El conflicto con un sector del campo ofrece un variado elenco de protagonistas que se han unido bajo el reclamo contra las retenciones. Si bien cada uno tiene sus intereses particulares en este desafío, ha emergido un actor con una fuerza desconocida, incluso para los propios dirigentes, contratistas, financistas y multinacionales de la actividad agropecuaria. En las ciudades cercanas y estrechamente vinculadas con el muy rentable negocio de sembrar y cosechar soja eran visibles por la exteriorización de una riqueza inédita. La población de esas zonas empezó a compartir la bonanza de los nuevos ricos camperos con incrementos en la facturación comercial por venta de autos, electrodomésticos y otros bienes. También las constructoras e inmobiliarias, responsables de deplorables proyectos que rompieron con el paisaje del tradicional tejido urbano de ciudades del interior, encontraron en ese sujeto social campestre un oasis para resucitar luego de la gran crisis previa e inmediatamente posterior a la convertibilidad. Los bichos de ciudad pueden observarlos en las rutas, tomando mate o en caravanas con sus 4x4, como si las labores en el campo las estuviera haciendo otro. Y así es: el campo lo están trabajando otros. Los pequeños y medianos propietarios que se han decidido por la alternativa muy rentable de arrendar sus tierras son los principales y más duros –no los únicos– protagonistas del lockout. Su representante más combativo y mediático es, como en esa peculiar relación amo-esclavo, uno de sus clientes: el arrendatario de tierras de Yabrán, Alfredo De Angeli.

Desde mediados de la década pasada, pero con una intensidad impresionante en los últimos años a partir de la disparada del precio internacional de las materias primas y de una política de dólar alto, el pequeño y mediano productor de la zona núcleo del área pampeana se enfrentó a la disyuntiva de trabajar la tierra o vivir de rentas. El aumento extraordinario del precio de los campos impulsó a varios a vender. Algunos de ellos con ese dinero se dedicaron al comercio en sus pueblos, otros compraron inmuebles para alquilar en esas mismas localidades o en capitales de provincias, que explica en parte el boom de construcción en Rosario y en la ciudad de Córdoba. Muchos otros no vendieron y optaron por arrendar. Estos agentes económicos (el arrendador, el arrendatario y el ex productor ahora rentista-comerciante que vive del giro de negocios del campo) son el corazón del desproporcionado lockout iniciado el 11 de marzo pasado.

La reacción de arrendatarios y arrendadores, que aglutinaron a todo el resto por graves deficiencias y mayúsculas torpezas de la política agropecuaria del Gobierno, tuvo su disparador en la comparación de la renta presunta que habrían obtenido si no se hubieran aumentado las retenciones de la soja y el girasol. Pero los precios internacionales subieron mucho más que ese ajuste de los derechos de exportación. El aumento de la renta y del valor de la tierra depositó al pequeño propietario de 50 a 100 hectáreas en el dilema de tener una atractiva renta fija anual arrendando para trigo-soja, o de producir para obtener una ganancia más alta pero con todos los riesgos que implica la actividad agraria. En esas circunstancias, las decisiones fueron repartidas. En cambio, la mayoría de los medianos propietarios de 500 a 1000 hectáreas se abrazó a una renta fija extraordinaria. Enrique M. Martínez, titular del INTI, explica que “en ambos casos –grandes o chicos– se abrió el camino de una suerte de cadena de la felicidad, ya que al percibir arriendos en dinero, éste puede ser luego invertido en fondos de inversión (los pooles de siembra), aumentando aún más la rentabilidad, sin involucrarse directamente en labor agraria alguna”.

La perseverancia en el ocultamiento de las verdaderas cifras de la actividad se debe a que las operaciones en negro representan del 30 al 50 por ciento del total, lo que explica el insólito rechazo de Eduardo Buzzi al sistema de compensaciones a las retenciones a la soja y girasol y a los fletes para los pequeños productores. Esa práctica de evasión impositiva eleva aún más la rentabilidad de la producción de granos, en especial la de la soja. Incluso con las actuales retenciones, las ganancias en el área central de producción agraria son superiores a alternativas industrial, financiera y del propio campo, si se las compara con la ganadería o la lechería. Prueba de ello es que, pese a la magnitud del conflicto que expresaría que el negocio de sembrar y cosechar no es atractivo, el precio de las tierras no bajó ni un dólar sino que, por el contrario, siguió subiendo. Otra señal contundente es que continúan desembarcando en el campo inversores provenientes de la industria y de las finanzas porque en esta actividad obtienen rentas más elevadas que en las propias.

En esa dinámica, las retenciones no afectan ese último proceso. Resultan fundamentales como herramienta para desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales, e incluso como una medida de redistribución de ingresos de una renta extraordinaria. Pero no pone límites al negocio de los pooles de siembra. Martínez explica que “siempre hubo propietarios chicos y grandes; quienes explotaron sus campos y quienes no. Pero el actual modelo de producción rompió la relación entre el capitalista agrario y la tierra. La instalación del capital financiero como el dinamizador de la producción agropecuaria provoca infinidad de distorsiones negativas, que cualquier programa sectorial debe intentar corregir”.

En ese escenario, las retenciones provocarían la disminución del costo de los arrendamientos futuros si los precios internacionales no siguieran subiendo o, en el peor de los casos, bajando. Pero se mantendría igual el negocio de los fondos de inversión. El productor-arrendador y el productor-arrendatario encontraron así la pieza para unirse en la batalla por la revolución rentista.

Ante un lockout que está saturando a la población se presenta la oportunidad de modificar esas cuestiones estructurales. Una posibilidad es la de avanzar en una Ley de Arrendamientos, iniciativa que ya tiene estado parlamentario de un grupo de diputados de la oposición, que propone un plazo mínimo de 5 años de contratos agrarios para disminuir la vulnerabilidad del productor. El objetivo de esa norma es revertir la concentración del uso de la tierra, que facilita la expansión de los fideicomisos financieros, las sociedades anónimas y los fondos de inversión en la explotación de los campos.

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