Las verduras están golpeando con dureza la política oficial de control de precios. En agosto, aumentaron 7,4 por ciento y acumulan un 26,3 en lo que va del año, sólo tomando en consideración la inflación que registra el Indec. Si la escalada continúa, el acceso de la población a la canasta básica alimentaria será cada vez más difícil y eso se traducirá en mayores niveles de pobreza e indigencia en caso de que los ingresos no acompañen esa suba. Las heladas registradas en varias provincias afectaron la cosecha de productos clave, como la papa, el tomate, los zapallitos y la lechuga, pero el frío no es el único responsable. En los últimos años muchos productores hortícolas decidieron pasarse a la soja para incrementar su rentabilidad, vender sus tierras a desarrolladores inmobiliarios o privilegiar las exportaciones en detrimento del consumo interno. Frente a la disminución de la oferta el Gobierno intervino en el Mercado Central para intentar controlar los precios, sin haber obtenido resultados, más allá de algunas ofertas puntuales que se publicitan todas las semanas.

La verdura de hoja que se consume en Capital y Gran Buenos Aires, por ejemplo, es cultivada fundamentalmente por pequeños campesinos informales en las afueras de La Plata y en el corredor Escobar-Pilar-Moreno. En pleno invierno esas zonas fueron golpeadas por el frío. A la nieve caída el 9 de julio se le sumaron cerca de sesenta heladas. Sin embargo, la restricción de la oferta también contempló causas estructurales. Luego de la devaluación, una parte de la comunidad boliviana que se dedicaba a estos cultivos se retiró del negocio por la caída de la rentabilidad en dólares. La salida se concretó rápidamente porque, a diferencia de las plantaciones de fruta, no se necesita montar una gran infraestructura para operar. El proceso se combinó además con un avance de la superficie urbana que está llevando a los countries a desplazar a las quintas. Una de las excepciones se produjo en el municipio de Moreno, donde el gobierno comunal fomentó el desarrollo de emprendimientos hortícolas facilitando tierras e insumos a un conjunto de cooperativas.

En el caso de la papa también se conjugan factores coyunturales excepcionales con la falta de previsión por parte del Estado. Las heladas en Córdoba y Tucumán quemaron gran parte de la producción que tradicionalmente comienza a ingresar al Mercado Central a partir de agosto. Cuando los productores del sudeste de Buenos Aires se enteraron del daño que provocaron las heladas en el interior, comenzaron a subir el precio para obtener un beneficio extra. Sin embargo, el faltante que se registra actualmente también tiene entre sus causas el avance de la soja y el maíz sobre zonas tradicionalmente paperas.

A los productores les conviene dedicarse a un cultivo extensivo que requiere poca mano de obra, en lugar de apostar por la horticultura, sobre todo con los precios record que alcanzaron los commodities en los últimos años. La misma decisión tomaron muchos productores de tomates, batata, cebolla y verduras de hoja. Frente a esta situación, el Estado hizo muy poco para tratar de potenciar la competitividad de la horticultura. Por lo tanto, el mercado se convirtió en el principal asignador de recursos poniendo en riesgo el autoabastecimiento alimentario de la población.

Ante el crecimiento de las exportaciones también se evidenció cierta pasividad estatal. En agosto, la cebolla aumentó 13,7 por ciento y en el año acumula una suba de 58,4 por ciento debido a la escasez. En tanto, el Senasa informó el lunes pasado que durante los primeros siete meses del año se exportaron 443 mil toneladas de hortalizas y legumbres, de las cuales 219 mil corresponden exclusivamente a cebolla. Con la papa ocurre algo similar. Se propone importar de Perú, Canadá, Francia o Brasil, mientras se exporta a Chile y Uruguay. La venta al exterior de frutas y verduras genera un ingreso de divisas anual similar al de la carne vacuna y sólo la horticultura aporta 275 millones de dólares.

Hasta el momento, el Gobierno operó sobre los efectos que provoca la escasez intentando controlar precios en el Mercado Central, pero lo que logró es que se incremente la venta por vías alternativas. El Central fue creado para concentrar toda la venta de frutas y verduras del área metropolitana de Buenos Aires, pero ese objetivo no se cumplió. En la actualidad, comercializa cerca del 50 por ciento de la producción. El resto se canaliza a través de ferias alternativas, como las de Beccar, San Martín, Tres de Febrero, Moreno, Morón, Lomas de Zamora, Villa Dominico, Quilmes, Berazategui y La Plata. En la actualidad esos mercados suponen un riesgo sanitario y laboral mayor, pues los controles que realiza el Estado son menores. Esto sin tener en cuenta lo que ocurre en los cerca de 70 galpones donde se comercializan frutas y verduras de manera ilegal.

Los pequeños productores hortícolas prefieren vender en mercados cercanos a sus plantaciones para reducir costos y evitar que la mercadería se eche a perder en el trayecto al lugar de destino. En lugar de intentar coordinar el funcionamiento y los controles de todos los centros, lo que hizo la Secretaría de Comercio fue abocarse exclusivamente al Mercado Central. Por lo tanto, agudizó la diáspora. En los primeros ocho meses del año ingresaron al mercado 65 mil toneladas de hortalizas menos que en el mismo período del año anterior, una caída equivalente al 10,5 por ciento.

El Gobierno no avanzó sobre los supermercados, un eslabón clave en la cadena hortícola. Esas cadenas compran grandes cantidades de verduras, exigen alta calidad, son los que menos pagan y además lo abonan con cheques a 60 días. Esa ventaja que obtienen en la negociación no la trasladan a los consumidores, pues remarcan más de un ciento por ciento en relación con el precio mayorista, generando una fuerte distorsión en el mercado. Cuando la lechuga escaseaba, la llegaron a vender a 6 pesos el kilo y cuando la papa empezó a faltar pedían casi 4 pesos por kilo, mientras en el Mercado Central la conseguían a 1,60. El Gobierno no regula esos márgenes, sino que en muchos casos es funcional a las grandes cadenas. A fines de noviembre, por ejemplo, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, les “sugirió” a algunos operadores del mercado que ofertaran berenjenas, lechuga criolla y zapallito redondo. Pocos días después llegó una carta del supermercado Coto firmada por el gerente Pablo Bergesio en la cual les solicitaba a las autoridades del Central que lo contacten con esos operadores para comprar “a los precios acordados con el Gobierno”, incluyendo dentro de ese valor el flete hasta su Centro de Distribución en el partido de Esteban Echeverría.

Los especialistas coinciden en que el Estado debería ir reduciendo las distorsiones e ineficiencias del mercado diseñando una política frutihortícola integral. Con dinero y capacitación se podría mejorar la productividad e incrementar la producción para garantizar una oferta estable a lo largo del año y moderar el impacto que genera la estacionalidad en los precios. Sólo doce frutas y verduras explican el 75 por ciento del índice de precios sectorial. Esto permitiría también ponerle freno a la especulación de los productores y supermercados que en épocas de escasez aplican márgenes exorbitantes. La puesta en marcha de un plan de esas características no tendría impacto en pocas semanas, pero en el mediano plazo ayudaría a eliminar los cuellos de botella, garantizando el acceso de la población a alimentos baratos y de buena calidad, permitiendo exportar el excedente.