Dom 23.09.2007
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EX FUNCIONARIOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LAS PETROLERAS

La tarea de lobby

En los últimos años, pese a las quejas por las retenciones y el precio de los combustibles, las petroleras han obtenido muchos beneficios.

› Por Federico Bernal

En el año del centenario del descubrimiento de petróleo, las compañías petroleras privadas que operan en el país satisficieron la casi totalidad de sus aspiraciones políticas, impositivas, fiscales y de provisión de hidrocarburos. A modo de síntesis, de los 9423 millones de dólares correspondientes a la renta petrolera del upstream (producción) en 2006, el 64 por ciento fue captado por el sector privado, incluida la paraestatal brasileña, Petrobras.

Como si esto fuera poco, autorizados por la continuidad de las leyes y decretos de la década del noventa, se proponen ir por más. En efecto, resta aún la implementación de medidas de menor y mayor impacto. Las primeras: aumentar las tarifas de los combustibles líquidos y la electricidad con el fin de desalentar el consumo interno, incrementar el precio del gas en boca de pozo y eliminar las retenciones a las exportaciones de crudo y derivados. Las segundas: promulgar una nueva ley de hidrocarburos a imagen y semejanza de la legislación minera vigente, controlar el mercado de importación de hidrocarburos y productos derivados, y anular la molesta Enarsa.

“Las petroleras quieren una nueva ley de hidrocarburos semejante a la minera”, dice Bernal. Foto: AFP

Con el fin de consumar la pronta aplicación de estas medidas, el sector petrolero ha lanzado una fortísima ofensiva. Se sabe que la solución a la problemática hidrocarburífera no pasa por una vía meramente técnica, sino por una decisión política. Entonces, encabezan la mencionada campaña mediática ex directivos de empresas estatales o ex funcionarios del sector, muchos de ellos dispersos entre los partidos de la oposición. Han surgido de la YPF estatal, Gas del Estado o la Secretaría de Energía durante las décadas del ‘80, ‘90 y primeros años del nuevo siglo. Por ejemplo, Alieto Guadagni, para quien “el Estado es bobo en esto (la explotación de los hidrocarburos) y desconoce el valor de los recursos que tiene”. Para el ex secretario de Energía y ex director del Banco Mundial, frecuentado por la consultora privada económico-financiera Econométrica, el Estado al cual sirvió es obtuso y por lo tanto prefiere se mantenga ignorante en estas cuestiones.

En la misma vereda que Guadagni, se ubica Carlos Bastos, secretario de Energía y de Obras Públicas del primer gobierno menemista. Quien fuera investigado por enriquecimiento ilícito (sumario 5926/04, juzgado federal 11) y procesado por presunta malversación de caudales públicos (sumario 9040/02), propone crear un “mecanismo de subsidios transparentes para los sectores de menores recursos” con el fin de aplicar ajustes tarifarios. Bastos, tan preocupado por la crisis energética nacional, no dudó en salir de testigo a favor de tres de las empresas que demandan al país ante el Ciadi: AES, una energética norteamericana, Camuzzi, una gasífera italiana. En ese mismo equipo juega Daniel Montamat, ex director de Gas del Estado (1985-1986), ex director y presidente de YPF (1987-1989) y ex secretario de Energía de la Nación (1999-2000). El presidente y fundador de una de las consultoras más requeridas por las compañías del sector, Montamat & Asociados, testigo ante el Ciadi por El Paso Energy, manifestó públicamente en agosto del año pasado que “el problema no es el Estado intruso ni el Estado ausente: el problema es la discapacidad del Estado argentino, que funciona mal”. Una opinión insólita proveniente de un ex funcionario estatal, inexplicable si no fuera que durante su gestión al frente de la cartera de Energía no se frenó la caída de las reservas certificadas de petróleo (comienzan a declinar en 1999) y de gas natural (retroceso que se inicia a partir del 2000).

En definitiva, se trata de ex funcionarios que tildan al Estado de bobo e incapaz, que prestaron sus servicios como testigos de empresas privadas contra la Nación, que promovieron la privatización del sector eléctrico, de YPF y Gas del Estado; presidentes o asesores de consultoras privadas desde donde trabajan y opinan –sin objetividad y rigurosidad científicotécnica–, con el único propósito de ganarse al pool de empresarios, que tarde o temprano pudieran requerir de sus servicios.

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