El mercado argentino de medicamentos se oligopolizó y trasnacionalizó durante los años ’90. A partir de la concentración en la distribución y la financiación de fármacos (a través de obras sociales, prepagas, ministerios y secretarías de Salud), pocos laboratorios absorbieron la mayor parte de las ventas y se convirtieron en reguladores de precios. Según datos de FIDE, de casi trescientos laboratorios, poco más de setenta captaban las tres cuartas partes de las ventas a fines de la década. Además, entre las empresas de Estados Unidos, Alemania y Suiza se repartían poco menos de la mitad del mercado.

El aumento de precios cercano al 150 por ciento durante la convertibilidad hizo disminuir fuertemente el consumo: en el 2000, la tercera parte de la población no accedía a medicamentos por no poder pagarlos. La cifra llegó a cerca de 15 millones de personas con la crisis de 2001/2002. Pero a pesar de esta caída en las ventas, las ganancias de estas empresas subieron entre 55 y 135 por ciento, para 26 medicamentos líderes, explicaron en la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA.

Frente a la drástica disminución en el acceso a los medicamentos (según el Indec, la Industria Farmacéutica tuvo una caída en ventas del 64 por ciento durante la crisis), en enero de 2002 se lanzó el Programa Remediar, consistente en la provisión de poco más de cincuenta medicamentos básicos a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el país.

El Remediar se financió con un presupuesto de más de 230 millones de dólares en los primeros cinco años. El sesenta por ciento fueron créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el restante cuarenta por ciento, fondos públicos.

Hasta el cambio de gestión en Salud, se celebraron licitaciones sólo con laboratorios privados, los públicos no estuvieron habilitados para proveer al programa. A partir de la Resolución 286, el Remediar y el Programa de Producción Pública comenzaron a trabajar en acuerdos con laboratorios del Estado para “cubrir los productos que no aparecen en el mercado”, explicaron en Salud.

A partir de estos convenios, Laformed, de Formosa, proveerá al ministerio de seis millones de comprimidos de aspirina de 100 mg (para uso cardíaco). El LIF, de Santa Fe, producirá cuatro millones de comprimidos de cefalexina y está a punto de cerrar otro acuerdo para fabricar norfluoxetina (para infecciones urinarias). Además, hay otros dos acuerdos que están en tratativas avanzadas: uno con el Laboratorio de las Fuerzas Armadas y otro con Laboratorios Puntanos. Según Isabel Casadei, directora técnica de Laformed, “hace mucho que se viene trabajando con la producción pública, pero a partir del Programa (de Producción Pública de Medicamentos) comenzó a tratarse el tema de que los laboratorios estatales puedan proveer a programas de Nación”.

En Salud estiman que con estos primeros contratos se logrará un ahorro del cuarenta por ciento. Según el INTI, el valor de veinte medicamentos líderes elaborados por laboratorios públicos es casi cuatro veces menor al de los privados. Un ejemplo claro es el de las Fuerzas Armadas, adonde calcularon que en 2006, el precio total de cincuenta fármacos fabricados por ese laboratorio (entre comprimidos y frascos) fue de poco más de un millón de pesos, frente a un precio de 5,6 millones que totalizaban las mismas drogas genéricas.

Francisco Leone, coordinador general del Remediar, dijo a Cash que el programa pretende ser un “instrumento para el fortalecimiento del primer nivel de atención”. En ese sentido, “no podía ser que el programa más importante de distribución de medicamentos no estuviera vinculado con la producción pública”.

En el ministerio hay dos cuestiones que se consideran esenciales: el costo económico y el costo social. “Los precios de Remediar deberían ser, en teoría, los precios del mercado, porque maneja los volúmenes más elevados de todos los programas. Y esto no es así”, sostuvo Leone. Las significativas variaciones en los precios entre las distintas licitaciones generan problemas en el abastecimiento. Por eso, “ayuda mucho incorporar la producción pública como una forma de que esto no quede sólo en el mercado, sino que haya una alternativa”, agregó el funcionario.