Desde que en abril de este año se creó el Programa de Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, dos convenios firmados hasta ahora con laboratorios públicos (Laformed de Formosa y LIF de Santa Fe) para proveer al Programa Remediar muestran ahorros para el Estado de hasta un cuarenta por ciento. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud genera expectativas entre quienes, desde universidades, laboratorios y hospitales del Estado, vienen pujando desde hace años por promover la producción pública de medicamentos como un intento de garantizar el acceso universal. Martín Isturiz, del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, valoró el espíritu de la Resolución 286, que crea este Programa, ya que hasta ahora no se había visto “voluntad de impulsar proyectos sinérgicos”, que supongan interdisciplinaridad y repercutan en una optimización de la producción, con transferencia de tecnología.

Los principales objetivos de la resolución son: registrar los laboratorios públicos, definir líneas estratégicas de producción, establecer vínculos interministeriales para la mejora de los índices de producción, tener un intercambio de conocimientos para evitar la superposición de producción y facilitar herramientas de gestión para posibilitar una mejor utilización de los recursos.

Sin embargo, diversos especialistas advirtieron a Cash que aún se está lejos de alcanzar una coordinación a nivel nacional que permita producir racionalmente y distribuir con mayor eficiencia los productos medicinales que se hacen en los más de cuarenta laboratorios públicos del país. “La creación del Programa es un paso importante, pero está lejos de ser una política de Estado”, indicó el coordinador de la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, Claudio Capuano. En parte, porque el ámbito de funcionamiento del Programa –dirigido por Jorge Zarzur, ex director del Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba– está muy centralizado, ya que depende directamente de la Unidad Ministro, con expresas indicaciones de su titular, dice la resolución firmada por la ministra de Salud, Graciela Ocaña. El propio Zarzur dijo a este suplemento que “sería ideal que esto se instale como una política de Estado y que, independientemente de los actores circunstanciales, tenga una continuidad en el tiempo”.

La producción pública de medicamentos tuvo su mayor impulso a partir de la crisis de 2001/2002, cuando millones de personas vieron peligrar el acceso a la salud de un día para el otro. Hoy existen 39 laboratorios y seis farmacias hospitalarias que producen, en total, más de 350 principios activos, aunque con una capacidad ociosa que oscila entre el 25 y el 75 por ciento. Cada uno fabrica alrededor de cuarenta productos para uso de hospitales provinciales y municipales o centros de salud locales. Los intercambios con otras jurisdicciones están empezando a tomar forma muy paulatinamente.

Con el objetivo de promover “una medicina gratuita, igualitaria, científica, a cargo del Estado y al servicio del pueblo”, en septiembre del año pasado se creó la Red Nacional de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos (Relap), sin el amparo de norma alguna ni presupuesto asignado. Comenzó con 21 laboratorios, entre municipales, provinciales, universitarios y sociedades anónimas del Estado, y ahora son 28. En la misma línea trabajan la Multisectorial por la Producción Pública de Medicamentos, que nuclea a más de 200 organizaciones, y varias cátedras de Salud y Derechos Humanos de todo el país.

Obstáculos

Entre las dificultades que enfrentan los laboratorios del Estado, la más seria es la falta de inversión, que les impide alcanzar el máximo de su capacidad. Un estudio realizado por la Secretaría de Extensión Universitaria, la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata y la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA sobre once laboratorios, muestra que su producción real es el 20 por ciento de su capacidad potencial. Es decir que de 680 mil unidades que podrían fabricar, las Unidades Productoras de Medicamentos (UPM) –denominación usada para referirse a estos laboratorios– producen actualmente 130 mil. Ricardo Saad, director del laboratorio provincial de Río Negro, Prozome, mencionó a Cash que “se necesitan más recursos humanos y equipar algunos sectores del laboratorio”.

Otro obstáculo es la viabilidad política para alcanzar una coordinación entre los laboratorios. Uno de los objetivos de la red es que haya una complementación nacional en la producción y distribución de los fármacos, que esté reglamentado por ley que se le asigne un presupuesto, cuestiones todavía pendientes. Para Saad, “sería bueno que tenga estatus de ley y así ser útiles a provincias hermanas. El tema de medicamentos debe ser una política de Estado. La salud supera las fronteras”.

Gonzalo Moyano, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la UBA, opinó que “lo ideal sería lograr una coordinación a nivel nacional o, al menos, a nivel regional”. Por ejemplo, si en la región Norte –entre los laboratorios de Rosario, Santa Fe y Córdoba– en lugar de producir cuarenta productos diferentes, cada UPM hiciera veinte pero en tal cantidad que permitiera proveer a hospitales y centros de salud de las tres provincias, el costo de producción sería aún menor, por una cuestión de escala y de proceso. Lo que más afecta son los costos fijos: cada producto necesita un control de calidad independientemente de la cantidad que se haga”, explicó el especialista.

Una tercera cuestión que va en contra del acceso universal es que los laboratorios están concentrados regionalmente: hay 26 en el centro del país, cinco en el Noreste, tres en Cuyo, tres en la Patagonia y apenas dos en el Noroeste. “La distribución no uniforme de las UPM responde a su historia –cada unidad surge para resolver problemas de las jurisdicciones– y a las oportunidades políticas”, enfatizó Moyano.

Muy relacionado con este aspecto, otro impedimento son los requisitos de calidad establecidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), dependiente del Ministerio de Salud. Según datos de este organismo, sólo ocho plantas cuentan con habilitación: Instituto Maiztegui (Buenos Aires), Laboratorio Provincial Laformed (Formosa), Laboratorio Provincial de Misiones (Misiones), LIF Betalactámicos (Santa Fe), Laboratorios Puntanos (San Luis), Laboratorio de la Universidad de Córdoba (Córdoba), Laboratorio Farmacéutico Conjunto de las Fuerzas Armadas (dos plantas ubicadas en los barrios de Caseros y El Palomar) y LEM (Rosario). Los que no alcanzan a cubrir las condiciones de Anmat no pueden distribuir medicamentos más allá de sus jurisdicciones.

En este sentido, el presidente del INTI, Enrique Martínez, sostuvo que el giro dado en Salud y el cambio de conducción en Anmat consolidarán el camino que se venía logrando en el asesoramiento del INTI a la red de laboratorios públicos. Aunque Cash pudo saber que no todos los laboratorios que solicitaron servicios al INTI contaron con una respuesta efectiva. “La política de Ocaña debe llevar a que tengamos dentro de los laboratorios públicos a una media docena que sea referente en su tema a nivel internacional”, concluyó Martínez.