La existencia de un entramado industrial complejo y diversificado es un rasgo común de los países avanzados. La generación de encadenamientos productivos virtuosos y de empleos calificados, los derrames tecnológicos, la apropiación de ventajas derivadas de actividades portadoras del progreso técnico, son algunas de las virtudes atribuidas al desarrollo industrial. Aunque lejos de esa realidad, el tejido industrial argentino registró una importante recuperación con las políticas macroeconómicas aplicadas luego del derrumbe de la convertibilidad. Ese avance de todos modos no se consolidó en una estrategia consistente de desarrollo industrial.

En los últimos años, las políticas públicas sectoriales se asentaron en la promoción de actividades específicas (software, automotriz, autopartes, biocombustibles) y en la sanción de un régimen general de promoción de inversiones en bienes de capital e infraestructura. Históricamente, los regímenes promocionales argentinos estuvieron asociados a inmensos costos fiscales. Por ejemplo, en el caso de los emprendimientos radicados en La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan, existían amplios diferimientos en el pago de impuestos y algunas exenciones en IVA y Ganancias. Además de esas ventajas, en el caso de las firmas radicadas en Tierra del Fuego gozaban de la eximición del pago de aranceles aduaneros.

Las abultadas transferencias de recursos fiscales no se repiten en el actual marco legal. En esos casos, los beneficios se limitan a la amortización acelerada del bien de capital adquirido o a la devolución anticipada del IVA. Esos beneficios son excluyentes (hay que elegir entre uno u otro), con excepción de aquellos proyectos cuya producción esta destinada al mercado externo o que se encuadre dentro de la “producción limpia” o “reconversión industrial sustentable”. En estos últimos casos, los inversores pueden gozar de ambas ventajas impositivas.

Esas medidas no generan un costo fiscal directo, sino que significan una postergación temporal de esa recaudación tributaria. Por otra parte, la ley también fija topes a ese “costo” fiscal. A tal fin, asigna un cupo anual de 1000 millones de pesos para proyectos de inversión en actividades industriales y 200 millones adicionales para aquellos desarrollados por pymes. En su trabajo ¿Aliciente a la formación de capital de emprendedores o “promoción” de la concentración económica? (Revista Realidad Económica 238), el investigador del Conicet Daniel Azpiazu realiza un detallado repaso de los resultados de esta política promocional. Explica que el monto total de la inversión industrial promocionada ascendió a casi 10.000 millones de pesos, con un “costo fiscal” de 1756 millones de pesos. Las inversiones realizadas generaron 7781 puestos de trabajo y un incremento neto de las exportaciones estimado de 4476 millones de dólares. Los beneficios de ese régimen alcanzaron a 125 proyectos que fueron presentados por 93 empresas diferentes. En ese sentido, Azpiazu señala que “si bien el cupo fiscal anual fijado por la ley contempla que una sexta parte del total sería destinado a las pymes, todo indicaría que se trata de un régimen de promoción tendiente a favorecer a aquellas grandes industrias exportadoras que, probablemente en el escenario comentado, cuenten con incentivos ‘de mercado’ más que suficientes como para encarar nuevos emprendimientos y/o ampliaciones de sus respectivas capacidades de producción”.

Azpiazu agrega que “el principal fenómeno a remarcar lo ofrece el muy elevado grado de concentración de la formación de capital promocionada y, por ende, de los consiguientes ‘costos fiscales’. Apenas 15 proyectos explican más de las tres cuartas partes de la inversión, poco más del 82 por ciento de los beneficios fiscales concedidos, y el 83,2 por ciento de las exportaciones incrementales derivadas de la concreción de los respectivos emprendimientos”. Las principales empresas beneficiadas fueron Aluar, Terminal 6 Industrial, Molinos Río de la Plata, Cargill, Louis Dreyfus, Peugeot, Chrysler, Siderar, Acindar, YPF, Urquía. El aprovechamiento de las ventajas fiscales por parte de los principales conglomerados económicos, parece avalar la idea de que esos regímenes de promoción terminan reforzando el proceso de concentración económica.

El régimen vigente tiene la virtud de corregir algunos despropósitos (amplias ventajas impositivas, incalculables costos fiscales) que caracterizaron históricamente a la promoción industrial argentina. Sin embargo, y de acuerdo a los resultados obtenidos “poco parece avanzarse en la reconstrucción y reconfiguración del entramado industrial inscriptas en una estrategia inclusiva –en lo social– y sustentables –en lo económico– de largo plazo, donde la industria manufacturera vuelva a constituirse en el polo dinámico y propulsor del conjunto de la economía”, concluye Azpiazu

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