2006, la Secretaría de Agricultura instruyó al Senasa, para que suspenda la tramitación para la habilitación de nuevas plantas frigoríficas que procesen pescados de agua dulce provenientes de la subcuenca del río Paraguay-Paraná (que comprende las provincias Misiones, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Buenos Aires). Otra iniciativa fue una ley sancionada, en los primeros días del año, por la Legislatura santafesina prohibiendo la pesca comercial por 90 días. También, diputados del Frente Para la Victoria han presentado un proyecto de ley en el que solicitan que se declare el estado de emergencia de la actividad de pesca de río. En la iniciativa se resalta que: “bajo el paradigma del derecho del desarrollo sustentable es necesario que el Estado recupere su rol regulador, compensador y activador, que fije políticas, que defina prioridades y siga cursos de acción respaldados socialmente en reglas de juego que definan los derechos y deberes de los múltiples sectores sociales involucrados y cuenten con instituciones encargadas de que las reglas de juego sean respetadas”

Por último, en los primeros días de enero 2007 –a pesar de las presiones de los frigoríficos exportadores y los pescadores– Felisa Miceli resolvió suspender las exportaciones de las especies comerciales (sábalo, surubí, boga, tararira) del río Paraná durante ocho meses. El tiempo dirá si esta resolución ministerial es suficiente para recuperar las especies pesqueras que los organismos técnicos han definido como “en estado de riesgo”. La necesidad de compatibilizar el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo de actividades económicas una vez más se ponen en juego.