El presidente electo norteamericano señaló que una de sus prioridades será ampliar el seguro de desempleo a los nuevos desocupados. Barack Obama afirmó que ante una crisis las respuestas gubernativas deberían ser rápidas y eficaces. Salvando las distancias, la Argentina del 2001 tenía un desafío similar. Arrastrando una recesión de más de tres años y con una tasa de desocupación que superaba el 25 por ciento, la conflictividad social era alarmante. En ese contexto, se emitió el decreto 165/02 estableciendo una prestación variable –entre 100 y 200 pesos– para los jefes de hogar desocupados. Ese beneficio tenía dos limitaciones importantes: se otorgaba solamente por un lapso acotado (tres meses) y la cantidad de prestaciones dependía de los fondos disponibles.

A los pocos meses, la Mesa de Diálogo Argentino (un foro integrado por sectores sociales, políticos, empresariales, religiosos y laborales) recomendó “universalizar” ese plan. La dirigencia reunida en ese foro sostuvo que se debía asegurar un mínimo ingreso mensual a “todas las familias argentinas”. Luego, el gobierno nacional implementó el Plan Jefes y Jefas de Hogar.

Los ejes de esa iniciativa eran el pago de una ayuda económica “no remunerativa” a cambio de la prestación de alguna tarea (actividades de capacitación o comunitarias con una dedicación no inferior a cuatro horas diarias ni superior a seis). En presencia de cuentas fiscales deterioradas, la decisión de elevar significativamente el nivel del gasto público contrariaba los dictados de la ortodoxia económica. En el primer trimestre del 2002, el déficit fiscal primario ascendía a 747 millones de pesos.

A pesar de algunos reparos, la crítica situación social generó un amplio consenso acerca de la necesidad de dar una respuesta “universalizadora”.

En los cálculos previos a su implementación, las autoridades calculaban que el total de potenciales beneficiarios sería cercano a las 500 mil personas. En tal caso, los recursos presupuestados alcanzaban los 750 millones de pesos. Sin embargo, las presentaciones efectuadas para el cobro del subsidio fueron siete veces superior. Eso obligó a una ardua tarea de depuración realizada por los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Finalmente, dos millones de personas comenzaron a cobrar esa prestación. Así, el ejecutado del año 2002 alcanzó los 2257 millones de pesos.

La investigadora del Cedes Laura Golbert señaló a Cash que “fueron las familias ubicadas en los deciles más bajos de ingresos las que más se vieron beneficiadas por este programa. Por otra parte, fue un programa que puede considerarse exitoso para reducir los altos niveles de conflictividad existente en esos momentos”. A partir del 2004, la cantidad de beneficiarios comenzó a decrecer por la confluencia de cuatro factores:

n Incorporación de 750.000 beneficiarios al mercado laboral formal.

n Traspaso al Plan Familias de 450.000 mujeres consideradas inempleables en el corto plazo. Ese programa asigna un ingreso no remunerativo que varía entre 155 y 305 pesos (de acuerdo con la cantidad de hijos). La percepción de ese ingreso está sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones en materia de salud y escolaridad de los niños. A tal fin, la madre debe presentar dos veces al año los certificados de cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación y la constancia de matriculación inicial y de regularidad escolar de los niños de 5 a 19 años.

n Mudanza de 92.000 personas a un Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. En este caso se trata de un subsidio (225 pesos mensuales) que se asigna a aquellas personas que asisten a oficinas de empleo, que realizan tareas de formación y apoyo en la búsqueda laboral.

n Se dieron de baja muchos beneficiarios que no cumplían con los requisitos establecidos para cobrar el subsidio.

En síntesis, hoy el universo incluido en el Plan Jefes de Hogar se redujo a 700.000 personas. A la vez, la recuperación productiva post convertibilidad permitió mitigar muchos problemas. Aun así, las asignaciones pendientes continúan siendo numerosas. Actualmente, el Estado destina aproximadamente 3500 millones de pesos anuales a los tres programas en curso (Jefes de Hogar, Familias, Seguro de Capacitación y Empleo). Los posibles efectos de la crisis financiera internacional (despidos, suspensiones), obligan a repasar los resultados de esas coberturas y a imaginar nuevas respuestas oficiales. “Hay que mejorar los servicios de atención universal como la educación y la salud, coordinar las acciones que se realizan desde los distintos ministerios destinadas a la protección de la población y promover políticas desde los distintos municipios tendientes a fortalecer la cohesión social. Sobre todo hay que abrir el debate sobre estas cuestiones con distintos actores sociales y políticas para diseñar una estrategia consensuada, legítima y sustentable en el tiempo”, recomienda Golbert.

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