Si bien se comprueba una progresiva participación estatal como agente se contralor, inversor y empresario en el mercado ampliado de la energía, aún subsiste un fuerte impedimento a su penetración en el área downstream (logística, refinación y comercialización). A propósito, ¿por qué motivo faltan combustibles en el país? ¿Por qué el freno o la demora en colocar a Enarsa como garante del normal abastecimiento interno de combustibles, como su principal productor y como ejecutor de una política nacional de refinación? ¿Es cierto que Repsol-YPF, el principal elaborador de naftas y gasoil del mercado, privilegia el abastecimiento argentino como recientemente manifestó en un comunicado oficial?

Con las reformas estructurales de 1989 y años posteriores, las seis refinerías propiedad del Estado fueron privatizadas. A excepción de la refinería de Shell en la década del ’30 y de algunas ampliaciones y modernizaciones menores realizadas en el último tiempo, las empresas no construyeron nuevas plantas ni ampliaron la capacidad de las existentes para acompañar el constante incremento de la demanda interna. El resultado salta a la vista: se trabaja al límite de la saturación (cerca del 95 por ciento de la capacidad instalada), con el agravante de exportar derivados de petróleo.

En este sentido, se suele escuchar de las operadoras excusarse por el faltante de combustibles en el mercado interno alegando operar al límite y exportar básicamente los subproductos denominados “naftas virgen” y “otras naftas o cortes de ellas”, no consumidas localmente. También se exportan gasoil y fueloil, aunque en menores volúmenes. Pues bien, este tipo de destilados del que durante 2007 se exportaron, en el primer caso, 1.282.764 m3 por un valor de 592 millones de dólares FOB, y en el segundo, 1.519.145 m3 por 695 millones de dólares FOB, según datos de la Secretaría de Energía, constituyen en realidad subproductos intermedios del proceso de refinación. En otras palabras, se trata de materias primas que de no haber abortado el normal proceso de refino hubieran originado naftas de uso vehicular o reactivos para la elaboración de plásticos, químicos industriales, conforme el tipo de refinación y tratamiento químico aplicado.

Ahora bien, si la demanda de naftas en 2007 fue de unos 4.800.000 de m3, quiere decir que se exportaron 2.801.909 m3 de destilados intermediarios, o análogamente, el 58 por ciento de la demanda doméstica. De esta cantidad, Repsol-YPF participó con un 34 y 24 por ciento del total exportado de “naftas virgen” y “otras naftas o cortes de ellas”, respectivamente, según Energía.

El caos reinante en el downstream argentino no sólo refleja con crudeza la línea divisoria entre el camino del subdesarrollo o el del desarrollo, sino que permite apreciar con claridad cómo el primero subsidia el desenvolvimiento del segundo. En efecto, considerado por el director de la empresa contratista “como la más grande mejora y expansión de una refinería española en los últimos 30 años”, Repsol-YPF planea invertir 4800 millones de dólares en la duplicación de la actual capacidad instalada de la refinería de Cartagena (fuente: O&G, 14/04/08). ¿Vendrá de la “nafta virgen” argentina la materia prima requerida por dicha obra? ¿Se financiará con las divisas de exportación que estos destilados generan?

La solución al desabastecimiento, a la falta de inversiones, al desapego por la seguridad energética es política. El Gobierno tiene todos los instrumentos técnicos, legales y jurídicos para obligar a las empresas a ampliar el colapsado parque de refinación. Asimismo, debe avanzar por sus propios medios, colocando a Enarsa al frente de una política nacional de refinación y comercialización de combustibles. La construcción de nuevas plantas propiedad de Enarsa, junto a la estatal venezolana, que permitan procesar los 200 a 250 mil barriles diarios a extraer de la Faja del Orinoco, le evitará al fisco el desembolso anual a partir de 2014 de unos 25.000 millones de dólares.

El sector agropecuario, juntamente con los oligopolios petroleros transnacionales, se juegan por una Argentina para pocos millones de personas. Y con esa lógica trabajan: desabastecen el mercado interno y desestabilizan política, económica y socialmente. A tamaño desafío, ¿qué respuesta merecen? ¿Ceder, avalar la usura y el engaño, o por el contrario, plantar la bandera de la defensa jurídica del conjunto? Mantener inmodificable el actual negocio del downstream implica no sólo decidirse por el subdesarrollo, sino avalar el sutil trabajo de pinzas que el oligopolio petrolero y el “campo” perpetran contra el interés socioeconómico de la mayoría de la población.

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