La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada en julio del año pasado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, investigó los mecanismos que caracterizaron veinte años de endeudamiento interno, bilateral, multilateral y comercial de ese país, el impacto social y ambiental y sus aspectos jurídicos. La comisión, integrada entre otros por los argentinos Miguel Espeche Gil, Salvador María Lozada, Alejandro Olmos Gaona y Alfredo Carella, detectó indicios de irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda, durante el período 1976-2006. Cuando recibió el informe final, el 20 de noviembre pasado, Correa anunció que no pagará la deuda ilegítima, ilegal y corrupta y que sancionará a los culpables. Días más tarde, suspendió el pago de los intereses de una parte de las obligaciones externas. El jueves pasado, Ecuador anunció que está dispuesto a caer en “default con responsabilidad” en ciertos tramos de la deuda externa, equivalente a unos 3800 millones de dólares en bonos Global que vencen entre 2012 y 2030. En este contexto, Cash dialogó con la ministra de Finanzas de Ecuador, María Elsa Viteri, que analizó los hallazgos de la investigación y los pasos que dará el gobierno a partir de las conclusiones del informe.

¿Que llevó al gobierno a formar la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público?

–Mientras se generó la deuda externa, muchos sectores sociales de nuestro país fueron evaluando estas cuestiones en la medida de sus posibilidades. El presidente Correa, que tiene mucho apoyo, cree en la necesidad de que el país sepa realmente lo que significó la deuda externa y las repercusiones de tener esta carga de endeudamiento, que cada vez más nos ahogaba y nos quitaba recursos para nuestro desarrollo. Y no sólo la deuda externa sino también la interna. Ecuador es un país muy pequeño pero muy rico y realmente esa riqueza no se ve sembrada, por muchas razones. Una de las fundamentales es el desvío completo de los recursos hacia el exterior. La pregunta “¿qué pasó con esos recursos, con la deuda externa?” le surge a cualquier ser racional.

¿Toda la deuda de Ecuador es considerada ilegal o sólo una parte?

–La comisión realiza un estudio integral, en tanto abarca todos los casos. Pero no es integral, en el sentido de que no estudia la totalidad de la deuda. Eso hay que diferenciarlo. El criterio con que comenzó el análisis era apuntar a los casos en los que más se temía que podía haber distorsiones e indicios de ilegalidad, que llevan a una ilegitimidad. En esta primera auditoría, es probable que la totalidad del estudio tenga esta problemática. Pero habrá que ver si el resto del cúmulo, que no se ha estudiado en detalle, tiene estas falencias.

¿Qué acciones se coordinaron entre el Ministerio de Finanzas y la comisión?

–La comisión fue creada de manera independiente, pese a depender del Ministerio de Finanzas. Este ministerio jamás intervino: no dio ningún tipo de lineamientos sobre los criterios a adoptar; sólo facilitó información para que ellos pudieran trabajar.

¿La reciente decisión del gobierno de suspender el pago de intereses de parte de la deuda se desprende de las conclusiones del informe?

–En función de estas conclusiones es que actúa el gobierno nacional, a través del Ministerio de Finanzas y –fundamentalmente– del presidente Correa, que tiene que tomar las decisiones. Ya sabemos cuál es su opinión general: él no puede aprobar la corrupción, la ilegalidad, la ilegitimidad respecto de la deuda ni de cualquier otro ámbito del proceder público o privado. En este momento, tenemos estas conclusiones que dicen que hay un denominador común, pero eso no significa que toda la deuda sea ilegal, porque –insisto– ni siquiera está toda auditada. Lo interesante sería continuar con las auditorías. Es justo y necesario que todo sea auditado.

¿Cómo analiza el rol de los organismos internacionales de crédito en el proceso de endeudamiento?

–Creo que los organismos internacionales de crédito han tenido un criterio y una ideología establecida. Obviamente, ellos respondían a ciertos intereses. Parece claro que, no sólo por este caso particular sino por lo que estamos viviendo a nivel mundial, la crisis determina que tienen que cambiar la forma de ser y la dirección que los sustenta en cuanto a su criterio primordial. Y en la medida en que eso sea posible, vamos a tener un progreso. ¿Qué nos queda al resto de los países que ya despertamos frente a esta mentira, que era este ordenamiento? Establecer un nuevo ordenamiento y una estructura financiera diferente.

Usted describe una concepción general, ¿es posible ver alguna responsabilidad de estos organismos en las ilegalidades que asumió el endeudamiento de Ecuador?

–No soy la convocada a juzgar si tuvieron o no responsabilidad. Dentro de esa perspectiva, tenemos claridad. Hemos divido en dos la posición legal: el entorno interno y el entorno internacional. Dentro de la parte nacional, la comisión acabó su trabajo y nosotros, como Ministerio de Finanzas y como gobierno nacional, también.

¿En qué sentido?

–Entregamos ese trabajo, que es fundamentalmente técnico, a los organismos de control interno como un elemento sobre el cual trabajar y hacer la investigación que corresponda en el plano interno. Antes de entregar el informe al presidente, se lo entregué al fiscal general de la Nación, Washington Pesántez Muñoz. Lo mismo hice con los señores Contralor y Procurador. Independientemente de lo que yo crea, son ellos los que dirigen los organismos de control llamados a determinar si hubo o no corrupción, si hubo o no ilegalidad.

