El sistema financiero argentino contará con nuevas reglas de juego desde el año próximo. A partir de la crisis mundial los principales bancos centrales comenzaron a analizar un ordenado traspaso de su marco regulatorio a las normas de Basilea II que, a pesar de recoger duras críticas, es la única alternativa en el corto plazo para controlar los movimientos especulativos y privilegiar el crédito productivo. El organismo monetario que conduce Martín Redrado entrará en un esquema intermedio con ajustes propios en el que se buscará estimular los préstamos hacia pequeñas y medianas empresas y a la compra de inmuebles. En tanto sigue en estudio la posibilidad de modificar la Carta Orgánica del Central para incluir metas de empleo en los objetivos directrices de la entidad.

Hasta el momento sólo la Unión Europea y Estados Unidos aplicaron el nuevo marco regulatorio de Basilea II, pero lo hicieron luego de que estallara la burbuja de las subprime. En el país, con menos urgencia, las autoridades del Central le incorporaron algunos cambios a la norma general. “Es una manera de meterse compartiendo parte de las críticas que se hacen a Basilea II”, dijo a Cash el vicepresidente del BC, Miguel Pesce. El directivo explicó que no se aplicará el modelo “auto-evaluación”. Este esquema establece la posibilidad de medir las necesidades de capital desde el seno de los mismos bancos, o por intermedio de una agencia de calificación o del Banco Central. “No utilizaremos ninguna de las tres posibilidades”, informó Pesce.

El esquema que se utilizará a partir de enero próximo se denomina “modelo simplificado estandarizado”. No es nuevo, aunque fue adaptado con elementos de Basilea II. Este sistema establece un porcentaje de apalancamiento del 8 por ciento de capital propio en préstamos, en tanto permite un grado mayor cuando –y ahí entrarían las consideraciones de Basilea II– se trate de crédito a pequeñas y medianas empresas e hipotecario. “La intención es estimular el crédito productivo, a partir de aceptar un mayor nivel de riesgo para esos destinos”, adelantó el vicepresidente del Central.

La adopción temprana de este marco y las medidas de regulación financiera aplicadas luego de la Cumbre del G-20, en Londres, le valieron al Central su incorporación en carácter de miembro pleno el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, creado en el ámbito del Banco de Pagos Internacionales. Así lo anuncio esta semana ese organismo.

Mientras este grupo de herramientas se aplicará en 2009, está en discusión aún la necesidad de modificar la Carta Orgánica del Banco Central. En la autoridad monetaria afirman que no existe un trabajo al respecto, no obstante reconocen que existen limitantes en la ley actual que debería someterse a discusión.

En la actual carta orgánica el Central tiene como único objetivo preservar el valor de la moneda. Esa meta se introdujo en 1992 para responder a los requerimientos de la convertibilidad. Esta limitación impidió al BC adoptar medidas tendientes a resguardar los niveles de actividad y mantener el empleo durante la recesión que se inició en 1998 y se extendió hasta el estallido social y económico de 2001; y sólo pudo focalizarse en mantener controlada la emisión. Un cambio en la ley permitiría un mayor grado de libertad en la estrategia y la recuperación del “doble objetivo” que tienen hoy otros bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos. “Es absurdo pretender inflación cero a costa del empleo y de la actividad”, opinó un analista de la city.

Otro punto conflictivo en la Carta Orgánica es la imposición de utilizar únicamente el sistema de encajes (porcentaje de los depósitos que son inmovilizados en la entidad bancaria) como una manera de redireccionar el crédito a sectores productivos. “Faltan instrumentos de liquidez”, señalaron desde la autoridad monetaria. De hecho, sólo se utilizan los encajes diferenciales con destino a apoyar a las economías regionales y a las pequeñas y medianas empresas.