En las últimas semanas se ha reavivado el debate sobre el diagnóstico de los problemas de la economía argentina y las características de la política económica más adecuada en la coyuntura y el mediano plazo. La nota sobresaliente es que varios economistas del campo heterodoxo han señalado como problema principal a la inflación, generada por un exceso de consumo. La recomendación, entonces, es frenar el consumo privado (léase planchar los salarios), aumentar el superávit fiscal para reducir el consumo público y elevar la tasa de inversión. En el fondo, la propuesta tiene un toque de voluntarismo, no se aleja demasiado de la visión ortodoxa, y sus consecuencias son de dudosa eficacia.

La propuesta de reducir el consumo y aumentar la inversión suena interesante, pero enfrenta algunos aspectos contradictorios o conflictivos. Supongamos que es posible socialmente sostener una contracción moderada pero efectiva del salario real e introducir un ajuste en el gasto público. Dado que la recaudación sigue dependiendo fuertemente del IVA, está claro que la recaudación se vería afectada negativamente. Y lo mismo ocasionaría el efecto de enfriar la economía.

Por otro lado, reducir el consumo no significa inmediatamente aumentar la inversión. Eso no se logra por decreto. La inversión debe ser cuidadosamente estimulada con políticas públicas, que involucran el crédito, el despliegue de un programa de ciencia y tecnología, incentivos tributarios y, fundamentalmente, la propia inversión pública. Si se observa la larga experiencia histórica de Argentina es fácil comprobar que la inversión privada siempre fue empujada por la pública. Pero, y aquí una de las contradicciones del planteo cuestionado, una política de promoción acelerada de la inversión significa un fuerte desembolso de recursos por parte del Estado, algo reñido con los recortes “antiinflacionarios” del gasto público. La propuesta nos coloca, pues, ante el riesgo de corroer las bases del crecimiento actual sin la garantía de reemplazarlo por uno de mejor calidad.

Un riesgo que no se considera en esa ecuación es el fundamento político y social que sustenta el crecimiento actual. Una contracción salarial introduciría un importante factor de conflictividad. Sin dudas, el esquema de gobernabilidad se tornaría más volátil.

Por otra parte, el enfriamiento del consumo significa, en términos más claros, que el proceso de distribución del ingreso ya se habría completado. Cuando se analiza el abstracto coeficiente de Gini, o situaciones más palpables como decenas de niños pidiendo limosna, o los malabares que más de la mitad de la población hace para llegar a fin de mes, no queda menos que asombrarse de la propuesta. La redistribución del ingreso aún no llegó a su fin. Por el contrario, resulta imperioso seguir reconstruyendo sistemáticamente el mercado interno con mayor equidad y simetría, o, como se decía en tiempos remotos, con mayor justicia social.

En el fondo, la discusión nos coloca en la búsqueda de un modelo de país posible y deseable. Continuar haciendo “sintonía fina” en la macroeconomía y combatir la inflación con instrumentos recesivos nos afirma en el camino de una economía agroexportadora, que vive de la venta de una docena de commodities en mercados sumamente inestables.

Es cierto que el modelo económico que se implementó desde mediados de 2002 está necesitando un retoque. Pero éste debe ser planeado en función de los objetivos que nos fortalezcan económica y socialmente como Nación. La inflación, sin ser un problema despreciable, no resulta hoy el aspecto principal y es, a su vez, el síntoma y no la causa de la insuficiencia productiva. Por lo tanto, amerita ser tratado en conjunto con los problemas estructurales y las reformas profundas aún pendientes.

El problema, entonces, no es macroeconómico, sino mesoeconómico. Se trata de fortalecer los eslabones débiles o potencialmente indispensables de la estructura productiva. No solo importa la magnitud de la inversión (que debe ser fortalecida), sino que se concentre en sectores prioritarios como la energía, la generación de tecnología, el sector de bienes de capital. Deben aceitarse los encadenamientos productivos para potenciar el efecto multiplicador e integrador que entrelacen la inversión y el crecimiento. Y el punto de partida que une la distribución del ingreso, el sostenimiento de la demanda interna, la firmeza exportadora y la expansión productiva es una profunda y cada vez más necesaria reforma tributaria, con rebajas de impuestos al consumo, incentivos a la producción, penalización a todo tipo de actividad especulativa y una mayor carga sobre quienes reciben los frutos más importantes de la política económica y de la coyuntura de precios internacionales.

La inflación actual no es un problema monetario ni el resultado de un exceso de consumo, sino de los desequilibrios de una estructura productiva subdesarrollada. Sólo operando sobre un diagnóstico acertado se podrá combatirla.

El autor es director del Centro de Estudios Internacionales y Latinoamericanos. Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales (Idehsi), Conicet-UBA