¿Qué hizo el gobierno en relación con la deuda en el ámbito internacional?

–Primero, contratar un estudio de juristas del exterior que conozca la materia y evalúe, a nivel internacional, las mismas pruebas que estoy entregando a nivel nacional. En este caso, ellos serán los llamados a determinar qué pasa en cada uno de los tramos de la deuda y con cada involucrado. Insisto, los organismos internacionales se han comportado de acuerdo con el concepto de acción que tienen y habrá que ver realmente en este momento qué es lo que apoyan esos organismos: si el mantenimiento de estos esquemas, a todas luces caducos y completamente deformados, o si apoyan sus verdaderos objetivos. En el caso de los Bancos de Desarrollo, por ejemplo, tienen que apoyar a los que los han constituido en función de los derechos de esos países. El Ecuador es parte de estos países constitutivos y es necesario que reclame sus derechos.

¿Qué opina del rol de ex funcionarios de Ecuador y de los negociadores privados que participaron del endeudamiento?

–El paquete entero de conclusiones e involucrados está en manos de los juristas internacionales. No le tememos a tomar las acciones que debamos tomar.

Según el informe, hubo “una relación asimétrica entre las partes contratantes”.

–Si se refieren a que no teníamos otra opción, eso es peligroso en el sentido de que siempre hay una opción. La soberanía nunca debe estar en duda. No hay justificación para acciones ilegales. La legalidad debe ser exigida para todos. El país no puede aceptar que se lo endeude y que la plata nunca llegue porque el dinero va a otras cuentas para financiar deudas anteriores. Son cosas que molestan. No es el caso sólo de Ecuador, es generalizado. Piensan que los latinoamericanos no tenemos la capacidad de visualizar estos abusos. El punto está en que hay malos compatriotas que no sé por qué razones –habrá que ver lo que arroja la investigación nacional– tomaron decisiones. Imagino que siempre hay momentos difíciles, pero eso no implica que uno deba dejar de lado la soberanía, los derechos y la dignidad.

¿Cómo tomó la sociedad ecuatoriana el informe y el no pago de intereses de la deuda?

–Mi teléfono personal colapsó, mi teléfono ministerial colapsó, mi teléfono presidencial, que se supone que es secreto, colapsó por las llamadas de adhesión de gente que me conoce. Es sorprendente cómo, a raíz de la presentación del informe, a todo lugar que voy la gente no para de decirme que nos apoya y felicita. El pueblo ecuatoriano necesita tener una continuidad en este hecho. Obviamente, otros sectores del país lo han tomado con cierta preocupación. No entiendo por qué, pero me imagino que tendrá que ver con lo que pueda suceder. Normalmente, son los sectores que tienen acceso a los medios de comunicación. Pero en el sentido en que estamos caminando el país, la mirada de la gente es otra.

¿Que significado tiene la decisión de suspender el pago de esos intereses en el actual contexto de crisis financiera internacional?

–La verdad es que nunca pensamos que se iban a juntar dos hechos tan importantes, pero creo que también hay algún tipo de dependencia entre ambos hechos. Me parece que es una coincidencia de orden universal. Tenemos que trabajar en dos cuestiones fundamentales para el Ecuador: una universal, porque la enfrentan todos, y otra que parte de nuestras decisiones anteriores. Sin embargo, es muy importante analizar cómo, desde los países del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), hubo un apoyo muy fuerte y una posición en el sentido de comenzar procesos similares como el ecuatoriano. Eso es importante. No nos arrepentimos, no nos echamos para atrás y, mucho menos, creemos que es inoportuno porque se hayan juntado estas dos acciones. Vamos a seguir adelante con las dos cosas: la de una estrategia regional con respecto a la crisis y la de haber tomado el liderazgo en el mundo a partir de esta decisión.

¿Cómo define esta decisión de Ecuador?

–No es decir “no pago la deuda”, sino estudiar lo que pasó para poder tomar una decisión. Nos ha llamado mucho la atención el apoyo sobre esta medida a nivel regional e internacional. Estuve en Noruega hace unos meses y es interesantísimo cómo se ha estudiado el caso ecuatoriano y la posición de los países europeos. Vamos a descubrir con argumentos qué es lo que ha pasado para reclamar al orden internacional por nuestros derechos. Pese a que sabemos que el entorno internacional no es favorable, vamos a presentar, en ese mismo campo, los casos argumentados. Estamos interesados en que se creen instancias objetivas a las que podamos recurrir, una corte internacional donde sintamos que podemos plantear nuestros derechos con plena equidad.

¿En que consiste la presentación que va a hacer Ecuador en un tribunal internacional por el caso de la deuda?

–Depende de la apreciación del estudio jurídico, del soporte y el apoyo que nos den. El presidente es economista, yo soy economista, el ministro coordinador de la política es economista, la ministra de Relaciones Exteriores es abogada, pero necesitamos un apoyo mucho más fuerte. Es decir, de las cinco personas que estamos más vinculadas con este tema, una sola es abogada y está dedicada a las Relaciones Exteriores. Necesitamos realmente apoyo para estructurar bien esta cuestión. Tenemos claro –y el presidente lo ha dicho– que estamos en contra de reconocer todo lo que haya sido corrupto, ilegal y, obviamente, ilegítimo.