Cuando las demandas de cualquier sector abandonan lo estrictamente corporativo para convertirse en políticas, el clima se enrarece y todos los análisis se vuelven sospechosos. La ilusión del mainstream de la ciencia económica consiste en sustraerse del conflicto recurriendo a la cuantificación. Y aunque la historia enseña que el mundo de los números también puede ser interesado, la ponderación de las cantidades siempre es una buena aproximación para acercarse a cualquier realidad social, por ejemplo a la significación del sector primario en la economía y a la distribución del ingreso y condiciones de vida de sus trabajadores.

La sobreestimación de la participación del “campo” en la economía local se relaciona con la participación de algunos de sus productos en el comercio exterior. La mirada de conjunto muestra otra cosa. De las cuentas nacionales surge que entre 2002 y 2007 el sector agropecuario aumentó su valor agregado en un 32,5 por ciento. Una expansión importante, aunque escasa cuando se compara con otros sectores. En el mismo período la industria manufacturera expandió su agregación de valor el 63,5 por ciento y la construcción el 171 por ciento. En materia de generación de empleo, en tanto, el aporte del sector agropecuario fue marginal. Entre 2002 y 2006, antes del empinamiento de la curva de precios internacionales, el producto del campo creció el 20,1 por ciento mientras que el empleo rural lo hizo el 3,3 por ciento. En el mismo período, en el resto de la economía la expansión del producto fue del 38,2 por ciento y la del empleo del 24,2 por ciento. En términos económicos esto se traduce en que la elasticidad–empleo (cuánto aumenta el empleo por cada punto de aumento del producto) fue de 0,16 para el campo y de 0,63 para el resto de la economía. Dicho de otra manera el campo genera casi cuatro veces menos empleo que el resto de las actividades. Estos números se reseñan en el documento difundido esta semana El Trabajo en la Argentina N15, del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda).

Las razones del bajo aporte al empleo son conocidas. La soja avanza sobre áreas que antes correspondían a otros cultivos y sobre la base de tecnologías que requieren cada vez menos de la mano de obra y facilitan la concentración al aumentar la escala productiva mínima. A esto se refieren las voces críticas cuando califican como “desierto verde” a los campos sojeros. En las plantaciones de soja no se ven trabajadores.

La actualización de la matriz insumo producto de 1997 realizada por el Cenda muestra, por ejemplo, que los “cultivos industriales”, como el algodón, el tabaco o el azúcar, demandan ocho veces más trabajo que la producción de “cereales, oleaginosas y forrajeras”. La fruticultura, seis veces más. Si se considera también la demanda indirecta de empleo la proporción entre los cultivos más intensivos y los menos intensivos en trabajo se reduce a poco menos de cinco veces en vez de ocho.

En cuanto a las condiciones del poco trabajo generado por el sector, los números indican que en 2006 (último dato disponible) existían 1.265.000 empleos de los que el 62,5 estaban en negro, la tasa de informalidad más alta de toda la economía. La situación era peor en 2002. Por entonces el negro era del 70,8 por ciento. Según el Cenda, el salario de los trabajadores negreados es un 35,6 por ciento menor. Cabe señalar que la responsabilidad por esta falta de registración también es compartida por el sector público, no sólo el privado. No alcanza con que hoy el Estado acuse, aunque vale reconocer que la situación se ve facilitada por la gran proporción de trabajo temporal y por la dificultad de acceso a muchas explotaciones. Otro punto es que, al margen de la registración o no, las remuneraciones sectoriales son un 40,6 por ciento más bajas que en el resto de la economía.

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