El socialista Carlos Ominami es el vicepresidente del Senado chileno e integra la Coalición desde el inicio de la democracia. Entre 1990 y 1992 fue el ministro de Economía del presidente Patricio Aylwin. Desde hace varios años viene bregando para terminar con el sistema privado de jubilaciones. En una entrevista con Cash, el senador señala que en el último año las AFP perdieron 25.000 millones de dólares de sus afiliados pero en ningún momento dejaron de ganar plata, debido al cobro de sus altas comisiones.

¿Cuál es su balance luego de 27 años del sistema de capitalización en Chile?

–En ningún otro país del mundo se aplicó el sistema de capitalización con tanto dogmatismo como en Chile. Luego de todos estos años se puede decir que el balance de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es extremadamente negativo desde todo punto de vista. Lo esencial de las jubilaciones es que sean consideradas parte de la seguridad social de un país y no como capitalización de recursos. El sistema tal cual está funcionando ahora no se encuentra en condiciones de contribuir a la asistencia social. Además, las AFP manejan altos costos de administración (cada 10 pesos chilenos, 3 son de costos). En Chile, al igual que en Argentina, el Estado garantiza una previsión mínima. Hay muchos que cotizan en una administradora pero sus aportes no alcanzan para obtener la jubilación mínima y simplemente quedan afuera del sistema. Ahí es cuando interviene el Estado, transfiriendo fondos al sector privado. Desde 1981 hasta 2007, se viene desembolsando por año un promedio del 5,6 por ciento del PBI. El año pasado se transfirieron 4000 millones de dólares y en estos 27 años el total supera los 100.000 millones de dólares.

La Central Unitaria de Trabajadores comenzó a reclamar el fin de las AFP. ¿Cuál es el consenso político y social para terminar con ese sistema?

–Los sectores de más bajos recursos son los primeros que abogan por un cambio. Son ellos los que necesitan un sistema con un pilar solidario fuerte. En 2006 encaramos una reforma para establecer una pensión básica, independientemente del nivel de cotización, que es de 115 dólares. Esto se hizo pensando en los sectores más necesitados y en aquellas personas que no han podido realizar nunca un aporte. Pero por otro lado, existe mucho desconocimiento. Incluso la prensa local no ha escrito nada sobre el sistema chileno pero se ha encargado de criticar la decisión de la Argentina. Falta información, muchos creen que el dinero que aportan son sus ahorros privados y no algo que cobrarán a futuro. A la luz de la crisis financiera, no quieren ver que están perdiendo su futura jubilación. Los que están en el sistema de capitalización prefieren ignorar cómo está repercutiendo la crisis en sus futuros haberes. Pero quienes sí miraron, se llevaron algunas sorpresas. Por ejemplo, una secretaria con casi 30 años de aportes y un buen sueldo, con una rentabilidad en el fondo más líquido, perdió la mitad de ese dinero.

Este concepto de ahorro como propiedad privada también está presente en el debate argentino. ¿Los fondos en las AFP son propiedad privada?

–No comparto esa definición pero la Constitución chilena está centrada en el derecho a la propiedad, en detrimentos de otros derechos sociales. Los fondos están protegidos dentro de un sistema privado, por lo tanto no podrían ser objeto de un traspaso hacia el Estado. Este es un punto de vista con un fuerte fundamento en la sociedad chilena. Por eso creo que es necesario realizar una reforma de la Constitución chilena, ya que no puede tener como eje la propiedad privada. La Concertación llegó al poder con la promesa de reinstaurar la democracia, reestablecer los derechos humanos y luchar contra la pobreza. Y ahora resta terminar con la desigualdad y otorgar mayor dinamismo a la economía. La derecha insistirá con sus soluciones privadas para lo público pero creo que hay poco espacio en este nuevo contexto para esas recetas.

En este sentido, ¿existe la decisión política de (Michelle) Bachelet para impulsar alguna nueva reforma en el sistema previsional?

–Hay en danza un proyecto para crear una AFP pública, con la intención de generar una mayor cooperación dentro del sistema. Este es un proyecto que debe enviarlo el Ejecutivo. Por otro lado, un grupo de senadores está trabajando junto al ministro de Trabajo para analizar el vínculo entre la renta del sistema de capitalización y la renta en el sistema de reparto.

¿Qué opina de la nacionalización de las AFJP en Argentina?

–Creo que hay una gran confusión en el debate argentino. Parte de los argumentos que se escucharon desde la oposición tienen que ver con otras cuestiones, por ejemplo si se alcanzará el dinero para pagar vencimientos de deuda. Es muy importante que la discusión alrededor de este tema sea ordenada y se concentre en la cuestión de fondo, que es la preservación del sistema de reparto, que debe ser solidario.