Las reservas certificadas de petróleo y gas natural no superan los ocho años. Las refinerías, que presentan un preocupante estado de envejecimiento tecnológico, están trabajando al 95 por ciento de su capacidad instalada. En ese sector, la última inversión importante fue realizada por la estatal YPF cuando se ampliaron las refinerías de La Plata y Luján de Cuyo. La declinación de las reservas y la saturación de las refinerías son apenas dos datos que revelan el cuadro de debilidad de la oferta energética argentina. La seriedad del problema está dada por la fuerte dependencia de los hidrocarburos fósiles (fundamentalmente petróleo y gas) como fuente de aprovisionamiento de la matriz energética local. El petróleo y gas explican el 90 por ciento de la oferta de energía primaria argentina.

La disminución de las reservas fue el lógico resultado de políticas públicas auspiciadas desde los noventa que promovieron la sobreexplotación de los yacimientos existentes, juntamente con escasas inversiones de riesgo en exploración y refinación. Amparadas por el accionar oficial, las petroleras privilegiaron la explotación de las áreas más concentradas (logrando economías de escala) y las técnicas de exploración menos riesgosas y costosas. En el libro Cien años de petróleo argentino. Descubrimiento, saqueo y perspectivas (Claves para todos, Capital Intelectual), Bernal, De Cicco y Freda, relatan que “durante la gestión estatal, YPF realizó en la década de los ochenta un promedio anual de 117 pozos exploratorios y la gestión privada (entre 1999 y 2005) registró un promedio de apenas 26 pozos exploratorios”.

El gobierno nacional puso en marcha algunas medidas para incentivar nuevos proyectos de prospección, exploración y extracción de petróleo y gas. El objetivo apunta a mejorar las perspectivas para el abastecimiento interno durante los próximos años. Esas medidas fueron tomadas en el marco de un Plan Nacional de Energía 2008-2013 cuyos programas más relevantes son:

n El Plan Energía Total que asegura a las empresas que utilicen combustibles líquidos sustitutos –en sus procesos productivos– un acceso a esos insumos al precio del gas (que es más barato). En la práctica, la iniciativa implica un subsidio directo a los grandes usuarios industriales. Sin embargo, los requisitos técnicos que se deben cumplir para acceder a este programa han desalentado su utilización.

n El Plan Energía Plus permite a las usinas que aumenten su capacidad de generación eléctrica que incrementen el costo de los MW adicionales que comercialicen.

n El Plan Petróleo, Refinación y Gas Plus favorece a los operadores que inviertan en exploración y extracción de hidrocarburos. En ese sentido, se les permite un incremento en el precio del petróleo y/o gas comercializado y una serie de beneficios impositivos. Asimismo, las productoras y refinadoras de hidrocarburos podrán seguir exportando siempre y cuando garanticen un adecuado nivel de reposición de reservas de petróleo y gas.

n El Plan Energía Delivery financia la construcción de pequeñas centrales termoeléctricas para abastecer de energía eléctrica a grandes consumidores industriales y a importantes centros poblacionales. Esas usinas comercializarían la energía generada a un precio superior a los niveles actuales (entre un tercio y un 50 por ciento mayor).

n Puesta en marcha de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado –localizadas en las localidades de Timbúes (Santa Fe) y Campana (Buenos Aires)– que inyectarán 1600 MW de oferta eléctrica al sistema nacional.

n Contratación de un buque regasificador instalado en el puerto de Ingeniero White (Bahía Blanca) para procesar el gas natural licuado (GNL) transportado por los buques metaneros. Ese combustible permitiría abastecer al polo petroquímico e inyectar alrededor de 3 millones de m3/día en los gasoductos troncales.

En definitiva, el gobierno nacional diseñó un amplio conjunto de programas tendientes a fortalecer la oferta energética estatal. La batería de medidas dispuesta por el PEN no estuvo exenta de algunas críticas. Consultados por Cash, miembros del Grupo Moreno coinciden en señalar la necesidad de detener la exportación de petróleo y derivados para recuperar los niveles de reservas compatibles con el autoabastecimiento. Por otra parte, el Grupo Moreno sostiene que Enarsa debería asumir un auténtico rol de empresa petrolera nacional para orientar la política energética, en términos de un uso eficiente de los recursos y de la apropiación de la renta.

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