Las recientes conclusiones emitidas por el Panel Intergubernamental de la ONU sobre cambio climático no distinguen entre las particularidades energéticas por país o región, ni entre sus necesidades de desarrollo socioeconómico en función de la desigualdad del ingreso. Mucho menos los distingue por su cuota de responsabilidad –más allá de reproches formales–, ni define acciones compensatorias a los afectados inmediatos.

En efecto, y dado que la generación eléctrica es en gran medida producida a partir de combustibles fósiles (no renovables) –principal emisor de gases de efecto invernadero–, los países del globo están llamados a reducir su consumo energético, a aplicar costosos programas de ahorro y utilización eficiente de la electricidad, destinar voluminosas subvenciones y presupuestos como esfuerzos científicos a la urgente aplicación de tecnologías renovables. Una vez más, la visión de los países industrializados prima sobre los denominados “emergentes” y encuentra a América latina sin una respuesta propia a la problemática energética y medioambiental.

La Unión Europea atraviesa un período sombrío en ambos aspectos. Alrededor del 80 por ciento de la energía consumida proviene del petróleo, gas natural y carbón. Los dos primeros importados en un 50 por ciento, con pronóstico de alcanzar un 75 por ciento en 2020 y 80 por ciento en 2030 (Comisión Europea-BP, 2006). Solamente de gas natural importa de Rusia un 25 por ciento del total consumido. En relación con el medio ambiente, el Viejo Mundo deja mucho que desear: luego de Estados Unidos es la segunda región más contaminante del planeta, responsable de un 15,3 por ciento de la emisión de dióxido de carbono (principal gas causante del efecto invernadero).

A principios del año pasado los 25 países que la componen decidieron reducir su consumo energético un 9 por ciento como mínimo hasta 2017. En el marco de la directiva 2005/32/EC, cada Estado miembro deberá presentar un plan de racionalización energética sobre equipos eléctricos, electrónicos y de calefacción. Hoy, los equipos que utilicen grandes cantidades de energía deberán diseñarse bajo el criterio de consumo eficiente y diseño ecológico.

De la matriz de consumo mundial por fuentes de energía primaria, el 88 por ciento proviene de los combustibles fósiles, 6 por ciento de la nuclear e igual porcentaje de la hidráulica. América latina no es la excepción: la participación de los primeros se ubica en un 76 por ciento, aunque sí cobra gran relevancia la hidráulica, con un 23 por ciento (la más alta del mundo).

Consecuencia del desarrollo socioeconómico desigual (segundo luego de Africa Subsahariana), la desindustrialización generalizada y la pobreza e indigencia, América latina destaca por ser una de las regiones que menos gases de efecto invernadero emite y menos consumo de energía per cápita registra. Por consiguiente, ¿debe aceptar y aplicar iguales programas medioambientales o energéticos que Europa y países OCDE? ¿Disminuirá el “contaminante” flagelo de la pobreza con restricciones energéticas? ¿Será viable equilibrar el Mercosur a través de la nivelación industrial entre sus pares con “ahorro energético a la europea” o a través de la aplicación indiscriminada de renovables? ¿Qué energías alternativas conviene a la región? En principio, es innegable la necesidad de aumentar exponencialmente el consumo energético, pues restringirlo equivaldría al suicidio.

América latina se debe una política energética y medioambiental propia, diferente a la europea que ha fracasado estrepitosamente. Debe trabajar unida para alcanzar la plena autodeterminación tecnológica y energética (del tipo que sea), más aún si se piensa en fuentes alternativas. En sintonía con el flamante presidente ecuatoriano: “la región no vive una época de cambio sino un cambio de época”, considerar a la energía como un bien social estratégico resulte tal vez el único camino hacia la preservación medioambiental priorizando su consumo universal, la industrialización, el pleno empleo y la justicia social.