Marzo y abril del 2008 protagonizaron el primer choque del siglo entre las dos opciones antagónicas que el capitalismo pone a disposición de las naciones atrasadas en América latina: 1) modelo agroexportador, de regresiva distribución del ingreso y de concentración de rentas diferenciales y riquezas naturales; o 2) modelo industrialista de alto valor agregado, científico y tecnológicamente autónomo y avanzado, financieramente independiente, inclusivo socialmente y latinoamericanista. En otras palabras, el dilema es desarrollo o subdesarrollo, con las reservas que Celso Furtado oportunamente señaló: entender al “subdesarrollo” como la expresión de una atrofia en la normal evolución del capitalismo.

Las naciones denominadas “desarrolladas” también experimentaron “choques de modelos”, agudizados por la presencia de ciertas condiciones objetivas que impulsaban al capitalismo a un estadio superior. Por ejemplo, del mercantilismo al industrialismo. Países de la Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, superaron sin mayores conflictos su propio subdesarrollo y lo hicieron subordinando el sector primario-exportador al sector industrial.

En la Argentina —como en el resto de los países latinoamericanos—, el “choque de modelos” si bien se verificó en otras oportunidades, no logró imponer la marcha definitiva hacia el desarrollo. Se podrá coincidir o no si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner representa un modelo industrialista y socialmente justo o si hace todo lo que debería para volcar progresivamente la balanza a favor del interés nacional. Pero en lo que no puede haber dudas es en el aglutinamiento de las fuerzas del subdesarrollo. Un frente que integrado por el oligopolio mediático, las transnacionales afectadas por la política de captación estatal de las rentas diferenciales, los grandes terratenientes, las clases acomodadas, amplios sectores de la clase media, la derecha partidaria y la izquierda portuaria, convergen en el pensamiento y en la acción: el país debe quedar inmovilizado en el tiempo.

La escalada y el nivel de virulencia del “frente por el subdesarrollo” tiene razón de ser. Vislumbra, como en otras épocas, la presencia de condiciones objetivas para abandonar el subdesarrollo. Esto es: transitar de un capitalismo primario-exportador a uno verdaderamente industrial. El camino es con crecimientos sostenidos del PBI de tasas del 8 por ciento anual, elevadas reservas que rondan los 50.000 millones de dólares, recuperación pública de las rentas diferenciales para el petróleo (60 por ciento de la renta total), el gas natural (100 por ciento de retención a las exportaciones), la minería (5 a 10 por ciento, según el mineral) y la agricultura (rangos variables). El “inmovilismo agrarista” observa y padece, asimismo, la aparición de un Estado progresivamente protagonista como planificador, contralor, inversor y empresario.

El “inmovilismo agrarista” quiere mantener al país sumido en el subdesarrollo. La respuesta es política (no económica y mucho menos técnica) y pasa por industrializar. Efectivamente, una revolución industrial es la consigna política que requiere el nuevo modelo de país para quebrar definitivamente el orden neoliberal. Una revolución industrial que vaya debilitando al gran poder terrateniente, a todas y cada una de las transnacionales que supeditan la seguridad jurídica del ciudadano a los dividendos de sus accionistas. Una revolución industrial comandada desde y por el Estado que junto al sector privado permita en el corto plazo mudar la relación de fuerzas sociales, compensado el atraso de la clase media cuya reacción ideológica, política y grado de colonización es inversamente proporcional a la industrialización del país.

La historia muestra que sin Estado ni industrialización, sin autonomía científica ni tecnológica, sin unidad política, el tránsito hacia una democracia moderna, inclusiva e igualitaria es y será inconcebible. En este sentido, resulta perentorio que el Estado empresario emerja una vez más en todos y cada uno de los sectores y rubros estratégicos de la economía, la ciencia y la tecnología. En suma, un “frente por el desarrollo”, que por supuesto incorpore al sector agropecuario de pequeños y medianos productores. La renta agraria es en esta etapa de despegue la propulsora de la capitalización del país y la explosión de sus fuerzas productivas. Una renta que es a la Argentina democrática lo que los hidrocarburos son a la democracia venezolana. Ellos recuperaron la petrolera Pdvsa; nosotros recreemos un IAPI adaptado al siglo XXI.