Nuevamente con Venezuela como contraparte, el Gobierno colocó deuda a un costo record de casi 15 por ciento anual: entregó Boden 2015 por 1400 millones de dólares a cambio de unos 1000 millones en efectivo que giró Caracas, debido a que la venta se hizo a un precio bajo la par de 68,4 dólares por título. El rendimiento se ubicó dos puntos por encima de lo que cobró Chávez en mayo de este año y es apenas inferior al aceptado en el Megacanje que se realizó en junio de 2001, con el país en plena crisis económica. Además, la nueva tasa casi duplica el costo del endeudamiento de 2007, que promedió el 8 por ciento.

La paradoja es que para financiarse la Argentina tiene que afrontar tasas similares a las que convalidó cuando estaba cerca del default, si bien hoy ni siquiera los detractores más enérgicos del oficialismo auguran un escenario como el de 2001. En opinión de especialistas financieros, las altas tasas de interés exigidas al país derivan, en buena parte, de haber destruido la confianza del mercado a partir de la intervención del Indec a principios de 2007. La manipulación de índices, sobre todo el de precios minoristas (IPC), fue inducida por el Gobierno en nombre de dos razones concretas, aunque nunca admitidas: la contención de las expectativas inflacionarias y la disminución del impacto sobre los bonos de la deuda con cláusula de ajuste por CER. En este sentido, cada punto de inflación implica adicionar unos 600 millones de dólares al año por pago de intereses.

Así, los confusos cambios en la metodología de recolección de datos y cálculo de la inflación evitaron un incremento de más de 10.000 millones de dólares en el stock de deuda en el último año y medio, si se considera que en ese período la suba real de precios superó en 18 puntos a la oficial, según las estimaciones de distintos analistas.

Sin embargo, la intervención del Indec y el supuesto “ahorro” que generaría al fisco se han transformado en una peligrosa carga para las finanzas públicas. Las condiciones de financiamiento a las que podía acceder el país ya estaban en jaque y el contexto internacional las complicó aun más. La crisis de hipotecas de baja calidad de los Estados Unidos generó un claro incremento en la aversión al riesgo y, por lo tanto, a la deuda de países emergentes.

A ese complejo panorama, entonces, se agregó la política intervencionista del Indec, cuyos resultados están a la vista: sobreestimación general de las expectativas inflacionarias, con la consiguiente prima de riesgo generada por la incertidumbre que despierta el maquillaje de los índices.

La falta de credibilidad repercutió en los precios de los títulos indexables por CER. Por ejemplo, el bono descuento en pesos cotizaba a 155,20 a fines de enero de 2007 (antes de la publicación del IPC de ese mes, que incluyó los primeros cambios metodológicos), descendió a 139 a fines de junio y cerró ese año a 116 pesos. Luego de un piso de 86,80 a mediados de mayo de 2008 –en pleno lockout agrario–, actualmente su valor se ubica en torno de los 100 pesos, 30 por ciento menos que al comenzar el desaguisado en el organismo de estadísticas.

Pero las pérdidas no sólo las sufrió el inversor en bonos indexados. La caída en los precios conlleva además una mochila para las finanzas públicas, que deberán honrar un rendimiento de los bonos nacionales de casi el 18 por ciento en pesos, con un dólar sin rentabilidad en 2008.

La evolución del Riesgo País (EMBI -–Indicador de Bonos de Mercados Emergentes–) a partir de diciembre de 2006 en la Argentina, Brasil y México es otra prueba de que el tiro (al Indec) salió por la culata. Este índice mide la tasa adicional mínima que un país en desarrollo debe pagar para que un inversionista decida relegar las alternativas que se consideran sin riesgo, por ejemplo, los bonos del Tesoro estadounidense (ver cifras aparte).

Mientras Brasil disfruta actualmente –también Perú– de las ventajas financieras que implica el grado de inversión logrado durante este año, aquí se insiste en devastar un organismo que, según evaluaciones internacionales, se ubicaba entre las mejores instituciones oficiales de estadísticas del mundo, debido a la cobertura de la información que recolectaba y procesaba, la prontitud con que publicaba los resultados, la frecuencia de las series y el escaso margen de error de sus datos. La intervención comporta un grave daño institucional y se torna amenazante frente a las necesidades de financiamiento para 2009, cuando vencerán más de 9500 millones de dólares de deuda: la tormenta perfecta que ansían muchos especuladores de la city, adeptos al IPC Moreno.