La última vez que el Indec difundió información sobre distribución del ingreso fue el 20 de junio pasado, y los datos correspondían al primer trimestre de 2007. La brecha de ingresos entre el diez por ciento de la población que más gana y el 10 por ciento que peor está era de 30 veces, una proporción significativamente inferior a las 58 veces que ese indicador tenía en los peor de la crisis de 2001, aunque no mucho más bajo que en 1997 (32 veces).

Hasta ese momento, los reportes trimestrales sobre distribución del ingreso se difundían en marzo, junio, octubre y diciembre. Es decir que desde aquella última vez deberían haberse publicado tres informes. La última vez que el Indec difundió información sobre pobreza e indigencia fue el 20 de setiembre pasado, y los datos correspondían al primer semestre de 2007. El 23,4 por ciento de las personas se encontraba bajó la línea de pobreza, un porcentaje menor a la mitad que el 54 por ciento que se encontraba en esa situación en el primer semestre de 2003, aunque igual al porcentaje de pobres que había en mayo de 1998 y muy similar al 24,8 de octubre de 1995. Por su parte, el porcentaje de indigentes había bajado hasta el 8,2 en el primer semestre de 2007, es decir a menos de un tercio del 27,7 por ciento de personas que en el primer semestre de 2003 vivía en hogares con ingresos inferiores al de la Canasta Básica de Alimentos. Sin embargo, el porcentaje de pobres de hace un año seguía siendo mayor al 6,3 de octubre de 1995 y al 5,3 de mayo de 1998.

Hasta el último informe conocido, los reportes semestrales de pobreza e indigencia se difundían los días 21 de marzo y 20 de setiembre. O sea que el correspondiente al segundo semestre de 2007 lleva un mes de atraso.

La torpe intervención en el Instituto para maquillar el índice de precios es suficiente antecedente como para alimentar suspicacias sobre los motivos de las demoras. Además hay indicios que llevan a pensar que se estaría queriendo ocultar información sobre un cambio de tendencia en los niveles de pobreza y desigualdad.

Si de por sí ya es preocupante que tras un quinquenio de formidable crecimiento siga habiendo tantos pobres, muchísimos indigentes y desigualdades tan pronunciadas, las perspectivas no son alentadoras. Artemio López especula con un escenario para 2008 donde la inflación general llega al 20 por ciento y la de los pobres al 25 por ciento (debido al encarecimiento relativo de los alimentos, que en la canasta de consumo de las capas bajas de la sociedad tienen una incidencia mayor que en el resto), y donde el aumento de ingresos promedio para el quintil más bajo es del 23 por ciento, y estima que a fin de año la pobreza subiría como mínimo al 30 por ciento y la indigencia al 12 por ciento. En ese cuadro la pobreza alcanzaría al 40 por ciento de los menores de 15 años, que equivale a más de cuatro millones de niños y adolescentes.

Es indiscutible que, más allá de los derrames propios del crecimiento, el kirchnerismo ha tomado varias medidas de política económica a favor de una caída en la pobreza y en la desigualdad, como por ejemplo los sucesivos aumentos en el haber jubilatorio y en el salario mínimo, o el acceso a la jubilación de más de un millón de personas que no cumplían los requisitos. Pero a partir de la aceleración inflacionaria que comenzó en 2007, y en particular la de los alimentos, el débil arsenal aplicado hasta ahora no alcanza para revertir el cambio de la tendencia negativa que se estaría dando desde hace un tiempo. En esta situación, además de la obvia y urgente necesidad de frenar el alza de precios y las expectativas de inflación, cobra mayor relevancia la inacción de este gobierno y del anterior en materia de reformas tributarias, una herramienta clave para la redistribución del ingreso a la que la Presidenta aludió en varios de los discursos que pronunció desde que comenzó la crisis por las retenciones.

Por supuesto que un incremento en las retenciones contribuye a que el reparto de la torta sea más equitativo, siempre y cuando se lo aplique con pericia, atributo que no ha sido característico en los anuncios del 11 de marzo pasado. Lo que no tiene ningún fundamento en términos de equidad distributiva ni de lucha contra la pobreza es la idea que impulsa la CGT para volver a subir el mínimo no imponible para el pago del Impuesto a las Ganancias, que el año pasado había sido elevado a 4577 pesos para un asalariado casado con hijos. La medida beneficiaría a la minoría mejor posicionada dentro del universo muy desigual de asalariados. Téngase en cuenta que de los aproximadamente cinco millones de trabajadores del sector privado formal, hay un 30 por ciento que gana en promedio menos de 1000 pesos y que se queda con el 10 por ciento de la correspondiente masa salarial, mientras que en el otro extremo hay un 20 por ciento que en promedio gana más de 5000 pesos y que se queda con más de la mitad de la torta.

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