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A lo largo del año 1948, la cuestión de la participación de la Argentina, como proveedora de Europa occidental con financiación del Plan Marshall, recibiendo dólares a cambio de sus ventas, pasó a ser un tema político de primer orden en las relaciones argentino-estadounidenses. En marzo-abril, durante la conferencia interamericana de Bogotá, los reclamos latinoamericanos de apoyo a su desarrollo económico y asistencia financiera gubernamental por parte de los Estados Unidos habían chocado nuevamente con la estrategia de Washington de priorizar la reconstrucción europea. No habría nada semejante para América latina. El secretario de Estado planteó claramente en su discurso que sería la recuperación del Viejo Continente la que traería la solución: pronto América latina recibiría los beneficios del gasto en dólares del plan. Uno de los propósitos centrales del plan de reconstrucción era ampliar la demanda para las exportaciones de Estados Unidos. Sin embargo, en sus inicios se preveía que la producción norteamericana, particularmente la agraria, no sería suficiente y debería ser completada con la de otras fuentes. Esa perspectiva era explícitamente considerada por los planificadores del Norte: “La ayuda se da directamente a los dieciséis países del Programa de Reconstrucción Europea (ERP) y a Alemania occidental [pero esto] no quiere decir que otros no se beneficiarán indirectamente. [...] las otras Américas pueden proveer bajo el ERP cerca de la mitad de las exportaciones requeridas [...]. América latina y Canadá obtendrán entonces acceso al mercado estadounidense con dólares obtenidos en pago por las compras off shore del Programa”. Para la política económica del gobierno peronista, afectado por la inconvertibilidad de las monedas europeas, la perspectiva de ventas a Europa con financiación en dólares del ERP aparecía como una solución. De ella dependía la continuidad de las importaciones desde Estados Unidos, fundamentales para el plan de industrialización. Pero las eventuales compras se iban demorando y las promesas de una participación argentina fueron utilizadas por Washington y la diplomacia norteamericana como un arma de presión para obtener concesiones. Apuntaban a forzar la baja del precio de venta del trigo argentino, a liberalizar las condiciones para la remisión de beneficios de las empresas norteamericanas, a restringir o eliminar el rol del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) en las exportaciones e importaciones. En suma, una política de presiones dirigidas al abandono del plan económico llevado adelante por el gobierno y encarnado en la figura de Miguel Miranda, presidente del Banco Central y del IAPI y, de hecho, principal responsable de la conducción económica.

El Congreso norteamericano jugaba también un papel clave en la formulación de esta política respecto de la Argentina, así como la Agencia de Cooperación Económica (ECA), organización administradora de los fondos del Programa, independiente de los departamentos de Estado y de Comercio, con gran número de hombres de negocios entre sus funcionarios. Desde el año anterior la Argentina había manifestado su voluntad de vender a un precio más bajo si obtenía garantías de acceso a importaciones esenciales desde Estados Unidos “a precios del mercado mundial”. Pero un Comité del Congreso norteamericano se opuso a un acuerdo semejante porque fortalecería el papel del IAPI. En general, en Washington se proclamaba el apoyo al comercio a través de “empresas privadas”. También lo recomendaba la ley de asistencia al exterior de 1948. En particular, respecto del Plan Marshall, se debían “usar en la máxima extensión posible canales de comercio privado, tanto en los proveedores como en los países participantes”. Sin embargo, para evitar la competencia, los sobreprecios y el despilfarro de fondos, y pese a las recetas hacia terceros países, como la Argentina, en Washington se centralizó y canalizó el intercambio previsto. Anunciados en abril los primeros montos de asistencia financiera, un funcionario de la ECA dio seguridades ante el Congreso de que no se preveían compras en la Argentina “en la medida en que eso esté bajo nuestro control”. Se anunciaría a los gobiernos europeos que no se aprobarían autorizaciones de compras, debido a los altos precios del IAPI.

