A pesar de que el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández han mostrado una mayor vocación que sus antecesores en que el Estado intervenga en la economía, en sus años de gestión no avanzaron en la reformulación de una burocracia estatal que había sido desarticulada en la década del noventa. Según datos de Cepal, la Argentina es el país latinoamericano que menor porcentaje de su producto bruto interno destina al pago de remuneraciones de los trabajadores estatales de la administración central. En Brasil, la masa de remuneraciones de los empleados públicos nacionales representa el 4,5 por ciento del PBI; en Uruguay, el 4,4 por ciento; en Argentina, apenas el 1,8 por ciento. En el país hay pocos empleados públicos en relación al peso de su economía y al total de habitantes, si se lo compara con el promedio internacional. En Estados Unidos, el 17 por ciento de los ciudadanos son empleados públicos; en Inglaterra, el 12 por ciento; en Brasil, el 8 por ciento y en Argentina sólo el 5 por ciento trabaja para el Estado. Además, las remuneraciones de los empleados públicos, que habían sufrido una enorme erosión en la década pasada, volvieron a caer en términos reales desde la salida de la convertibilidad.

Entre 1991 y 1999, con despidos y promociones de retiros voluntarios, la planta de empleados estatales nacionales, provinciales y municipales perdió 200 mil trabajadores, un 10,2 por ciento del total. Según Cepal, Argentina es el segundo país latinoamericano, después de Chile, que más empleos públicos eliminó durante los noventa. En ese período Brasil, país que suele poner de ejemplo la derecha local, duplicó su plantilla estatal, pasando de 2,7 millones a 5,4 millones de empleados. El Estado argentino no sólo deterioró su plantel en cantidad, también en calidad. Una gran parte de los empleados que se fueron en los noventa lo hicieron vía sistemas de retiro voluntario, en los que se entregaba una indemnización especial a los que elegían irse. En ese proceso, muchas empresas tentaron a los trabajadores más calificados a llevar sus conocimientos y contactos al sector privado.

Entre 2002 y 2007 la economía creció más de un 50 por ciento y en el país se crearon 3,6 millones de puestos de trabajo. En ese lapso el sector público sumó 448 mil nuevos empleados. Pero sólo 21 mil lo hicieron en la administración nacional. El mayor crecimiento se dio a nivel municipal, con un incremento del 53 por ciento en cuatro años. Para tener una idea más precisa sobre lo exiguo del aumento de la plantilla nacional frente a una economía que creció cinco años seguidos a tasas chinas hay que subrayar que las 21 mil incorporaciones se distribuyen entre la DGI, Aduana, maestros nacionales, médicos nacionales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario, Justicia y Fuerzas Armadas, entre otros.

Por otra parte, en los últimos años se generalizó el modelo de empleo por contrato: sin estabilidad laboral ni seguridad social ni aguinaldo ni indemnización, entre otras carencias. En los últimos cuatro años este tipo de precarización laboral creció en un 43 por ciento en el sector público. Son 125 mil trabajadores más que realizan sus labores con el único sustento de un contrato por tiempo determinado. De los 21 mil nuevos trabajadores a nivel nacional, 14.500 están bajo contrato. El mayor crecimiento de empleos precarios se dio a nivel municipal, donde el incremento alcanzó el 92 por ciento. Ya son 100 mil los trabajadores municipales que viven bajo ese desamparo. Así, mientras el trabajo formal crecía en los últimos años, el avance de la precarización laboral en el sector público sigue alejando a los mejores empleados desde el Estado hacia el sector privado.

Lejos de dar una señal de incentivo al “trabajo decente” hacia el resto de los empleadores, el Poder Ejecutivo Nacional tuvo un crecimiento de la planta de contratados desde 2003 del 101 por ciento. Hay jurisdicciones que han superado ampliamente dicho incremento. Son las siguientes: la Jefatura de Gabinete, que aumentó su plantel de contratados en un 480 por ciento; el Ministerio de Defensa, 200 por ciento; Desarrollo Social, 197 por ciento; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 146,5 por ciento y el Ministerio de Economía, 133 por ciento.

Entre 2001 y 2007 los trabajadores formales del sector privado recibieron un incremento salarial promedio del 172 por ciento. Descontada la inflación, medida por el Indec, la evolución real de estos trabajadores resultó en una suba del 12,8 por ciento desde la salida de la convertibilidad. En contraste, los empleados del sector público vieron incrementar sus haberes en un 89 por ciento. Pero la inflación les contrajo su poder adquisitivo en un 23 por ciento desde 2001.

Según un informe del Instituto de Estudios de la CTA, en el sector público el 35,7 por ciento de la fuerza laboral presenta algún grado de precariedad. Este indicador se compone de considerar la cantidad de asalariados públicos registrados con contratos temporales: son 132.117 agentes, los asalariados registrados sin tiempo de finalización que tienen un salario inferior al de la Canasta de Pobreza, que alcanza los 980 pesos: más de 300 mil agentes, y la totalidad de asalariados públicos no registrados: 416 mil trabajadores. En conjunto, estos 3 agregados suman 856.337 empleados públicos con algún tipo de precariedad laboral.

Un indicador que revela la escasa relevancia que le otorgó la administración kirchnerista a la burocracia estatal lo da el porcentaje del gasto salarial público sobre el total del gasto estatal: apenas el 10 por ciento, según datos de Cepal. Contrariamente a lo difundido por el discurso neoliberal local, los Estados de los países desarrollados son los que mayor porcentaje de sus fondos destinan a los haberes del sector público: Francia, el 22 por ciento; Italia, el 16 por ciento, Inglaterra; el 14 por ciento y Estados Unidos, el 13 por ciento. En este último caso, no se incluye el gasto en personal de las Fuerzas Armadas. En Latinoamérica, Chile destina el 23 por ciento de sus fondos estatales al pago de sueldos del sector público; México, el 17 por ciento; Venezuela, el 19 por ciento y Uruguay, el 16 por ciento. Brasil no brinda esa información.

La administración kirchnerista revirtió la situación de un Estado ausente, como el de los noventa, pasando a una activa participación en el desarrollo de la economía. Pero no preparó una burocracia estatal que estuviese a la altura de ese desafío. Lejos de avanzar hacia una sólida meritocracia, aumentó el plantel de empleados muy por debajo de lo que el crecimiento de la economía demandó, manteniéndose muy lejos del promedio de empleados por habitante de la mayoría de los países del mundo. Por otra parte, se desincentivó el ingreso de trabajadores calificados bajando el ingreso real del promedio del empleo público. Para peor, avanzó en una impresionante precarización de las condiciones laborales del sector. Un Estado activo y que intenta intervenir en los mercados -incluso implementando un sistema de control de precios- con empleados públicos pobres y desincentivados deriva en el fracaso de las políticas públicas, dando argumentos a los que siguen difundiendo la idea de que “achicar el Estado es agrandar la Nación”.