Una de las dificultades para comprender la dimensión económica del conflicto con el sector del campo privilegiado se encuentra en la persistente tarea de confusión sobre los números. O sea, de las cifras que permitan revelar la situación de los productores de los cuatro cultivos claves (soja, maíz, trigo y girasol), y en especial la de los pequeños y medianos. Estudios de la Secretaría de Agricultura muestran una situación próspera. También la que surge de los trabajos de la revista especializada Márgenes Agropecuarios, publicación de referencia para todos los agentes económicos del campo. Investigadores independientes de los intereses agrarios, como de Flacso, del Cenda y del Plan Fénix, confirman el notable momento que registran los empresarios que trabajan la tierra con diferentes escalas de producción. Sin embargo, con una batalla incansable, los representantes de pequeños y medianos productores han logrado convencer a más de uno de que caerán en la insolvencia con el régimen de retenciones móviles. Ya sea por una estrecha especulación electoral o por demagogia mediática que exige colocarse en lo que se supone el más débil, destacados dirigentes sociales y políticos que durante años lucharon por los desposeídos, los trabajadores y excluidos de un sistema injusto se han convertido en conmovedores abanderados de actores económicos de la burguesía agropecuaria que tienen patrimonios e ingresos para envidiar.

El extenso conflicto adquirió una dinámica que obligó al Gobierno a realizar una serie de concesiones, que la Mesa de Enlace & cía. minimiza y la mayoría ignora, en la que se destaca el sistema cada vez más generoso de devolución de Derechos de Exportación a pequeños y medianos productores. El proyecto de la mayoría en Diputados requiere ser traducido a números para su comprensión pues de lo contrario queda reducido a un juego de declaraciones políticas para la tribuna. Por esa razón, resulta más interesante llenar con cifras los casilleros del debate para transparentarlo. Cuando se legisla se definen criterios generales que pueden no ajustarse a ciertos casos particulares, pero éstos no son los que definen el cuadro de situación y su apelación sólo sirve para confundir.

Si bien cuando se terminaba de editar esta columna continuaba el tratamiento en el Congreso, con la alternativa de modificaciones aún más beneficiosos para el campo, vale igual el siguiente recorrido de números: el esquema original propuesto define la devolución del arancel de exportación para reducirlo al 35 por ciento hasta 750 toneladas de soja. El precio de referencia del poroto de oro del siglo XXI es de 600 dólares (el cierre semanal en el mercado de Chicago fue de 610). Se trata de dueños de tierras que poseen un patrimonio que va de 1,5 a 2,0 millones de dólares, según la región, con precios de la hectárea de 5000 a 11.000 dólares. Para esos productores la ecuación económico-financiera es la siguiente:

n 750 toneladas de soja x 600 dólares la tonelada = 450 mil dólares.

n El Derecho de Exportación a un precio de 600 dólares es de casi 50 por ciento = 225.000 dólares

n Se define la devolución de 15 puntos del arancel (50-35) = 75.000 dólares.

n El período de la cosecha de soja es de seis meses, lo que equivale a una transferencia-devolución del Estado de 12.500 dólares mensuales, unos 37.500 pesos promedio cada treinta días.

Con las modificaciones presentadas en el recinto el viernes a la noche por Agustín Rossi, ese reintegro alcanzará a productores de hasta 500 hectáreas en el núcleo más rico de la Pampa Húmeda. O sea, propietarios con un patrimonio en campos de 5 millones de dólares que pueden cosechar hasta 1500 toneladas, recibirán 75 mil dólares por devolución de retenciones.

Resulta un interesante ejercicio la comparación de este régimen con cualquier otro mecanismo de subsidio al sector privado, que tanto inquieta a la ortodoxia y a los no tan heterodoxos, en relación con quiénes y cuántos son los beneficiarios y, en especial, el monto mensual que implica para cada uno. Por ejemplo en el transporte público, el servicio de gas y electricidad domiciliario o el gasoil, que disfruta el campo como también las camionetas 4x4 de la ciudad. Además, puede significar una reveladora práctica vincular ese monto de reintegros a propietarios de un capital significativo con los niveles de ingresos de otros sectores de la población, como docentes, jubilados, asalariados o peones rurales.

Estas cifras ofrecen parámetros para empezar a definir cuáles son los intereses materiales que están en disputa, además de las peculiares alianzas y respaldos de protagonistas de luchas históricas de trabajadores y desocupados a reclamos de un sector que, en el actual contexto económico, doméstico e internacional, es uno de los privilegiados. Por presión de los cortes y su propia incapacidad de construir una política agropecuaria consistente, la administración kirchnerista resignará recursos que podrían tener otro destino, como financiar un plan de asistencia al pequeño productor relativo al acceso a la tierra, semillas e insumos, nuevas tecnologías, maquinarias y canales de comercialización. Pero una decisión política para tratar de superar un conflicto implica elevados costos para la sociedad, instrumentando un régimen de reintegros que, además de innecesario, es distorsivo para la actividad productiva. Pero como en toda negociación, y más cuando el Gobierno abrió de ese modo el grifo de transferencias, siempre el dinero involucrado será insuficiente. Se sabe, la opción por los ganadores es insaciable.

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