El Indec y el futuro de las estadísticas públicas nacionales continúan en la incertidumbre a raíz de la crisis provocada por la intervención del gobierno nacional. La solución hace tiempo que no pasa por lo técnico. ¿Qué predisposición puede tener hoy el público a contestar a un encuestador de un organismo que, siente, lo engaña a diario? ¿Qué credibilidad tiene hoy el IPC oficial, con la multitud de índices de precios que se publican cada mes? Aun adoptando las mejores metodologías, aun reasignando en sus funciones a los profesionales con décadas de carrera y compromiso que fueron desplazados, lo que se destruyó en el Indec es la confianza derivada de décadas de trabajo.

Reconstruir los niveles de confianza en el Indec y su trabajo tomará varios años, y ni el actual ministro ni las autoridades del Indec ni el Congreso lograron avanzar en una solución sustentable. Lo que se propone al nuevo gobierno es tan simple, como, tal vez, inocente: la creación de una “comisión de normalización” del organismo con un mandato amplio, y que incluya a legisladores, académicos, políticos, sindicalistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

El cinismo quizá se apodere, con toda razón, del lector. Un camello, después de todo, es un caballo diseñado por una comisión, y el Indec necesita soluciones efectivas y no infinitas mesas de diálogo. Sin embargo, jorobados o no, los cuadrúpedos surgidos de comisiones por lo menos pueden tener cierta legitimidad, el principal activo que perdió el Indec.

En Chile, una comisión de este tipo resultó en el histórico aumento del presupuesto de Educación anunciado por la presidenta Michelle Bachelet, y la comisión de reforma previsional modificó las bases del sistema jubilatorio diseñado por Pinochet, estableciendo pensiones no contributivas para los ancianos pobres.

Una comisión, o cualquier otro intento de revivir la confianza y la legitimidad del Indec, constituyen herramientas indispensables para el fin ulterior que es, en última instancia, la defensa de las instituciones del Estado y de su papel en la provisión de bienes públicos. Porque a las ya muy comentadas consecuencias de la política oficial para el Indec cabe agregar la exclusión del acceso gratuito a la información pública. Se está generando una virtual privatización de las estadísticas públicas, como quedó de manifiesto en el florecimiento de estimaciones privadas de inflación y otros índices de los últimos meses. Tal como quedaron las cosas, ahora sólo quien pueda pagar las tarifas de las consultoras tendrá una buena idea de la evolución de la actividad industrial o del desempleo. Destruir la provisión estatal de un bien público de calidad y observar pasivamente al sector privado llenar ese vacío parece una estrategia más afín a la “década del noventa” que a las críticas que se le realizan desde el discurso oficial.

Aunque lejos de ser una solución ideal, la defensa del espacio de lo público y de las funciones primordiales del Estado bien valen el esfuerzo, las frustraciones, y los camélidos inevitables en el trabajo de una comisión, y pueden ser una señal auspiciosa del inicio de una “etapa institucional”.

Guillermo Cruces es investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata. www.cedlas.org