No siempre los temas sectoriales y menos aún aquellos vinculados con el sector agropecuario son considerados de interés general por los medios. Tuvo que producirse el viaje de Bush a Brasil y la firma de una serie de acuerdos con el presidente Lula vinculados con la producción de los “agrocombustibles” (un término más correcto que el “marketinero” biocombustibles) para que el tema de la sustitución del petróleo por etanol y otros combustibles de origen agropecuario adquiriera la calificación de “estratégico”.

Se trata de un plan aparentemente muy conveniente para Estados Unidos: que en Latinoamérica se elaboren commodities de origen agropecuario para la producción de etanol y otras fuentes energéticas contribuyendo de este modo a que ese país reduzca su actual dependencia de fuentes petrolíferas externas. Es decir, bajar la dependencia de países que considera conflictivos, como Venezuela, Irak, Irán, Arabia Saudita, y que hacen de este comercio un problema. Da la impresión de que la decisión de que se utilice la tierra de nuestra región para producir combustibles ya está tomada e impulsada por una serie de grandes intereses vinculados con los agronegocios y con la industria automotriz. La caña de azúcar, el maíz, la soja con una industrialización muy simple pueden tener como destino el tanque de nafta de los países de grandes consumos de energía que, además, es el modelo que pasivamente se adopta en nuestros países.

¿Por qué oponerse si nuestra región siempre ha sido productora agraria y esta salida supone un proceso que la beneficiaría? Los primeros interrogantes que apelan al sentido común son:

n ¿Se trata de una región de autosuficiencia en la producción y distribución alimentaria?

n ¿Se han erradicado el hambre y la desnutrición en Brasil, México, Guatemala, Argentina?

n ¿Es la tierra un recurso ilimitado donde la frontera agraria se puede expandir sin problemas? (Como parece creer nuestra ministra de Economía.) El asunto viene engañosamente teñido de “verde” (de allí lo de bio) de la mano de Al Gore, aduciendo que presumiblemente podrían reducirse en algo las emisiones que inciden sobre el recalentamiento mundial. No se trata, entonces, de cuestionar el modelo de circulación impuesto desde la posguerra sino de resolver el problema de cómo se lo sigue alimentando. Hace más de 30 años el pensador Iván Illich decía que en el momento en que una sociedad se hace tributaria del transporte individual se pone de manifiesto la contradicción entre justicia social y energía motorizada.

La otra cara de esta decisión estadounidense y la asociación con gobiernos de la región son las consecuencias en las poblaciones. Si se sigue dejando la cuestión agraria y alimentaria en manos de las decisiones de las grandes corporaciones del agronegocio, no se resolverá el problema alimentario sino que, por el contrario, se empeorará.

La gran paradoja de América latina es que pasó de ser un gran productor de alimentos a perder la autosuficiencia alimentaria. El maíz mexicano fue desde antes de la llegada de los españoles la alimentación básica de esos pueblos y, como dice el especialista Armando Bartra, por la irresponsabilidad de los tecnócratas neoliberales en los ochenta terminan dependiendo de las importaciones del gran vecino. Los granos argentinos que alimentaron a su población y al mundo pasaron a convertirse en commodities y niños y jóvenes pobres sufren las consecuencias de la desnutrición.

¿Y qué pasa con la tierra? Tal como lo destaca Raúl Zibechi, está en peligro la Amazonia brasileña y la ruina de millones de campesinos, pero también los argentinos corren el peligro de una expansión de la frontera agraria aun peor de la que venimos alertando desde hace tiempo. Todo en aras de modificar las relaciones entre el Sur y el Norte de las Américas a conveniencia del Norte. Es decir, América latina, sin resolver el problema alimentario, sin cambiar el rumbo de la devastación ecológica de sus territorios, corre a ponerse en la fila del nuevo modelo de los agrocombustibles y lo más doloroso es que lo hace de la mano de gobiernos que se denominan “progresistas”.

Más de 500 representantes de organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, movimientos ecologistas y urbanos de 80 países se reunieron en el pueblo de Nyéléni en Selingue, Malí, para fortalecer el movimiento global para la soberanía alimentaria. Por soberanía alimentaria se entiende “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

El nuevo dilema que se suma a los viejos problemas es, entonces, entre los agrocombustibles y la soberanía alimentaria de nuestros países.

* Socióloga y economista. Instituto Gino Germani, UBA.