Por su parte, Miranda ya había manifestado anteriormente que apenas ingresaran dólares al país por las ventas bajo el Plan Marshall, se eliminarían las restricciones a la remisión de dividendos en dólares para las empresas extranjeras. A fin de mayo, el gobierno argentino concedió rebajar el precio del trigo y venderlo al de Chicago más el costo de transporte de los puertos del Golfo de México. Sin embargo, desde mediados de 1948, la falta de compras en la Argentina con financiación del Plan Marshall ya no se debió esencialmente a la política de presiones ejercidas sobre el gobierno peronista: eran factores de oferta que inevitablemente dejaron de lado no sólo a ese país sino a toda América latina. En el verano del Hemisferio Norte se conocieron los datos de cosechas record de trigo en Estados Unidos, Canadá y Australia. También la agricultura europea se recuperaba con gran rapidez. Estos hechos determinaron un cambio general en el abastecimiento agrícola mundial respecto de los años anteriores. En el caso estadounidense, se conjugaron buenas condiciones climáticas con la maduración de cambios tecnológicos y productivos que fueron un resultado a largo plazo de la política agrícola del New Deal de apoyo a los farmers, inaugurada con la Ley Agrícola de 1938. Esa ley propiciaba préstamos de largo plazo, pagaderos con parte de la producción, garantías de precio, subvenciones, etc. Las exportaciones agrícolas norteamericanas se multiplicaron varias veces por encima de los niveles anteriores a la guerra. En esas condiciones, el gobierno norteamericano garantizó un precio sostén para el trigo y canalizó los excedentes hacia Europa occidental. En abril de 1948, en el debate sobre la aprobación del ERP en el Congreso norteamericano, el secretario de Agricultura, Clinton Anderson, defendió el plan con el fundamento explícito de que el mismo garantizaría mercados para la producción de trigo, algodón, tabaco, arroz, etc. Entonces, los grupos vinculados con el lobby agrícola incluyeron en el programa una cláusula prohibiendo compras fuera del país si existían excedentes suficientes en los Estados Unidos.

En la medida en que el Plan Marshall había sido diseñado con el objetivo, entre otros, de mantener el nivel de actividad de la economía estadounidense en tiempos de paz y conjurar el fantasma de una nueva depresión, la recuperación agrícola implicó inevitablemente la exclusión de terceros proveedores con cuyas exportaciones se contaba hasta entonces para completar el abastecimiento a Europa. A esta realidad se sumaba el peso político del “Farm bloc”, en un año en que se jugaba la reelección de Truman, quien debía asegurarse el voto de las regiones agrarias en disputa con los republicanos. Por otra parte, éste fue el comienzo abrupto de un proceso de largo plazo que modificó la configuración del mercado alimentario mundial. Estados Unidos se convirtió en un gran exportador. Europa inició una política dirigida al creciente autoabastecimiento y se fue profundizando la tendencia al deterioro de los términos del intercambio para los países productores de materias primas y alimentos.

Un informe del Departamento de Estado reconocía: “El ERP en su totalidad es, en un sentido muy real, discriminatorio contra América latina [...]. Además, en la legislación de la ECA, está la discriminación explícita o implícita en favor de los Estados Unidos [...]”. En particular, respecto del caso argentino, afirmaba: “Aunque las naciones participantes tuvieron gran demanda de los productos argentinos durante 1948, esta demanda [sólo] podría hacerse efectiva vendiendo sus exportaciones u obteniendo créditos de la Argentina, o si la ECA estuviera dispuesta a financiar sus compras. Cuando la demanda era de productos de los que se tenían excedentes exportables, tanto la legislación como el gobierno [de Washington] tendieron a hacer efectiva esa demanda [por sí mismos]. El resultado fue que los Estados Unidos dispusieron de sus excedentes y la Argentina no” (Memorándum del DS sobre discriminaciones de la ECA contra la Argentina, 25/1/49).

En igual sentido opinaba el ex ministro Ramón Cereijo: “Este plan configuró una abierta protección de los intereses agropecuarios de ese país a expensas de los exportadores argentinos [...]. A mediados de 1948, las autoridades de dicho plan habían manifestado que comprarían todo excedente de nuestra producción, pero al propio tiempo el Congreso de Estados Unidos dictaba una ley estableciendo dos condiciones: 1) En ningún caso se permitirá que los países europeos beneficiados puedan realizar operaciones a precios más elevados que los vigentes en ese momento en el mercado estadounidense y 2) con productos agropecuarios que a juicio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos fueran declarados en calidad de sobrantes” (entrevista a Ramón Cereijo, “Historia Oral de la Política Exterior Argentina”, Conicet, 1987). Simultáneamente, la oposición de Washington al plan económico de la Argentina, corporizado en Miranda, conjugaba: la meta de la reconstrucción de Europa, que requería al principio acentuar, como los británicos, el papel de la Argentina como exportadora de productos agropecuarios baratos, y con la oposición al tipo de industrialización nacionalista promovida por el gobierno peronista. Nuestro destino como país estaba marcado.

* Economista e historiador. Este artículo está basado en el libro de Mario Rapoport y Claudio Spiguel: Relaciones tumultuosas, Estados Unidos y el primer peronismo publicado por Emecé, que se presentará el 10 de mayo en la Feria del Libro.