La guerra desatada y ganada por los terratenientes de la Pampa Húmeda contra las retenciones móviles fue bajada a la sociedad mediante el recurso de un componente de corrección política. El objetivo fue disimular el carácter netamente crematístico del reclamo de los grandes exportadores. Fue por eso que dirigentes que alguna vez pasaron por progresistas hablaron de las necesidades de los”pequeños productores” y de la búsqueda de “políticas agropecuarias integrales”, aspectos que en la política oficial trasuntaban debilidades.

La batalla ganada por los grandes terratenientes y sus aliados de la hora ya pasó, pero los reclamos por las concesiones transitoriamente conseguidas en Diputados para los medianos empresarios y para quienes se encontraban más lejos de los puertos llegaron para quedarse.

Todavía con la resaca de la bronca de la derrota, el Gobierno adelantó a los empresarios del campo que no podían pretender “la chancha y los veinte”. Cuando se miraban las retenciones móviles desde la (equivocada) perspectiva netamente tributaria, se decía que las concesiones de las retenciones múltiples aprobadas por la Cámara de Diputados prácticamente licuaban los efectos recaudatorios. Y así era: las medidas hubiesen generado una transferencia desde los grandes exportadores sojeros a los productores más pequeños, de la gran burguesía agraria a la mediana y pequeña.

Esta naturaleza interclasista de las transferencias fue señalada por el especialista en economías regionales Alejandro Rofman como clave para comprender la renuncia de las facciones “inferiores” de la burguesía agraria en pos de la alianza mayor que involucraba a “toda la clase”. Los pequeños y medianos empresarios del campo comprenderían que la renuncia a las concesiones conseguidas en Diputados –que también significaban un costoso blanqueo y que, aun así, sólo regían hasta el 30 de octubre próximo– eran un dato menor en relación al objetivo político superior de marcarle la cancha al Gobierno en materia de distribución de la renta. Así visto, los reclamos de los farmers locales a su federada dirigencia serían tan sólo una especulación intelectual.

Pero ganada la batalla mayor, ahora se trata de ir por los “veinte” perdidos. ¿Es correcta esta lectura? Sólo si es literal. Una de las pocas virtudes del reciente conflicto con el bloque campero fue haber puesto en primer plano muchas de las problemáticas internas del sector, hasta ahora subsumidas en la bonanza general y el tipo de cambio alto. Si bien es cierto que el recurso legitimador de los “pequeños productores” fue oportunista en boca de buena parte de la dirigencia, para muchos productores chicos existen problemas reales. Más allá de acordar o no con el mecanismo, un arancel externo del 35 por ciento es, per se, alto. Es probable que para los grandes exportadores y con precios internacionales en alza sea incluso más alto. Pero también podría ser más bajo para los productores que no se encuentran en la zona núcleo o que están desfavorecidos por la escala de su producción. Las retenciones segmentadas, aunque complejas de instrumentar, no son un mecanismo desdeñable.

El segundo aspecto, también terminada la batalla, es que la demandada política agropecuaria integral no se limita sólo a la cuestión tributaria. Algunas preguntas escuchadas a posteriori del anuncio de las retenciones móviles deberían ser reflotadas. Por ejemplo: ¿Se puede incentivar la lechería al mismo tiempo que las oleaginosas? ¿Cuál es la relación entre la menor rentabilidad ganadera y el avance de la soja en zonas tradicionalmente pecuarias? Quizá sea tiempo de abordar estas cuestiones. En esto consiste finalmente la sintonía fina de la política económica.

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