Mucho se escribe en la actualidad sobre el fin del Consenso de Washington y de las políticas neoliberales en vigencia durante los últimos 30 años. La crisis mundial es la del modelo neoliberal que se viene aplicando a escala mundial. En consecuencia, ya no tienen asidero los discursos en torno de las desregulaciones, privatizaciones, aperturas al exterior extremas y ajustes estructurales y que tuvieron como mira el potenciamiento del sector financiero y especulativo en el mundo. Asimismo, se pone de manifiesto que el problema va más allá de la presunta dicotomía entre “intervencionismo estatal vs. mercado”. Las transferencias de fondos multimillonarias realizadas por los gobiernos de los EE.UU. y la Unión Europea a bancos, compañías de seguros y grandes empresas dejan en claro que lo que se persigue es salvar al sistema financiero mundial y a las grandes compañías transnacionales que son el soporte principal del régimen capitalista mundial tal como se lo conoce en la actualidad. Si antes se favorecía a estos sectores mediante la liberalización del mercado, ahora caben intervenciones con el aportes de fondos multimillonarios para sostenerlos. En todo caso la pregunta que surge entonces es ¿qué tipo de intervención estatal y a favor de quiénes es la necesaria para abordar la crisis?

En la reciente reunión del G-20 se acordó la necesidad de rescatar al sistema financiero mundial y al comercio internacional aunque introduciendo ciertas regulaciones que aún están por verse. Algunas de las medidas acordadas no parecen ser tan importantes como para que pueda decirse que existe un embate en contra del régimen neoliberal: se atacó a los paraísos fiscales, se acordó que debían ser regulados los fondos de inversión, se cuestionó el desempeño de las calificadoras de riesgo y hasta se aprobó de que haya más control sobre los sueldos y las bonificaciones que cobran los ejecutivos de las grandes empresas. Estas medidas pueden tener su importancia, pero no son fundamentales para abordar de raíz a la crisis mundial. Se ven contrarrestadas por la inyección de fondos para apuntalar a los organismos financieros internacionales: 500 mil millones para el FMI, 100 mil millones para el Banco Mundial, otros 250 mil millones de Derechos Especiales de Giro y sustanciales fondos para prefinanciaciones de exportaciones que serían administrados por la Corporación Financiera Internacional, el brazo del Banco Mundial para el sector privado. Si bien se manifiesta el compromiso de incrementar los fondos disponibles para los países pobres, no se han modificado las condicionalidades que el FMI marca para el otorgamiento de préstamos a estos países. En este sentido, Ucrania, Pakistán y Letonia aparecen como las víctimas más recientes del FMI.

Está bien que exista este tipo de reuniones con la participación de representantes de muchos más países que los que ocupaban la mesa chica de las decisiones mundiales en el pasado. Sin embargo, el G-20 no ha puesto en marcha un sistema para impulsar un aumento de la demanda global, o para reformar en forma significativa el sistema financiero y de comercio exterior internacional. No fueron adoptadas medidas que podrían contribuir en forma mucho más efectiva a sustentar las necesidades populares de la mayoría de la población mundial, que se ve amenazada como nunca por un creciente proceso de desocupación. En efecto, no se trasluce de lo acordado en la reunión que el apoyo directo a los sectores populares podría ser tanto o más importante que el que se les está asignando a los bancos y financieras que fueron los causantes de la crisis.

Tampoco hubo un debate respecto de qué tendrían que hacer los países del Tercer Mundo para enfrentar sus “deudas eternas”, que operan como una rémora insalvable sobre cualquier propuesta tendiente a reactivar sus economías. No tratar el problema de la deuda contribuye a que no se tomen medidas eficaces como para contrarrestar lo que efectivamente parece estar perfilándose: el aumento de la desocupación, el hambre y la miseria. Mientras que nuestros gobiernos hacen malabarismos para pagar los servicios de sus deudas, no tratar el problema de la deuda externa que está en el centro de la política económica es quizás una de las faltas más importantes de la reunión del G-20.

Resulta extraño que los representantes de los países del Tercer Mundo, en especial los latinoamericanos, no hubiesen planteado propuestas mínimas referidas a esta cuestión. No se planteó –quizá no era el lugar para ello– que deberían existir moratorias sobre el pago de los servicios de la deuda, las que podrían ser adoptadas en forma conjunta. Tampoco fue tratada una medida que podría contribuir sustancialmente a confrontar la crisis en el mundo: la condonación lisa y llana de las deudas externas de los países del Tercer Mundo. Presionar para que sean eliminadas las deudas que tienen nuestros países con los bancos y organismos financieros internacionales podría no ser una propuesta descabellada en el marco de la situación de gran inestabilidad e incertidumbre que persiste en el mundo. Y en el caso de los tenedores de bonos emitidos por nuestros países, se les podría sugerir a los países centrales que se hagan cargo del pago de los mismos, compensándolos con una parte ínfima de los enormes fondos multimillonarios que están siendo transferidos a la banca internacional privada y a las grandes empresas transnacionales.

* Economista, profesor de la UBA e investigador del Conicet.