El ombliguismo de la dirigencia agropecuaria es uno de sus rasgos distintivos. En sus repetidos discursos sostiene que su sector es el eje del desarrollo productivo argentino. En medio del conflicto del año pasado, la revista Barcelona tituló que en realidad las entidades rurales no querían retrotraer las cosas al momento anterior al dictado de la Resolución 125, sino a 1880.

Durante el auge del modelo agroexportador, el sector agropecuario llegó a representar más del 30 por ciento del PIB. En esos tiempos, una mala cosecha significaba un profundo retroceso para la economía nacional. Si bien el sector conserva una presencia significativa, la estructura productiva actual no es asimilable a ese pasado remoto. Hoy el sector agropecuario representa apenas un 8 por ciento del PIB o un 5 por ciento según el criterio de medición elegido: precios corrientes en el primer caso y precios constantes en el segundo. Aun sumándole la producción proveniente del complejo agroindustrial, la participación en el PIB no llega al 20 por ciento.

Con respecto al trabajo generado por el sector ocurre algo similar. En 1947, el campo empleaba al 24 por ciento de la población. Actualmente, el empleo rural directo no supera el 8 por ciento. En su trabajo “Los complejos agrolimentarios y el empleo: una controversia teórica y empírica” (Revista Realidad Económica 206), el economista de Cenda Javier Rodríguez sostiene que “el sistema agroalimentario ampliado, que incluye toda la producción agraria y pesquera, las etapas de industrialización y terciarias (comercio mayorista y minorista, transporte de todo tipo) abarca el 18,1 por ciento de los puestos de trabajo de toda la economía”.

En la última Expoagro, el presidente de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) exhortó a construir un país que produzca 150 millones de toneladas al año. Para eso pidió reglas de juego claras, justas y previsibles y fuerte respeto por el derecho de propiedad.

El discurso retoma un viejo tópico: un incremento en el volumen cosechado redunda en un mayor bienestar para toda la sociedad. Esa premisa tiene un pecado original: oculta quiénes son los beneficiarios de esas mayores cosechas en el caso de que se dejen las cosas libradas a las fuerzas de mercado. Al igual que lo ocurrido con la teoría del derrame, esa repetida idea no tiene corroboración empírica. Por ejemplo, la producción de cereales y oleaginosas se incrementó un 70 por ciento durante la década del ‘90 (se pasó de 38 a 64 millones de toneladas). Ese espectacular incremento productivo coexistió con declinantes indicadores económicos y sociales. En otras palabras, las mayores cosechas no detuvieron el derrumbe social y económico.

Otra de las muletillas de los dirigentes agrarios es que la recuperación económica posconvertibilidad fue motorizada por el aporte realizado por el sector agropecuario. La Cepal, en su trabajo “Crisis, recuperación y Nuevos Dilemas: la economía argentina 2002-2007”, sostiene que la mayor contribución al crecimiento del PIB en esos años fue la proveniente del sector industrial (+22,6 por ciento), seguida por el comercio con el 17,1 y el campo (3,5). Por eso, mientras el PIB global creció un 8,8 por ciento, el PBI industrial lo hizo un 10 y el agropecuario menos del 6 por ciento. Esto no significa menospreciar el importante aporte del sector agropecuario (sobre todo en lo que hace a la generación de divisas) para la economía argentina. El análisis de los datos simplemente pone las cosas en su justo lugar desmintiendo rotundamente la veracidad de afirmaciones tales como “todos vivimos del campo”.

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