En el último mes se cortaron rutas por parte de obreros sin trabajo, chacareros, representantes de un sector industrial subsidiado por el Estado, partidos de izquierda, la FAA, la CRA –cuyo presidente se atrevió llamar “pajarón” al secretario de Agricultura– y productores santafesinos echaron huevazos, insultaron y patearon el auto de un diputado oficialista. ¿Qué motiva este apoyo militante? La idea de muchos es que el Gobierno agrede sistemáticamente los intereses del conjunto del agro. Su percepción es que el Estado con las retenciones anula el espíritu empresario de los productores que habrían sido los generadores del fenómeno sojero. Este enfoque es por lo menos incompleto.

Hoy muchos productores padecen necesidades reales derivadas de la sequía y bajos precios, cuestiones que el Estado tiene la obligación de atender y auxiliar luego de contabilizar la validez de los reclamos. Pero también debe señalarse que –aun cuando lo quieran o no admitir las entidades agrarias– el eje principal que agrupó a muchos que por meses cortaron la ruta y hoy amenazan con nuevos paros fue el nivel de retenciones a la exportación de soja y derivados.

En ese sentido debe señalarse que el boom sojero se inició fomentado por el Estado en los años ‘60 y ‘70 y logró sucesivos records de producción. Las grandes firmas multinacionales controlantes del negocio a nivel mundial, Cargill, Monsanto, Dreyfus, ADM, Bunge, instalaron en Rosario desde fines de los ‘80 las plantas aceiteras más grandes del mundo y consiguieron del Estado el dragado del río Paraná hasta Rosario para permitir el paso de buques de mayor calado. Por su parte, el fuerte papel inductor/manipulador del boom sojero en la Argentina de la firma Monsanto (asociada a Cargill a nivel mundial) se observa cuando liberó y fomentó el uso de la semilla RR glifosato a partir de 1996, sin hacer observar aquí los rígidos contratos que obliga a firmar a los agricultores en los Estados Unidos, que implican el pago anual por el uso de su semilla. Así el costo de la semilla y el herbicida asociado fue menor que en los Estados Unidos desde finales de los noventa hasta mediados de esta década.

Argentina fue un “conejillo de Indias” en el uso de la soja RR cuando la mayoría de los países –en particular los europeos y Brasil– se oponían a su uso por motivos ambientalistas. Por el mecanismo de la “bolsa blanca”, permitido en su momento por Monsanto, se expandió el cultivo en Argentina y en los países limítrofes. Una vez que se generalizó el uso en esas plazas, la firma comenzó a presionar por el pago anual por el uso de su semilla, tal como lo hacen los agricultores en los Estados Unidos. En igual sentido el período del menor costo del glifosato en nuestro país culminó abruptamente en medio del conflicto sojero del 2008 cuando su costo se incrementó en solo dos meses desde los 2 dólares por litro hasta valores cercanos a los 8. Así se demostró el control que las dos principales firmas productoras en nuestro país y de los importadores (principalmente desde China) para manipular la oferta y precio.

Los principales reclamos de las entidades del agro y la mayoría de las opiniones que se vierten sobre el tema no toman en cuenta estos aspectos: el fuerte rol inductor del Estado del cultivo en sus comienzos y la manipulación que desde las grandes empresas realizaron para acelerar el “boom sojero” cuando el mercado asiático se convertía en el principal destino de las exportaciones. Si el análisis del tema sojero parte de reconocer el carácter dependiente de la economía argentina, puede abandonarse el sendero tradicional de las polémicas en torno de la evolución del sector centradas en cuestiones de política interna y la idea de que el libre mercado reina en el comercio mundial de granos.

La cuestión no puede ni parece ser la eliminación del cultivo, que fue un pilar junto con el fin de la convertibilidad del resurgimiento del sector endeudado y en crisis a fin de los ‘90. De lo que se trata es del derecho del Estado de administrarlo para evitar que en Argentina sólo se plante soja desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y que el alto nivel de renta de la tierra para ese cultivo se traslade como costo al resto de la producción agraria nacional y se convierta en factor del aumento de los precios de los alimentos. Esta cuestión, por hipocresía o desconocimiento, es otra de las críticas principales a la actual gestión por parte de aquellos que apoyaron los largos cortes de ruta del 2008. No se trata de eliminar las críticas a otros aspectos de la política gubernamental, sino de poner racionalidad en la discusión y eliminar el insulto como principal adjetivo para calificar al oponente. Un ejemplo fue la opinión de un dirigente agrario que, sin memoria histórica, calificó recientemente de “tiranía” a la actual gestión y se atrevió a decir, con liviandad, que es aún peor que la tiranía basada en las armas.

* Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios-FCE/UBA.